Informe político al XXVII Congreso del Partido Obrero (oficial)

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  1. El acuerdo con los bonistas representa una capitulación del gobierno de los Fernández a las exigencias del gran capital financiero internacional. Luego de cinco ofertas de canje, donde cada una se anunció como “la última oferta”, el gobierno terminó por cederle a los bonistas más de 15 mil millones de dólares, reducir los años de gracia de tres a uno, reconocerle a los bonistas una tasa de interés muy superior a la que rige en el mercado internacional y establecer una quita de capital inferior al 2%. Aunque por el momento no se conoce la letra fina del acuerdo, es claro que el gobierno logró destrabar las negociaciones porque cedió a otro de los grandes reclamos de los bonistas: eliminar del canje las “cláusulas anti-buitres”. En el curso de las próximas tres semanas, los bonistas pretenderán asegurarse de todo lo conquistado reclamando la embargabilidad de bienes nacionales en caso de incumplimiento de los pagos. Las sucesivas concesiones del gobierno fueron impuestas ante el reclamo directo de todos los sectores patronales y también de la burocracia sindical para arribar a un acuerdo con los bonistas. En las horas previas al anuncio del acuerdo, Alberto Fernández había amenazado con dar por cancelada las negociaciones por la reestructuración de la deuda y pasar a negociar con el FMI. Sin embargo esa amenaza duró un suspiro. Un default hubiera generado una crisis política directa con la clase capitalista y al interior del propio gobierno, precipitando cambios de gabinete. Los debates públicos al anuncio, especialmente por el afán de Massa de arrogarse haber realizado los arreglos finales, muestran el potencial de crisis que anida en una coalición heterogénea. La mención de Alberto Fernández de que fue Cristina Kirchner quien recomendó realizar mayores concesiones pueden haber sido realizadas para neutralizar críticas por izquierda dentro de la propia coalición de gobierno. Más allá de eso reafirma el carácter proimperialista del kirchnerismo.

2.El acuerdo con los bonistas, aunque posterga la posibilidad inmediata del default, no cancela esa posibilidad como perspectiva. Asimismo, el acuerdo no inaugura, de ningún modo, un rebote económico ni mucho menos un principio de reversión del cuadro de recesión y quebranto general del país. Se trata de una apreciación generalizada de todo el arco político patronal e incluso del propio ministro de economía Martín Guzmán. A diferencia del canje de deuda del gobierno de Néstor Kirchner, donde la salida del default empalmaba con un proceso de reactivación capitalista internacional, signado por el acople Estados Unidos – China, el actual canje se produce en un momento de depresión de la economía internacional y de agudización de los conflictos comerciales y monetarios. El actual acuerdo se distingue también del ‘pacto buitre’ impulsado por el macrismo a principios de su mandato, que abrió paso a un descomunal endeudamiento a corto plazo que terminó por conducir al país a las huestes del FMI. Aunque en el marco de la pandemia y el derrumbe económico en numerosos países latinoamericanos se ha recreado un carry trade, que se apoya en la significativa reducción de la tasa de interés de la FED, las posibilidades que se reproduzca ese fenómeno en Argentina son limitadas y los riesgos muchísimo mayores que en el resto del subcontinente. Sucede que a la deuda contenida en este canje hay que sumarle la deuda en dólares bajo legislación local, que en principio recibiría el mismo trato, la deuda con el Fondo, la deuda en pesos, la deuda de las provincias, mayormente nominada en moneda extranjera, y de las corporaciones capitalistas. A esto hay que sumarle la deuda cuasi fiscal en Leliqs y pases del Central que alcanzó la cifra sideral de 2,3 billones de pesos, cuyo desarme implica una inyección de efectivo que puede ir directo al dólar ya recalentado. Hay que contemplar, además, que las reservas del BCRA siguen en picada a pesar del cepo, del superávit comercial y el reperfilamiento de la deuda. Quien ha visto con especial agrado el cierre del acuerdo es la burguesía nacional, por un lado porque con el acuerdo podrá buscar refinanciar su propia deuda, que ya supera los 80 mil millones de dólares, y por otro, porque ella misma es acreedora de parte importante de la deuda pública. Sea como fuese, un financiamiento de la deuda corporativa no garantizará evitar el proceso de depuración de capitales que ya está en marcha. El propio gobierno al retroceder en el rescate de Vicentín, toreó con ejecutar la deuda con el Estado, lo que significaría apurar la quiebra.

3.La Argentina tiene por delante ahora las negociaciones con el FMI, que serán con seguridad un campo minado para el gobierno. El FMI reclamará medidas de ajuste de fondo, que tiendan a asegurar condiciones de repago de la deuda, tanto con los privados como la que existe con el propio Fondo. Dentro de esos ajustes estará con seguridad un nuevo ataque a los jubilados, a los trabajadores estatales, a la educación y a la salud. Contra la charlatanería del “nuevo FMI” los tres técnicos designados para el caso argentino adelantaron que en la agenda está la Reforma Laboral y la Previsional (Clarín, 7/8). El ajuste del FMI plantea, además, un choque dentro de la propia clase capitalista, porque los planes de asistencia del estado a las empresas chocan con la austeridad fiscal que con seguridad el Fondo planteará para cerrar un nuevo acuerdo. El programa presentado por la UIA con apoyo de la CGT es un rosario de subsidios que chocan de frente contra la capacidad del Estado de hacer frente al pago de la deuda. Argentina enfrenta una depresión económica que supera por lejos las crisis precedentes y plantea una reestructuración económica que deberá llevar a la quiebra a sectores y ramas enteras de la propia clase capitalista. El gobierno quiere evitar esta situación pero carece de una salida de conjunto. La decisión de postergar las quiebras por 90 días, ante el temor de que la vuelta al funcionamiento de los juzgados comerciales desate una oleada de pedidos de quiebra, solo sirve para postergar en el tiempo una realidad que se impone por su propio peso y enfrentará a sectores enteros de la clase capitalista. Los sectores de la burguesía industrial que temen a la competencia extranjera buscan apoyarse en la burocracia sindical para pelear su sobrevivencia, apelando a los subsidios del Estado bajo el chantaje que de otro modo se procederá a despidos y cierre masivo de puestos de trabajo. Por su lado, la burocracia se vale de esta situación para presentar que el pacto sellado con las patronales es a favor de los trabajadores y justifica con ese mismo argumento la suspensión de las paritarias, las paritarias a la baja donde las hay y las suspensiones con rebaja nominal de los salarios y la aceptación de cláusulas de reforma laboral (aceptación de la ley de teletrabajo que habilita el trabajo “por objetivos”).

4.A pesar del rebote del peso luego de conocido el acuerdo con los bonistas las tendencias devaluatorias no se han cancelado. La reapertura de la cuarentena acelera le velocidad de movimiento del dinero y con ello la inflación que se encontraba relativamente contenida. El índice de junio, del 2.2% ya anticipó un proceso inflacionario más agudo para el segundo semestre. El gobierno que había prometido un impuesto a los ricos para financiar la economía de la pandemia y hacer frente a la caída de los ingresos, finalmente archivó esa idea recurriendo exclusivamente a la emisión monetaria que superó ya largamente el billón de pesos en lo que va del año. Para hacer frente a esta situación ha debido recurrir nuevamente a las leliq y a los pases del Banco Central, que superan por esa razón los 2 billones de pesos. La caída de las reservas de libre disponibilidad del BCRA refuerza las tendencias devaluatorias y con ella también la cuestión inflacionaria. Se han acumulado contradicciones explosivas que pueden detonar en un Rodrigazo, por ahora solo contenido por la profunda recesión. El control de precios tampoco puede extenderse en el tiempo sin derivar en un desabastecimiento. Y en relación al congelamiento tarifario ocurre otro tanto. La crisis abierta con EDESUR planteará o un nuevo tarifazo que reclaman las privatizadas, o mayores subsidios para los cuales el gobierno no cuenta con los fondos necesarios. El gobierno hasta ahora ha desechado la estatización del servicio, no solo porque es un choque con el capital, sino sobre todo porque lo obligaría también a desembolsar un presupuesto que no posee. No bien cerrado el acuerdo de deuda se preanuncian aumentos en gas y combustibles.

5.La salida al quebranto económico del país que busca el gobierno de los Fernández, que se basa en dar un fuerte impulso a las exportaciones, encuentra en la crisis capitalista internacional un condicionante fundamental. De 2018 a esta parte las exportaciones argentinas han retrocedido, y solo se ha logrado obtener un superávit comercial como consecuencia de un mayor retroceso aún de las importaciones, fruto de la recesión y el parate industrial argentino. Asimismo, la ‘salida exportadora’ de los Fernández enfrenta un cuadro de depresión internacional y un recrudecimiento de la guerra comercial y monetaria, que ha redundado en una emisión desenfrenada de divisas y en la consecuente disparada del precio del oro. La ofensiva de Trump por hacerse de la presidencia del BID, para avanzar en un bloqueo de inversiones Chinas en América Latina, le plantea dos importantes problemas al gobierno argentino. Por un lado, porque Fernández ve en empresas contratistas chinas una punta para avanzar en una reactivación de la obra pública, y por otro lado, porque el hombre de Trump para el BID es un gusano ex agente del FMI, lo que puede torpedear las negociaciones ‘amigables’ de Argentina con el Fondo. Otro factor fundamental y determinante del panorama internacional son las rebeliones en curso: la rebelión norteamericana, la rebelión en el Líbano y particularmente la revitalización de la lucha de masas en Chile y en Bolivia. El gobierno de los Fernández se apoyará en este cuadro para negociar mejores términos con el Fondo, ofreciéndose como garantía de estabilidad en Argentina y, más de conjunto, en América Latina. Sea como fuese, un acuerdo con el FMI no será gratuito, y su consecuente plan de ajuste tensionará los antagonismos de clase, lo que podrá oficiar como un acicate a la lucha de las masas argentinas. La ‘salida exportadora’ de los Fernández deberá atravesar a salvo un océano de crisis comerciales y monetarias, choques entre potencias, una mayor presión imperialista y rebeliones populares.

6.El acuerdo con los bonistas busca contrarrestar las sucesivas derrotas políticas que viene protagonizando el gobierno del Alberto Fernández, que implicaron fuertes reveces en su intento de montar un gobierno bonapartista que permita arbitrar las fuertes contradicciones generadas por la bancarrota económica y sus consecuencias sociales y políticas. Junto a los sucesivos recules ante los bonistas, hay que anotar particularmente el recule del gobierno con la intervención y expropiación de Vicentín, que había sido anunciada con bombos y platillos en una conferencia de prensa encabezada por el propio presidente. La mayoría de la clase capitalista rechazó la decisión, y en especial el capital agrario amenazó con recrear un escenario similar al conflicto del 2008. Una fracción minoritaria de la pequeña burguesía salió a la calle, mezclando el rechazo a la intervención con denuncias a la cuarentena. Pero el golpe mayor al gobierno fue la ruptura interna de su propia coalición, que amenazó con romperse y de ese modo no reunir los votos necesarios en el Congreso para aprobar la expropiación. En particular Perotti y el PJ de Santa Fe rechazó la propuesta, y era muy probable que el PJ de Córdoba y Schiaretti terminaran votando en contra. El sector de Lavagna, que oficia como un semi-aliado de Alberto Fernández, también le dio la espalda. Ante esta situación el gobierno decidió anular el decreto de intervención y no enviar al Congreso de la ley de expropiación, reconociendo así una derrota política de peso. En su primera pulseada seria con un sector de la clase capitalista el gobierno comprobó que la heterogeneidad de su propia coalición es incompatible con una orientación bonapartista más de fondo, y que si decide avanzar en esa dirección deberá enfrentar crisis políticas que rediseñen el elenco de gobierno y sus relaciones con el PJ, los gobernadores, la clase capitalista y la burocracia sindical. Pero señalemos que el fracaso simultáneo del “plan Perotti” en el caso Vicentín, indica que las condiciones para un arbitraje ante el proceso de quiebras supera los recursos de toda la coalición de gobierno, es decir que plantea un escenario de quiebras sin red.

7.La acelerada depresión económica socava las bases del gobierno y lo empuja a intentar nuevos arbitrajes a pesar de que no tiene las condiciones políticas para ello, como hemos señalado en los casos de impuesto a las fortunas, capitalización en acciones de la asistencia estatal y el mencionado Vicentín. La reforma judicial que acaba de anunciar debe ser vista en ese sentido. Más allá de las cuestiones estrictamente técnicas, se esconde por un lado el intento desalvar de las causas judiciales a la camarilla K y los grupos empresariales más ligados al gobierno, como el de Cristóbal López, y del otro, armar un copamiento de los tribunales con personal político propio como medida preparatoria para un choque político. Esto ha levantado un nuevo choque con la Corte Suprema de Justicia y también con la oposición patronal, que se vale del hecho para agitar las banderas institucionales de cara a la pequeña burguesía. Deberemos seguir con atención las vicisitudes de la reforma judicial, pero no podemos excluir la variante de que concluya con un nuevo recule del gobierno. Sucede que en tanto la reforma cobre la forma de proyectos de ley deberá pasar por el Congreso y hay que ver si el gobierno logra los votos necesarios, especialmente en la Cámara de Diputados. Si se combinan situaciones de crisis, por ejemplo, choques con la burguesía por el default, puede ser que la reforma judicial concluya siendo un catalizador de choques intercapitalistas de fondos que lleven a una ruptura de sectores del pejotismo, como ya se anticipó con Vicentín. Incluso aunque eso no ocurriera, la nominación de nuevos jueces de la Corte requiere de dos tercios del Senado, algo que el gobierno no cuenta por lo que requiere del apoyo de la oposición de derecha. En estas circunstancias tampoco puede excluirse que el gobierno antes de comprarse un nuevo fracaso explícito termine eliminando los puntos más conflictivos de la reforma judicial, como ser la ampliación de la Corte Suprema. Tiene un elemento para negociar con el macrismo, que es la transferencia con presupuesto de una parte de la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Y las maniobras que corresponden a la impunidad recíproca en las causas de corrupción espionaje.

8.El fracaso en las medidas de arbitraje del gobierno muestran los límites de la coalición de gobierno, integrada por todas las tiendas del peronismo, desde los gobernadores hasta el kirchnerismo pasando por Massa, que tiene el control de la Cámara de Diputados. No podemos descartar que como consecuencia de un agravamiento de la crisis se planteen mayores choques internos, cambios de gabinete y finalmente rupturas. La necesidad que impone la crisis de depurar al menos parte del capital sobrante es un acicate a las disputas internas. Por el lado de la oposición, las divisiones internas se han acentuado tanto en el macrismo como en Juntos por el Cambio. Mientras hay un ala colaboracionista, encabezada por Larreta y gobernadores de la UCR, del otro hay un ala que se vale de distintos hechos para crear un cuadro de agitación sistemática contra el gobierno, buscando el aval de un sector de la pequeña burguesía arruinada por la crisis económica. Aunque por el momento este sector es minoritario, su acción sistemática da cuenta de una realidad más amplia de América Latina donde las tendencias golpistas están claramente inscriptas. En general este sector cuenta con el aval del capital agrario, aunque éste por el momento no rompe lanzas definitivamente con el gobierno.

9.La situación sanitaria se mantiene en el centro de la situación política nacional. En cantidad de contagios y fallecidos por millón de habitantes Argentina ya superó a Chile. Efectivamente, la Argentina se encuentra en el pico de infectados activos y con ello se plantea el colapso del sistema. En este cuadro ya ha ingresado, por ejemplo Jujuy, y la situación se empieza a tornar completamente crítica en numerosos puntos del AMBA. En distintas zonas del Gran Buenos Aires se empieza a plantear la plena ocupación de las camas críticas y en CABA se ha duplicado la mortalidad de los pacientes que llegan a las UTIs, como consecuencia de la falta de personal. De esta manera se revela, por un lado, el carácter criminal del lobby patronal que impuso el levantamiento de la cuarentena. Y, por otro lado, el largo proceso de vaciamiento del que ha sido víctima el sistema sanitario argentino, que no solo se expresa en la falta de camas e insumos sino también en la falta de profesionales. Uno de los focos principales de contagio siguen siendo los lugares de trabajo. En este escenario, la lucha por la duplicación del presupuesto de salud, por la centralización de los sistemas sanitarios, la defensa de las cuarentenas y la paralización de los lugares de trabajo con contagios, por los comités de seguridad e higiene en cada hospital y en cada lugar de trabajo, mantienen una completa centralidad.

10.Mientras el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, por un lado, avanzaron decididamente en la efectiva flexibilización de las cuarentenas por presión de las patronales, por el otro le otorgaron más poder a los aparatos represivos del Estado bajo el lema de garantizar el “cumplimiento estricto de las cuarentenas”. Así lo reflejan las sucesivas denuncias de abusos policiales en numerosas provincias contra la juventud de los barrios y la represión librada por la policía de la ciudad contra quienes se manifestaban por el tercer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. A su turno, ese reforzamiento será colocado enteramente al servicio de la represión de las luchas obreras y populares. Los 100 días de desaparición de Facundo Castro se han transformado en un hecho político de alcance nacional que coloca en el banquillo de los acusados a la policía Bonaerense, que ocultó información, obstaculizó la búsqueda y amedrentó a familiares. También a Berni, que asumió apadrinando a la ‘maldita policía’, empoderándola y ahora encubriendo su accionar, y más de conjunto al gobierno provincial. En tanto Sergio Berni es un hombre de Kicillof y Cristina Fernández, los choques que el ministro de seguridad de la provincia protagoniza contra la ministra de seguridad de la Nación Sabina Frederic y, más en general, contra el gobierno nacional, expresan un capítulo más de los conflictos latentes al interior de la coalición oficial. Así lo confirma, por ejemplo, las declaraciones de Hebe de Bonafini, comparando a Berni con Patricia Bullrich. Con independencia de eso, lo que importa, es que el perfil rabiosamente derechista y reaccionario deSergio Berni, que además de ser el responsable político directo de la desaparición de Facundo Castro es también un defensor de la ‘justicia por mano propia’, le otorga a nuestro partido un ángulo privilegiado para la lucha política. La agitación de la consigna Fuera Berni, asociada al reclamo de Aparición con vida de Facundo y por el desmantelamiento de la Bonaerense, le asesta un golpe descomunal al kirchnerismo y colabora a que todo un sector, atraído por el kirchnerismo, procese y rompa más rápidamente su experiencia con el gobierno. Como parte de esa lucha política cobra un lugar fundamental el impulso de la campaña por un plenario nacional contra la represión. La consigna Fuera Berni vino a poner a complicar a la izquierda adaptacionista al kirchnerismo que se negó a plantearlo (PTS). Nuestro planteo inmediato, en cambio, nos colocó a la iniciativa política, incluso en MVyJ. Como parte de esta campaña anti represiva venimos de realizar un exitoso plenario de la Juventud del Polo, que reagrupó a jóvenes de 15 provincias, y nos preparamos para una nueva iniciativa de las mismas características.

11.La crisis capitalista y la crisis pandémica están siendo utilizadas por las patronales para avanzar en una ofensiva en regla contra la clase obrera. La clase capitalista no sólo reclama subsidios fiscales y exenciones impositivas, sino que se encuentra avanzando aceleradamente en los despidos masivos, en los congelamientos salariales y en la implementación de una reforma laboral rama por rama, vía ‘mesas sectoriales’, que apuntan a la destrucción de los convenios colectivos de trabajo, y en el reclamo de una nueva reforma previsional. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales han dado vía libre a esta ofensiva patronal, desde el momento en el cual es el propio Estado quien ha incumplido con los aumentos paritarios oportunamente cerrados en el ámbito público y no ha pagado en regla los aguinaldos. La burocracia sindical, tanto de la CGT como de la CTA, se ha alineado plenamente con las exigencias patronales, e incluso se ha transformado ella misma en vocera de la tan mentada reforma laboral. Habiéndose cerrado el capítulo con los bonistas, muy probablemente el gobierno retome la iniciativa de poner en marcha un Consejo económico y social, uno de los caballitos de batalla de su campaña electoral, con el objetivo de poner en marcha un ‘pacto social’ capitaneado por el propio Fernández. A la luz de las negociaciones que Fernández tiene por delante con el FMI, donde el organismo exigirá un nuevo ‘plan económico’ y nuevas medidas de austeridad, la iniciativa del Consejo recobrará, para el gobierno, más importancia. La propia CGT, luego de apoyar el acuerdo con los bonistas, salió a reclamar la reactivación del ‘pacto social’. Las disputas internas entre las alas de la burocracia no han cesado, pero entre la CGT, el moyanismo, la Corriente Federal y la CTA, lo que disputan es quién es el interlocutor del gobierno y protagonista en la mesa del pacto social. Por el lado de las paritarias, Palazzo y Moyano han picado en punta en paritarias anuales a la baja -26% y 30% en cuotas respectivamente- lo que está sensible por debajo de la inflación prevista, sin tener en cuenta las presiones adicionales de la inmensa emisión monetaria y los tarifazos que vienen. El yaskysmo y el degennarismo directamente están dejando pasar un ajuste todavía mayor en los salarios docentes y estatales.

12.La burguesía, los partidos patronales y las burocracias sindicales han sacado las lecciones de las jornadas del 14 y 18 de noviembre de 2017: para que pase la reforma laboral es necesario atomizar la resistencia del movimiento obrero y no ofrecer un eje unificador, como lo sería, por ejemplo, impulsar una reforma general de la Ley de contrato de trabajo. La ofensiva contra los convenio y los puestos de trabajo empezó hace rato y ha dado lugar a una guerra de guerrillas, ante la ausencia de una dirección sindical que organice la lucha en defensa de todos los derechos y conquistas de la clase obrera. La burocracia del Somu entregó en julio una gigantesca huelga y con ella el convenio de la pesca. Está en agenda una segunda reforma del convenio petrolero en Vaca Muerta, cuando la primera reforma ya se cobró la vida de ocho trabajadores y flexibilizó al palo las condiciones de trabajo. El gremio de colectiveros (UTA) se encuentra caldeado en todo el país y ha tenido una batalla especial en Córdoba, donde los trabajadores lograron hacer retroceder al gobierno con un paro de 21 días. En el gremio aeronáutico, además de los 1700 despidos de Latam se han impuesto rebajas salariales de hasta el 40% en las Low Cost y las movilizaciones obreras se realizan a pesar de la burocracia del sindicato. Una ofensiva violenta contra el convenio colectivo se ha registrado también en Mercado Libre y Mercado Pago, donde las patronales lejos de estar en crisis están obteniendo ganancias extraordinarias. De conjunto, en el movimiento obrero se desarrollan numerosísimas luchas, la inmensa mayoría de ellas de tipo defensivas, como el apagón de Conadu Histórica fuertemente propiciado por AGD contra el aguinaldo en cuotas y contra la firma de las burocracias kirchneristas aceptando las condiciones impuestas por el CIN en la virtualización –AGD realizó un segundo. Existen, sin embargo, algunas luchas por aumento salarial, como la que protagonizan los obreros rurales de Villa Regina o los obreros de la Algodonera Avellaneda, que nos advierte que la cuestión salarial tiene que ser parte de nuestra agitación político sindical.

13.El cuadro de desocupación y carestía creciente le otorga a la lucha por la organización de los desocupados una enorme actualidad. Se trata de la pelea contra la pauperización del sector más postergado de la clase obrera, sobre la base de impulsar el frente único de clase, entre ocupados y desocupados. Se trata, incluso, de un problema de alcance internacional. Además de la lucha por el seguro al parado de 30mil pesos, por el trabajo genuino, y por el alimento para los comedores populares, se ha colocado en el centro de la agenda la lucha por el derecho a la vivienda, como lo demuestra la ola de toma de terrenos en distintos puntos del país. La burocracia ‘piquetera’ y sindical han salido a plantear un ‘Marshall criollo’, un plan de reactivación de la obra pública con eje en la vivienda. El irrealismo de la iniciativa se ve en el hecho que espera inversiones por el orden de los 10 millones de dólares, cuando una iniciativa de ese tipo solo podría viabilizarse sobre la base de medidas anticapitalistas elementales, como lo sería el no pago de la deuda, la ruptura con el Fondo, la nacionalización de las industrias estratégicas, etc.. No solo eso, el plan plantea una reconversión de los beneficiarios de los programas sociales en mano de obra ultra precarizada, lo que supondría eliminar su carácter como seguro por desocupación. Lo cierto es que la burocracia ha tomado nota del papel explosivo de la reivindicación de la vivienda y se ha hecho eco de la misma con el objetivo de evitar un recrudecimiento de la lucha popular. En Córdoba, el Polo movilizó la semana pasada más de 2 mil compañeras y compañeros, duplicando su capacidad de movilización, sobre la base de transformarse en un canal de la lucha por el derecho a la vivienda popular. Es necesario que el conjunto de las regionales del país sigan con atención e intervengan en estos procesos que plantean grandes conflictos y luchas de masas contra el Estado.

14.Como orientación general para el movimiento obrero se plantea la denuncia ‘pacto social’ y, más que nunca, la lucha por la independencia política de las organizaciones obreras. En el impulso de esta política y orientación juega un papel fundamental las iniciativas del Plenario del Sindicalismo Combativo, que tendrá un nuevo plenario nacional el 12 de agosto, prepara dos plenarios regionales en la Patagonia para fines de mes y una acción callejera para el 15 de septiembre. El valor de las iniciativas es que colaboran a mostrar el contraste entre las acciones de lucha del movimiento obrero combativo y la pasividad pro patronal de la burocracia sindical. La cuestión de los protocolos de seguridad e higiene es un problema de primer orden en las fábricas, en los lugares de trabajo y, naturalmente, en los propios hospitales, en un cuadro de recrudecimiento de los contagios por Covid19. Sobre este punto, la lucha librada por el Sutna, realizando un plenario de delegados de base, para impulsar la lucha por la implementación del protocolo obrero de seguridad e higiene elaborado por el propio sindicato, en conjunto con el reclamo salarial y la no importación de cubiertas que se fabrican en el país, marca un norte para todo el movimiento obrero. Hay aquí una orientación de control obrero de higiene y salubridad y un planteo de veto obrero sobre importaciones. El cuadro de agitación que se vive entre los trabajadores, como consecuencia de la ofensiva patronal, es el escenario en el cual la CSC y el PO ha logrado conformar agrupaciones en el gremio de textiles, repartidores, empleadas domésticas, maestranza, rurales, comercio, entre otras. Es necesario que los comités regionales sigan con atención las puntas y relaciones que aparecen, que en muchos casos se acercan por sus propios medios, para dotarlas de una orientación precisa en materia reivindicativa y tácticas de lucha, y colaborar a abrir un curso de intervención independiente de los trabajadores y avanzar en un reagrupamiento junto al PO. Lo sucedido en Algodonera Avellaneda a través de un nuevo cuerpo de delegados es la punta de un iceberg en el gremio textil, donde además de la gran experiencia de Textilana que nos tiene a la cabeza hubo un proceso antiburocrático extendido –aunque momentáneamente ha refluido- en Trelew. Se trata de experiencias que se repiten como el caso de los delegados combativos ceramistas de Loimar en Olavarría. Ante la magnitud de la crisis misma y de la ofensiva patronal que se descarga como consecuencia de ella, la cuestión de la formación de comisiones fabriles electas en lugares sin organización sindical, la revocatoria de cuerpos de delegados burocráticos, la autoconvocatoria, pueden pasar crecientemente a la orden del día. Lo que a su turno reforzará los choques con la burocracia sindical y las tendencias a la recuperación de los sindicatos que tenemos alentar fuertemente, poniéndonos a la cabeza del frente único con esos objetivos.

15.En este cuadro el Frente de Izquierda ocupa en la situación política un lugar objetivo, ganado a fuerza de haber rechazado la política capitalista del gobierno, como en el pasado lo hizo por enfrentar al macrismo desde un punto de vista de los intereses de la clase obrera y los sectores explotados. Representa un campo de independencia de clase y de ser la oposición de izquierda al gobierno integrado por las fuerzas del peronismo y del 90% de todo el centroizquierdismo. Esto ha quedado plasmado en algunas votaciones en el Congreso Nacional, como ser los acuerdos de deuda, que fueron aprobados con los únicos votos contrarios de los dos diputados del FIT. Por un lado, esta votación refleja un relativo aislamiento político, pero por el otro muestra el enorme campo que se abre en tanto vaya creciendo una resistencia al gobierno por parte de los trabajadores. Para ello la política que se impone es impulsar las luchas que se vayan desarrollando, por medio de la acción directa y de la agitación política, y a la vez fortalecer un campo político de independencia de clase mediante el combate político directo a la acción del gobierno y de la oposición de derecha, esforzándonos por mostrar qué intereses sociales representa cada bloque y lo que implican para los propios trabajadores y sectores populares. Nuestra política atiende al conjunto de la situación, consciente que hay una relación política directa aunque no automática, entre el campo político que representa el Frente de Izquierda y el propio desarrollo de la lucha de clases. Somos impulsores de un campo de independencia de clase en las organizaciones obreras y populares: en este sentido impulsamos todas las acciones de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo, del Frente de Lucha Piquetero, del movimiento de la mujer y de la juventud. A la vez libramos una lucha política directa por medio de la agitación y la propaganda. En este punto somos partidarios de que el Frente de Izquierda adopte iniciativas políticas de modo sistemático, incluyendo desde ya la realización de acciones masivas, en tanto lo vaya permitiendo la situación sanitaria.

16.Existen en el seno mismo del Frente de Izquierda distintas posiciones. El PTS y desde ya el MST acentúan su política electoralista. Ya hemos caracterizado en textos previos que el MST ha participado de acciones políticas del centroizquierdismo, levantando planteos referidos a la investigación de la deuda en lugar del no pago. Muestran, así, que su integración al Frente de Izquierda tiene un carácter circunstancial y episódico, a la espera de que se armen frentes de colaboración de clases más proclives a su política. En el caso del PTS su electoralismo se caracteriza por limitar el alcance de las iniciativas políticas a la publicidad de sus candidatos principales, especialmente Del Caño y Bregman. A la vez, mantienen una orientación de franela con el kirchnerismo, armando discursos que están al límite de la capitulación. El rasgo más negativo de este electoralismo es el carácter liquidacionista que adopta en el movimiento obrero, donde quieren transformar a los sindicatos combativos y otras posiciones del activismo en ruedas auxiliares de acciones publicitarias del Frente de Izquierda. Su incorporación al Plenario Sindical Combativo tiene este carácter contradictorio: por un lado es una derrota política de ellos, porque debieron ingresar luego de haberlo combatido sin resultados a la vista, pero lo hacen para llevar adelante por otros medios una política similar. En relación a estos debates, en los que deberemos estudiar la pertinencia en cada caso concreto para hacerlo público o no, nuestra posición es impulsar al Plenario Sindical Combativo como un frente único de lucha de los sindicatos combativos y el activismo obrero, partiendo de las reivindicaciones fundamentales que sirvan para movilizar a los trabajadores, y a la vez impulsar al Frente de Izquierda como un polo político independiente de los trabajadores y la izquierda. En ese sentido somos partidarios de impulsar un plan de lucha del PSC y una acción política del FIT-U para los próximos meses, en la cual participen los dirigentes obreros y populares expresando su adhesión de modo personal o colectivo por medio de pronunciamientos colectivos o de agrupaciones. Bajo ningún concepto el Frente de Izquierda tiene hoy la legitimidad para reclamar a sindicatos combativos que adhieran de modo directo a sus iniciativas, porque implicaría una división de su base obrera. En cambio, la adhesión individual o colectiva permite un trabajo militante y de reclutamiento sobre la base de posiciones políticas definidas. Le propondremos al FIT-U el impulso de un acto como modalidad de nuestra acción política.

17.Las consignas que deben orientar nuestro trabajo político deben ser “ningún pacto con el FMI, que la crisis la paguen los capitalistas, abajo la tregua de la burocracia sindical, por un congreso de bases del movimiento obrero y un plan de lucha, por una salida de los trabajadores”. Este sistema de consignas golpea, en primer lugar, sobre un aspecto sensible de la próxima etapa: la tentativa del gobierno de abordar a un acuerdo con el FMI, lo que replanteará una nueva ofensiva contra las masas. En segundo lugar, permite desarrollar un programa de fondo ante la crisis capitalista: que parte de plantear el no pago de la deuda externa, la nacionalización del sistema bancario, el comercio exterior y los recursos estratégicos y el control obrero general. Al mismo tiempo, este sistema de consignas nos permite entrar en la polémica con la orientación que pregona la burocracia sindical, que busca asimilar los intereses de los trabajadores a los de las patronales, sobre la base de presionar al gobierno para que otorgue mayores beneficios a los capitalistas. En oposición a eso, es necesario plantear la apertura de los libros de contabilidad de las patronales y plantear la estatización sin pago y el control de los trabajadores de toda fábrica o empresa que quiebre, cierre o despida. Sobre esa base denunciamos la tregua de la burocracia sindical con las patronales y reclamamos que sean los trabajadores quienes decidan, a través de plenarios o congresos de delegados mandatados, para impulsar la lucha por todas las reivindicaciones elementales de los trabajadores, como la actualización de salarios y jubilaciones según la inflación, la defensa de los convenios, el establecimiento de protocolos y comisiones de seguridad e higiene, el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, el seguro al parado, etc. Desenvolvemos esta lucha como parte de una pelea de fondo por una salida obrera a la crisis, es decir como parte de la lucha por el gobierno de los trabajadores.

18.En la agenda del partido queda, en lo inmediato, la realización de los congresos provinciales partidarios, que anteceden al Congreso nacional. Aunque muchos de ellos ya se encuentran en marcha, es necesario verificar el estado de situación de los mismos y de sus documentos respectivos. A su vez, como parte de las campañas del Partido hay que otorgarle un lugar especial a la campaña por el 80 aniversario del asesinato de León Trotsky, que contará con dos charlas debate el 13 y 14 de agosto, un acto el 20 y otra mesa de debate con el FIT-U el 21. En la Prensa se han publicado una serie de artículos que alimentan la campaña y representan un importante instrumento de formación político-teórica de la militancia. Al mismo tiempo, venimos de editar la EDM número 55, que condensa, junto con la 54, los principales problemas políticos que fueron abordados en la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU. Es necesario preparar en todas las provincias y comités, para principio de septiembre charlas de presentación de la nueva revista, y del folleto que editaremos reuniendo los documentos, las resoluciones e intervenciones de la Conferencia.

Aprobado por unanimidad.

Ausente a la hora de la votación, AC

CC, 8/8/20

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