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En un acto donde juntó a los ministros de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, y provincia, Sergio Berni, y a más 24 intendentes, Alberto Fernández presentó el “Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. En este escenario el presidente afirmó que la inseguridad en el conurbano "es el tema que más preocupa al gobierno”.
El programa prevé un gasto de 38.000 millones de pesos para el equipamiento de la policía bonaerense. Un porcentaje irá al gobierno provincial, pero otro a los municipios, es decir a los intendentes, muchos de ellos enfrentados con Sergio Berni. Al mismo tiempo, dentro de la administración bonaerense, habrá partidas que se destinarán al Ministerio de Seguridad y otros fondos al Ministerio de Justicia, destinados a reformas en el Servicio Penitenciario como la refacción de comisarías y cárceles y la construcción de nuevas unidades carcelarias. Este programa incorporará 10.000 policías, casi 4.000 gendarmes y 2.300 patrulleros a los ya existentes en el conurbano bonaerense.
Bajo el ropaje de “la lucha contra el delito y la preocupación por la seguridad” el gobierno nacional desarrolla el endurecimiento de una política punitivista que viene a blindar el repodrido aparato de seguridad bonaerense y a su responsable político. La “maldita policía” está apuntada por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro tras el hallazgo de su cuerpo en Villarino Viejo, luego de casi cuatro meses de búsqueda. Este acontecimiento ha colocado en la picota a Sergio Berni, el viejo represor del kirchnerismo desde Río Turbio hasta su actual puesto como ministro del gabinete de Kicillof, donde funge de “soldado de CFK”. La “cuestión de la seguridad” se encuentra inserta en la crisis general del régimen. El encubrimiento alevoso a la bonaerense por la desaparición de Facundo, los más de cien casos de ´gatillo fácil´ durante la cuarentena, los reclamos de la derecha, pero sobre todo de los intendentes, de “mano dura” contra las ocupaciones de tierras; los enormes dispositivos represivos alrededor de las movilizaciones populares -cuando no la represión, como ocurrió en la marcha ambiental del pasado 25 de agosto o el encarcelamiento de militantes de la Tendencia, en Bahía Blanca, por hacer pintadas pidiendo justicia por Facundo), demuestran que el debate sobre la seguridad tiene como telón de fondo a la conmoción social en curso.
En el marco de una crisis social sin parangón, el acto mancomunado entre ambas carteras de Seguridad con el presidente a la cabeza no es más que una fuga para adelante, un aplazamiento de corto aliento de la eclosión de una crisis política en el propio seno del Frente de Todos, que tiene a Berni y a Frederic como protagonistas, pero que se extiende a casi todas las áreas del gobierno.
En medio del crecimiento exponencial de la pandemia y del colapso del sistema sanitario, la crisis social se expresa en el movimiento por la toma de tierras, en las movilizaciones de los trabajadores desocupados por el acceso a la vivienda y al pan, en la deliberación asamblearia de las comunidades educativas contra los intentos de reapertura de las escuelas. Frente a estos reclamos por derechos mínimos para el sostenimiento de la vida que no son garantizados por un Estado que usa los recursos para pagarle a los especuladores nacionales y extranjeros, en el FdT cerraron filas provisoriamente no para dar respuesta a estas necesidades acuciantes de los trabajadores sino contra la inseguridad, agitando el “fantasma” de un nuevo 2001.
La lucha por las libertades democráticas -el derecho a marchar, a organizarnos y a luchar en los lugares de trabajo y estudio-, por justicia por Facundo, así como la lucha por el salario, la vivienda y el trabajo genuino están a la cabeza de la agenda que tenemos que imponer los trabajadores a fin de defender una cuarentena masiva y efectiva que se muestra hoy como el único medio para protegernos del virus frente a un Estado incapaz de garantizar la vida misma de los explotados del sistema.
