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El Gobierno de la Ciudad acaba de plantear su intención, por tercera vez consecutiva, de retomar las clases presenciales, ahora, a la intemperie (plazas y calles).
Los dos primeros intentos, acordados por Larreta-Acuña, fueron rechazados por la docencia y las familias. El propio movimiento de lucha, arrancó el rechazo tardío de Trotta. Se trataba de protocolos “inspirados” en los aplicados en Israel. En dicho país, vale destacar, se acaban de suspender las clases y actividades en centros comerciales, debido al aumento de los contagios. El compacto rechazo de la docencia estaba ampliamente justificado.
La presión para el retorno a clases responde a las presiones económicas del capital, al cual la pandemia y las cuarentenas y protocolos limitaron en su capacidad de reproducción.
Larreta manifestó que “no están dadas las condiciones sanitarias para volver a las clases como antes”, y que “si es necesario saquemos los pupitres y las sillas a la calle”. La ministra Acuña directamente habló de “cortar la calle dos veces por semana”. La entrevista radial que registró estas declaraciones se viralizó rápidamente.
Crisis por arriba y por abajo
La lucha docente demolió los compromisos entre los gobiernos de Nación y CABA en materia educativa. Luego de la reunión que mantuvieron Acuña y Trotta, éste advirtió que “es urgente contar con la geo referenciación de los 6.500 estudiantes para entregarles las netbooks”, anticipando un posible rechazo a la modalidad ´callejera´ que impulsan los funcionarios porteños. Luego de una reunión mantenida con Fernández, Larreta se manifestó, sin embargo, optimista en torno a la aceptación del nuevo protocolo “callejero”.
La ´educadora´ a rechaza el nuevo protocolo. Es lo que se manifestó en reuniones en escuelas y asambleas distritales. Las “clases a la intemperie” resultan inviables. Además de faltar las condiciones de seguridad e higiene, la contaminación sonora hace imposible mantener el distanciamiento social. Las clases al aire libre representan un aumento de circulación en el transporte público. Además, existe una lógica y gran preocupación sobre cómo contener a los/as estudiantes en espacios abiertos por fuera de la institución escolar.
Algunas de las conducciones sindicales han hecho público su rechazo, entre ellas UTE y Ademys. Acuña advirtió que “los sindicatos tienen que trabajar sobre condiciones laborales y no sobre políticas educativas”. Saltó la tortuga, ¿qué mandato recibió Acuña sobre ‘políticas educativas’, que nunca se discutieron en campaña electoral, por la simple razón de que nadie presentó ninguna, y para colmo sobre esas ‘políticas’ en condiciones de pandemia? La educadora rechaza la experiencia docente en materia de educación, y la injerencia de la clase obrera – la UIA, por caso, siempre ‘opina’ sobre educación, a la que quiere privada. Las políticas educativas de un gobierno que defiende los intereses de la clase capitalista hacen también a las condiciones laborales, más aún en este caso, donde se plantean agudamente cuestiones de salud pública, incluso riesgo de vida.
Conclusión
La enorme organización docente que conquistó el recule del gobierno nacional y el rechazo del primer protocolo, da cuenta de una docencia que ha ganado una experiencia y ahora afronta este tercer intento del gobierno porteño desde una mayor organización y conciencia.
