La toma de Victoria

Escriben Ceferino Cruz y Florencia Blumen

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El jueves 3 de septiembre, un día antes del anuncio sobre el mega-plan de seguridad, intendentes del primero al tercer cordón del conurbano se reunieron con el gobernador Kicillof para tratar la cuestión de las tomas “ilegales”. Uno de ellos era Juan Andreotti, intendente de San Fernando, localidad donde, desde el 23 de agosto pasado, hay una ocupación, en un predio de la estación Victoria, cerca de las vías del ramal a Capilla del Señor. Desde entonces, un paro de maquinistas mantiene el ramal Mitre paralizado. Hace un mes, otro intento de ocupación, también en terrenos aledaños del ferrocarril en el barrio Villa Jardín, de San Fernando, fue brutalmente reprimido por la policía.

En el caso de la toma de Victoria, en este momento hay 25 familias ocupando los terrenos. En los primeros días, fueron hostigadas por la policía tanto como por grupos de desconocidos. Actualmente se encuentran encerradas por el personal policial, que cuenta con una lista de la gente que puede entrar y salir del predio, en horarios específicos.

La situación de miseria y precariedad es alarmante. Varios de los ocupantes cartonean para poder juntar un mango, pero si regresan después de las doce de la noche, ya no pueden entrar sino hasta las seis de la mañana. Además, hay familias que fueron a la toma sin sus hijos para no exponerlos, y ahora se ven impedidas de recibirlos. Por estas razones un par de familias se retiraron de la toma. Esa es la apuesta de la empresa y del municipio.

Se acercaron funcionarios del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), pero no dan ninguna respuesta a las necesidades apremiantes de estas familias. Los funcionarios del ferrocarril se comprometieron (aunque nunca por escrito) a construir una valla que delimite los terrenos ocupados de las vías que Trenes Argentinos utiliza para llevar vagones a los talleres, pero no han comenzado la obra hasta ahora. Mientras tanto no les permiten pasar ningún tipo de material para mejorar las viviendas, de modo que se disponen en cubos de chapa, cartón y nylon.

Versiones, rosca política y choques por arriba

La toma de Victoria tiene múltiples aristas y distintas versiones y posibles análisis. Algunas versiones refieren que sería la expresión de una disputa por terrenos entre la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, con una intervención del Movimiento Evita; o que se trataría de un cachetazo del Oso Rodríguez a Massa, con la complicidad de La Cámpora. El paro de La Fraternidad, pero no de la Unión Ferroviaria, sería consistente con ambas versiones.

Lo cierto es que hace varios días el paro sigue en pie y los propios trabajadores de base de la dependencia Victoria desconocen de qué se trata esto. Es que los ocupantes están a más de 30 metros de la vía del tren de pasajeros.

Berni, Frederic, Massa, Kicillof y el mismísimo intendente Andreotti, con chispazos e intereses encontrados, trabajan por el desalojo, pero nadie termina de “hacerse cargo” del mismo. Lo que se ve a las claras son las grietas del bloque oficialista, que se ha dedicado a contradecirse públicamente durante todos estos días.

San Fernando vive una situación alarmante y las consecuencias las paga el pueblo que trabaja. Al colapso de salud y los miles de casos por covid-19, se le suma la enorme población estudiantil que no puede aprender porque no tiene conectividad, los miles de desocupados que no encuentran trabajo y la alarmante situación de los incendios que también llegó a nuestras costas. Pero también están los vecinos isleños que luchan por una amarra libre, los estudiantes de la UNLU que se organizan en defensa de su predio, los trabajadores de salud reclamando salarios y personal y una oleada de tomas que en sólo dos meses ya tuvo dos episodios en el distrito.

A la rosca por arriba y el “toma y daca” de las burocracias sindicales y políticas se les opone una realidad cruda y dolorosa: el hambre, la falta de trabajo, la miseria y la falta de un techo. Nuestro eje, lejos de entrar en esta disputa, es claro: la defensa irrestricta de los ocupantes. Hoy hay veinticinco familias que están viviendo en el barro, divididos, sin poder tener las mínimas condiciones para subsistir. Frente a la inminencia del desalojo y la posible represión (en Villa Jardín hubo una balacera feroz), proponemos un censo entre vecinos, que se vaya la policía y la puesta en pie de una asamblea para coordinar acciones y el reclamo efectivo de viviendas.

Estamos en una catástrofe social, pero mientras tanto el intendente Andreotti inaugura campañas ambientales y prepara un golpe brutal a las costas con un jugosísimo negociado por la privatización de las tierras.

Hagamos foco y coordinemos acciones entre organizaciones sociales y vecinos por las necesidades de los que trabajamos. No al desalojo, por viviendas para los vecinos y trabajo.

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