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La presión de los intendentes del frente de todos ha dado frutos. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal ratificó el fallo del juez de Cañuelas, Martín Rizzo, que ordena el desalojo de las 2.500 familias que se encuentran instaladas en un lote 120 hectáreas de Guernica luchando por la vivienda propia desde mediados de julio.
Esta orden de desalojo estuvo precedida por semanas de provocaciones policiales, deteniendo a vecinos y secuestrando las maderas o chapas que llevaban para los terrenos. Fue el caso de nuestra compañera Verónica, detenida por más de 30 horas por “el crimen” de poner en pie un merendero en el barrio.
La municipalidad había prometido realizar un censo en conjunto con provincia, sin fecha clara. Para esto exigía que todos los terrenos estén ocupados por las familias, pero a su vez la fiscalía pedía la prohibición de trasladar materiales, maderas y chapas que necesitan para sobrellevar el crudo frío del invierno, las lluvias y todas las situaciones climáticas adversas. Esto sólo sirvió para ganar tiempo, porque el censo nunca sucedió. Algunos vecinos desconfiaban de este censo ya que en la primera semana había aparecido la policía pidiendo los datos para un supuesto "censo", los cuáles fueron utilizados para armar causas por usurpación a los vecinos.
Los supuestos dueños del predio, flojos de papeles, son los verdaderos usurpadores, amparados por el poder político y arreglos en la Justicia. El desalojo se ordena para responder al reclamo de quienes especulan con la tierra, los barrios privados y otros emprendimientos inmobiliarios, completamente ajenos a las necesidades de la población trabajadora y desocupada. Kicillof y Fernández, que se han encargado de recordar que es ilegal ocupar un terreno, han dado luz verde al lobby de los empresariales inmobiliarios e intendentes.
Ante la amenaza de desalojo, se ha convocado una asamblea de delegados que ha resuelto defender la ocupación del terreno. Se han tomado medidas para resguardar a los niños de la toma y evitar que la represión caiga sobre ellos, ya que la orden de la Justicia incluye la habilitación a utilizar la fuerza pública de ser necesario para desalojar el predio.
Este cuadro vuelve a colocar la necesidad imperante de incorporar al conjunto de los vecinos en la defensa de la ocupación, una asamblea general para reagrupar al conjunto de los vecinos, superando los intentos de fragmentación que imponen algunas organizaciones sociales que negocian por cuerda separada con el municipio. El camino es la deliberación del conjunto de los vecinos que vote un pliego de reivindicaciones y la movilización.
No al desalojo, defensa del derecho a la vivienda.
Por un plan de viviendas populares.
Por obras públicas y un plan de urbanización que emplee a los vecinos desocupados, bajo convenio.
Sobreseimiento de todas las causas armadas y el fin de la persecución a los vecinos.
