Consejo Superior de la UBA quiere sancionar a luchadores

Escribe Fefe

La justicia había dictaminado falta de mérito

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La “dirección de sumarios” del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ha hecho conocer su voluntad de sancionar al ex presidente de la FUBA Julián Asiner y a dos estudiantes de la Facultad de Exactas por las protestas que se realizaron debido al fraude perpetrado contra la federación. EL 26 de junio del 2018 la FUBA convocó al Consejo Superior exigiendo que detenga su aval al congreso trucho realizado por la Franja Morada, el macrismo y parte del peronismo. En ese congreso amañado, estas fuerzas políticas falsearon 2 delegados con el objetivo de conseguir el número necesario para alcanzar el quórum y por lo tanto renovar las autoridades. Este intento de apropiarse indebidamente de la FUBA le valió a la Franja el repudio del conjunto del movimiento estudiantil y de lucha. Semanas después, en medio de la gran rebelión universitaria, las elecciones estudiantiles enterraron el fraude cometido.

Lo que las autoridades de la UBA quieren hacer pasar como un hecho delictivo en realidad se trató de una legítima protesta. Esa movilización colocó de manifiesto que el rector Barbieri, la policía y la justicia -junto con algunos medios de comunicación- alentaron el operativo, este si delicuencial, de sustraer una Federación. La convocatoria fue fuertemente reprimida, como lo demuestran los videos donde la policía federal golpea estudiantes en el piso. El día posterior la represión y la movilización continuaron. Con un enorme operativo policial que rodeo el rectorado se quiso impedir el paso de nuestro consejero superior a la sesión y se llevaron detenido al estudiante de Sociales Federico Fernández.

Aunque en la justicia federal ninguna de las causas que se abrieron ese día prosperaron, las autoridades de la UBA intentan de todas maneras insistir por medio de estas sanciones. El hecho de que los sancionados sean tres, cuando se lo que se trató es de una movilización de un conjunto mucho más amplio de estudiantes, marca a las claras la arbitrariedad completa de las sanciones. La movilización exigía una reunión con el rector. Individualizar la responsabilidad es un ataque a la petición colectiva y al derecho de protesta. Para colmo, según la propia resolución, se confiesa que “no se ha logrado acreditar que los daños producidos hayan sido causados por alguno de los acusados”. Esto es así ya que los mismos videos lo que muestran es a la patota de APUBA destrozando el rectorado y golpeando estudiantes.

Contra lo que se desprende del propio informe que elaboró esa comisión, se proponen sanciones importantes que tienen que ser fuertemente rechazadas. “Un mes de suspensión con expresa prohibición de acceder a la Universidad”, lo que además opera como antecedente negativo en los legajos. Se trata, por lo tanto, de un atropello inconcebible y un intento de reforzar medidas de disciplinamiento al conjunto del movimiento estudiantil y docente. Nuestra exigencia de la clausura o anulación del sumario -encontrándonos aún en el tiempo de apelación- es al mismo tiempo una defensa de principios del derecho a luchar y manifestarse. El movimiento universitario históricamente, -y con mucha fuerza desde 1918- ha tenido que defenderse de todos los atropellos y las violaciones contra nuestros derechos y libertades. Reclamamos el fin de las sanciones a estudiantes y docentes en la perspectiva de una nueva irrupción de lucha.

En un contexto de ataque del nuevo gobierno de Fernández hacia los jubilados y la Universidad pública, -como lo demuestro el intento de quita del 82% de jubilación a la docencia, además de los recientes atropellos a los docentes ad honorem-; es necesaria una fuerte campaña de las federaciones, centros de estudiantes y gremios docentes contra este atropello. La AGD y los centros independientes tienen que promover estas medidas. El terreno está abierto para anular estas sanciones y avanzar por todos los reclamos estudiantiles y docentes.

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