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En estos días desde el rectorado se mandato a las facultades que habiliten, según su criterio, las mesas de exámenes para un número reducido de estudiantes, tomando como mínimo 5 materias.
La experiencia de agosto mostro como los exámenes finales virtuales implican un sobretrabajo de los docentes quienes tienen que corregir los exámenes escritos a través de fotos que envían los estudiantes. Por el lado de los estudiantes implica que como mínimo se cuente con dos dispositivos tecnológicos (uno para rendir y ser monitoreado constantemente por el tribunal y otro para sacar la foto del examen mientras se sigue transmitiendo esta situación), siendo el mismo estudiante que debe garantizar también el acceso a internet, quedando el examen suspendido en caso de cortes sistemáticos de la transmisión - los $600 pesos de las becas de conectividad se quedan cortos.
Mesas para pocos, expulsión para muchos
Las primeras semanas del inicio de clases virtuales dejaron en evidencia la expulsión de un gran número de estudiantes, situación que se agrava en los primeros años. Las clases virtuales recaen completamente sobre docentes y estudiantes quienes ponen todos sus recursos para llevarlas adelante. Los equipos de cátedras, históricamente precarizados, se apoyan en el trabajo de los ayudantes ad honorem.
En las distintas facultades se van definiendo los requisitos para poder rendir en septiembre: en humanidades a partir del 70% de la carrera aprobada; en Naturales se habilitaron las mesas de los dos últimos años de cursada; en Salud lo hicieron con el 4to año de Nutrición, 3ro y 5to de Enfermería. Sobre ingeniería, Económicas y Exactas todavía no hay definiciones, pero la tendencia es la misma: mesas para pocos, expulsión para muchos.
La limitación de las mesas de exámenes acentúa aún más el carácter expulsivo de la virtualidad en este contexto. Ya que solo permiten cursar las materias, pero lo que realmente hace que uno avance es aprobar las materias tanto por la promoción y por los exámenes finales. Es decir que del reducido número de estudiantes que pueden acceder a las clases virtuales solo un grupo mucho más estrecho puede objetivamente avanzar en su cursada.
La prórroga de las regularidades, en algunos casos, se acaba en las mesas de septiembre y diciembre. En la medida en que éstas no son abiertas implicaría que a centenares de estudiantes se les caiga la regularidad. Ante este escenario se hace urgente la suspensión del cómputo del tiempo de las regularidades. Mientras las mesas siguen suspendidas los nueve turnos ordinarios que duran la regularidad, según el reglamento de alumnos, siguen corriendo.
En Humanidades, la suspensión de las correlatividades solo corre para cursar las materias, no así para aprobarlas a través de la promoción o el examen final. Varias cátedras ya informaron que aquellos estudiantes que no cumpliesen este requisito directamente no podrán promocionar ni presentarse a finalizar hasta cumplir con las correlativas. Una decisión que perjudica a aquellos estudiantes que con su esfuerzo sostienen la cursada virtual. El reclamo por la suspensión de las correlativas para cursar y aprobar las materias es esencial y tiene que extenderse a toda la universidad.
Déficit de recursos
La provincia de Salta se encuentra en situación crítica por la circulación comunitaria del coronavirus. Esta situación quita de un horizonte próximo la puesta en marcha de las mesas de exámenes abierta para todos, incluidas las mesas de diciembre. El problema central pasa por la cantidad de plataformas virtuales premium con las que cuentan las facultades (Zoom, Google Meet) que son limitadas y no darían abasto para responder a la gran cantidad de estudiantes. Por otro lado, los docentes, comparando con las mesas presenciales, no pueden tomar examen a un gran número de estudiantes en simultaneo.
Para garantizar las mesas de exámenes para todos, como así también el cursado de las materias haría falta una inyección presupuestaria significativa, que atienda la demanda del acceso a la conectividad de docentes y estudiantes, que permita la apertura de concursos para la incorporación de docentes para descomprimir el arduo trabajo que vienen realizando. Muy por el contrario, las autoridades universitarias se adaptaron ante el “presupuesto ampliado 2020” que implica un presupuesto nominal igual al del 2019 (votado en 2018). Éste no contempla la inflación del 70% del periodo 2018-2020.
Las tareas del movimiento estudiantil
La etapa presente exige la intervención organizada del movimiento estudiantil y la superación de las actuales direcciones de los centros de estudiantes que no promueven la organización ni el debate, alineándose con las autoridades.
A dos años de la rebelión educativa del 2018 una vez más tenemos que irrumpir en la escena política en defensa de la educación pública. Para que ningún estudiante quede fuera exigimos: suspensión del cómputo del tiempo de todas las regularidades; suspensión de las correlativas para aprobar y acreditar las materias; apertura inmediata de paritarias; recomposición de la planta docente; que se garanticen los recursos necesarios para la virtualidad de docentes y estudiantes; aumento presupuestario que responda a las necesidades reales de docentes y estudiantes, debatido en asambleas de estudiantes y trabajadores en contraposición al pago de la deuda externa.
