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Tras siete días y noches consecutivas de movilizaciones, protestas y represión, el Comité Nacional del Paro convocó dos movilizaciones para el 16 y 21 de septiembre, con el objetivo de rechazar la represión policial tras el asesinato de Javier Ordoñez a manos de dos uniformados la semana pasada. No tienen el carácter de un paro, pero va a significar el cese de tareas en muchos lugares de trabajo, y se espera una gran cantidad de personas en las calles. Las movilizaciones exigen una reestructuración de la Policía Nacional, la renuncia del ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, por el fin de los asesinatos de líderes políticos y sociales, y por la derogatoria del decreto 1174 de reforma laboral, entre muchos otros reclamos.
Para la primera manifestación, programada para el 16 de septiembre a partir de las 7 de la noche, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras agremiaciones invitaron a un cacerolazo nacional y manifestación en las plazas, parques y espacios públicos del país. Los manifestantes piden que se desmantele el ESMAD, responsable de la represión y los muertos –como así del asesinato (todavía impune) de Dylan Cruz el 21N, día del primer paro nacional.
Las movilizaciones son convocadas por las centrales obreras y de jubilados, la coordinadora de organizaciones sociales, las organizaciones de estudiantes colombianos (Acrees y Unees) y las demás organizaciones pertenecientes al Comité Nacional de Paro. Entre otros tantos reclamos, se pide la anulación del decreto presidencia 1174 que para las centrales obreras es la “más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años” en Colombia.
La represión policial durante las movilizaciones, dejó al menos 14 asesinatos, más de 250 heridos, y al menos 150 disparos de armas reglamentarias por parte de los efectivos emplazados. El número de herido de bala de plomo llegó a 74. También se contabilizaron varias denuncias de abusos y violaciones por parte de la policía durante las detenciones ilegales. Según la Revista “Noche y Niebla”, los mayores violadores de derechos humanos en Colombia en 2019 fueron los paramilitares y la policía: 411 hechos de policías y 461 de los “paras”.
La represión tuvo también un carácter parapolicial: “abuso sexual, obstrucción a la labor informativa, detenciones irregulares, y hasta detenciones en centros clandestinos como se evidenció en videos donde, además, se prueba cómo los agentes de policía se intercambian armas con hombres de civil, disparan en equipo, y además apuntan directamente al cuerpo de los manifestantes y los golpean en estado de indefensión” (Página12, 15/9).
Los vecinos de muchos barrios de la capital y otras ciudades, se organizaron para impedir que la policía ingrese a sus vecindarios y disparen contra los conjuntos residenciales. La policía entra a los conjuntos residenciales, golpea y disparan contra la gente. Hay muchas denuncias de infiltración policial y de que se vio a agentes de civil detrás de los incendios a comercios y colectivos. En muchos videos se ve a la policía huir de los ataques de los vecinos organizados con piedras y palos.
Durante las protestas, el 40% de los CAI (Centros de Atención Inmediata de la policía) fueron quemados o destruidos. Los vecinos denuncian que esos “centros de proximidad” son las “garitas” donde se comercian drogas y se pagan los sobornos por las actividades ilícitas, el verdadero ingreso de la policía. Luego de los incendios, muchos de esos CAI fueron transformados en bibliotecas populares y centros de reunión comunitaria por los manifestantes.
Crisis y disolución del régimen
El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, en una rueda de prensa virtual, dijo que “Hemos decidido retomar las movilizaciones en las calles de Colombia, movilización pacífica y democrática como ha sido la característica que siempre hemos tenido. Anunciamos las próximas movilizaciones el 16 de septiembre” (Colombia, 15/9). Los sindicatos y organizaciones que el año pasado frenaron la caída de Duque, se ven forzadas a movilizar sin planteos políticos de fondo. Los acuerdos de paz están en ruinas: según Indepaz 230 personas fueron asesinadas en lo que va del año, muchos de ellos líderes políticos. “El doloroso 2020 ha incluido, además del horrible record del regreso de las masacres, el desplazamiento forzado masivo de comunidades rurales, la amenaza constante por parte de paramilitares, y el creciente asesinato de líderes sociales y defensores humanos, y de los ex guerrilleros de Farc. Además, las organizaciones campesinas, indígenas y afros han vivido el exterminio con más fuerza durante la cuarentena, y el hostigamiento no solo de grupos al margen de la ley que se disputan sus territorios tras la salida de la ex guerrilla y del Estado mismo de la zona ha venido en aumento” (página12, 15/9).
A esta crisis se suman los reclamos de la clase obrera en las ciudades, que se moviliza entre la crisis capitalista y sanitaria. Las centrales sindicales y la Mesa del Paro rechazan la convocatoria de una huelga general debido a que eso daría por tierra con los acuerdos electorales que tienen con fuerzas de la oposición, y destruiría el “pacto” entre la centroizquierda y Duque. Un verdadero paro nacional pondría al gobierno de Duque al borde de la disolución. Utilizan la excusa de que un paro general nacional podría ser utilizado por la derecha para atacar a la alcaldesa progresista de Bogotá, y por los mismos motivos se niegan a levantar Fuera Duque. En este contexto de disolución del Estado, una respuesta del movimiento obrero no podría dejar de tener el carácter de una huelga general política de masas que levante el Fuera Duque.
