Un asesinato de Estado en Paraguay

Escribe Emiliano Monge

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El ejército paraguayo, durante un operativo militar en Ybiya-ú (500 km al noreste de Asunción) acribilló el último miércoles a dos niñas de 11 años de nacionalidad argentina. Eran hijas de militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera desde 2008 en la región, a poca distancia de la frontera con Brasil. Las autoridades paraguayas dicen que fue en el marco de un operativo contra el EPP. Los familiares de las niñas masacradas dijeron que no se trató de ningún enfrentamiento y que el ejército asesinó a mansalva a las menores de edad. Denunciaron que se trató de un asesinato llevado a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de las Fuerzas Armadas. La tía de las niñas, Carmen Villalba, parte del EPP y presa política, dijo desde la cárcel donde cumple condena, que estos asesinatos responden a la oligarquía terrateniente paraguaya.

Mentiras, encubrimiento y masacre

En primera instancia, los peritos forenses dijeron que se trataban de niñas de 17 y 18 años, aun cuando era claro por las fotos que no era así. Las pericias determinaron, de todos modos, que los disparos ingresaron por la espalda, marcando que las niñas estaban en situación de huida (misionesonline, 6/9). No sólo mintieron sobre su edad, sino que las autoridades afirmaron también que las niñas “formaban parte de la primera línea de fuego”, sin precisar si hubo algún herido del otro bando. Según el gobierno paraguayo, las niñas tenían armas y uniformes.

El presidente Miguel Abdo Benitez habló de un “enfrentamiento armado”. Según el general Héctor Grau, las muertes se produjeron en dos enfrentamientos distintos. Dijo que en el lugar encontraron aparatos informáticos, teléfonos celulares, paneles solares y armamento. Rápidamente, y justificados en los protocolos sanitarios, las autoridades enterraron los cadáveres. La familia denuncia que las niñas no formaban parte de la organización guerrillera y que no estaban armadas.

“Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, uno de los líderes del EPP, publicó en Facebook los documentos de identidad de las niñas que el gobierno presentó como “abatidas”. Una de ella se llamaba Lilian Mariana Villalba, y tenía 11 años. La otra menor, María Carmen Villalba, tenía la misma edad. Según la información publicada en la red social, ambas eran argentinas” (ídem). Oviedo informó que las menores habían viajado a Concepción para visitar a sus padres y festejar el cumpleaños de uno de ellos, ya que los militantes del EPP se mantienen en la clandestinidad desde hace décadas, por lo que tenían escaso contacto con sus hijos.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) había alertado en una nota que “es momento de revisar la inconstitucional existencia de la FTC”. La institución indicó que los sucesos de Ybiya-ú, al igual que otros protagonizados por la FTC en el pasado, presentan características “de un nuevo crimen de Estado, esta vez con dos niñas asesinadas” (Diario UNO, 6/9).

Crisis política y represión

El Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de las dos niñas sea investigada y aclarada. La Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición rechazó la acción militar acusando directamente al presidente por “la repudiable y la grave actuación del Poder Ejecutivo en la muerte de dos niñas”.. Las organizaciones políticas exigen una “investigación seria, exhaustiva e imparcial”, según indica un comunicado (ídem). Se trata de una política continental que tiene eco en Brasil con Bolsonaro, en Colombia con Duque, que se refleja en el golpe de Estado de Añez en Bolivia, en la represión en Chile, Ecuador o Perú, y la crisis de “seguridad” en Argentina por las ocupaciones de tierra.

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