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El gobierno de Alberto Fernández dio su propio paso en el objetivo de estatizar el movimiento de mujeres, que no solamente en Argentina alberga en su seno una poderosa tendencia ‘antisistémica’: el anodino Instituto Nacional de la Mujer de Macri dio paso a un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que encabeza la abogada Ely Gómez Alcorta.
La ministra, que se presenta como una militante “feminista popular”, presenta al Ministerio como “una demanda” y “una conquista de la calle”, aunque se desconozca en qué ocasión “la calle” reclamó un ministerio. Es claro que el propósito es encerrar la calle entre cuatro paredes. Ningún movimiento auténticamente popular quisiera tener como árbitro a un Estado que es rehén del capital financiero por la suma de u$s 400 mil millones de deuda externa. A las jubiladas que cobran por encima de la mínima, y a los maridos de ellas, ya les han suspendido la movilidad jubilatoria.
Gómez Alcorta se enorgullece porque "los feminismos han sido un motor central, clave, en las resistencias de estos cuatro años. Los feminismos han mantenido caliente la calle. El primer paro al macrismo lo hicimos las mujeres, es que el feminismo popular es antineoliberal". “Somos un espacio de resistencia”, explica, y “el ministerio va en el mismo sentido”, dice (Clarín 15-12).
La ministra no se reconoce en el movimiento de mujeres anterior a los últimos cuatro años, cuando cree que nació de un repollo ‘antineoliberal’. El 3 de junio de 2015 -cuando gobernaba CFK- más de 300.000 personas salimos a denunciar la complicidad del Estado y pedir justicia por Chiara Páez, una santafesina de 14 años, asesinada por su novio. Más tarde, el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito convocó a las movilizaciones más nutridas de la historia nacional, con la oposición del ‘espacio de resistencia’ de los nacionales y populares que anudaban lazos con Bergoglio.
Para la ministra, las mujeres habríamos tomado ahora el poder, nada menos, desde que pasamos a integrar un gobierno de otro carácter - ahora ´nacional y popular’. La conclusión es que deberíamos abandonar “la calle”, para ocupar “el espacio de resistencia” del ministerio. La intención de integrar el movimiento femenino al Estado no podría ser más concluyente. El problema es que el clero también tiene un ministerio que hace las veces de su propio “espacio de resistencia”, lo cual supone que las contradicciones entre la pedofilia organizada y el movimiento emancipatorio de la mujer se dirimirán en reuniones de gabinete.
El ministerio no es una respuesta institucional al protagonismo político del movimiento de mujeres, como dice la ministra. Es un intento de cooptar al movimiento para privarlo de la autonomía que lo ha convertido en un gigantesco protagonista internacional. Si estuviéramos todas en casa, no habría ninguna necesidad de prometer “políticas públicas” que “muestren la desigualdad en que vivimos”. La complicación viene cuando esas “políticas públicas” sufren el acoso de la política de cortes fiscales o presupuestarios y de los acuerdos con el FMI. La emancipación de la mujer no se decide, sin embargo, tampoco en la discusión anual del presupuesto sino en una revolución de las relaciones laborales y sociales en su conjunto. El despotismo familiar no hallará principio de salida si no termina la injerencia social, política y cultural del clero.
Miembro del CELS y defensora de Milagros Sala, Gómez Alcorta, atea practicante y ministra de pañuelo verde, proviene de Mala Junta (la agrupación de mujeres del espacio de Itai Hagman). Es la “izquierda popular” que se alió al Movimiento Evita, la CTEP, Nuevo Encuentro y Somos de Victoria Donda para fundar el Frente Patria Grande y hacerle campaña a CFK con la bendición del Vaticano.
En el programa del Frente Patria Grande ni se menciona la palabra aborto (https://patriagrande.org.ar/). Su dirigente máximo es Juan Grabois, el hombre de Bergoglio, que opina que el aborto “no es del interés de las mujeres pobres” y que la religión es “una forma de resistencia frente a la globalización excluyente” (sic). Como se ve, hasta el Vaticano es ‘un espacio de resistencia’, claro que contra la mujer y los niños. El saneamiento del Banco del Vaticano ha sido encargado al Deustche Bank – no precisamente un ejemplo de ‘antiglobalización excluyente’. Un documento del Ni Una Menos reprochó que “tantas feministas” se subieran “a la procesión que lidera Grabois”.
Gómez Alcorta dice que el aborto “se trabajará en clave de salud pública”. Esto podría significar que no es un derecho, lo que excluiría a las entidades privadas de salud y hasta a las obras sociales que maneja la burocracia sindical pro-clero. Ginés García declaró que prefería que fuera discutido recién en 2021 - ¿luego del acuerdo con los bonistas?
Los intentos de inmovilizar la lucha social de las mujeres a través de la cooptación de las dirigentes del movimiento feminista no son nuevos, por ejemplo, dándoles una oficina hasta en el Banco Mundial. Pero el peronismo es un caso ejemplar en el mundo cuando se trata de eso, porque va derecho a la estatización.
En esta década, la potencia de las luchas femeninas las convirtió en un parteaguas que va mucho más allá de las reivindicaciones propias del género. Trump, Bolsonaro, establecen una analogía entre las luchas de mujeres y el comunismo, la perspectiva de género y la lucha de clases. En el bando “progresista”, la lucha de las mujeres, rebautizada “lucha feminista”, es usada para construir un paradigma social que despierte esperanzas en un capitalismo igualitarista sostenido sobre un cambio cultural, un capitalismo supuestamente sin patriarcado, pero con las mismas relaciones de producción y apropiación. Cuando se traduce a la práctica, este discurso se resuelve en la cooptación y en la estatización.
El colectivo “las mujeres” está atravesado por la pertenencia de clase, por intereses que muchas veces son contradictorios, y no hay cupo parlamentario ni ciudadanía de mujeres que haga que las explotadas dejen de ser explotadas y las explotadoras, explotadoras. La aceptación de la cooptación estatal por parte la pequeña burguesía nacional y popular, es una muestra de esta diferenciación social y un intento de confundir aún más lo que más debe ser esclarecido: la salida no son las ‘políticas públicas’ sino poner fin a la explotación capitalista.
La ministra dice que su máxima preocupación es la “inequidad en el sistema de cuidados” - el lenguaje dulcificado de la doble opresión y la esclavitud doméstica. En tanto ‘el sistema de cuidados’ sea un asunto privado, será siempre la cobertura de la esclavitud doméstica. Debe recaer en la sociedad, por medio de la socialización de los servicios domésticos.
“Un plan nacional de cuidados, profesionalizar esas tareas con participación privada, estatal y comunitaria”, como dice ‘pensarlo’ Gómez Alcorta, ya ha hecho un gran avance en Europa. Se ha convertido en una de las principales ramas de servicios; en Argentina, quienes se encargan de ello están afiliados a ATE. Funciona como una empresa de empleos, con personal precarizado (largas horas de trabajo), con elevados rendimientos para las patronales. Atiende por sobre todo a la vejez, a cambio de un precio de servicio. Es la apertura de un nuevo negocio. Podría servir para que las compañeras y compañeros de los movimientos sociales -la “participación comunitaria”- sustituyan el sistema de cuidados familiar “bajo convenio” por alguna ONG, pero con salario a destajo. Es lo que seguramente tiene en la cabeza el ministro Arroyo cuando asegura que la salida a la pobreza es “el trabajo”.
Si la ministra quisiera combatir la carga de los cuidados domésticos (no repartirla entre la familia) tendría que reivindicar el derecho al trabajo, el salario mínimo igual a la canasta familiar, jubilaciones del 82%, levantar jardines de infantes, escuelas, clubes y centros culturales, centros de jubilados. Garantizar el acceso gratuito a la salud de toda la población con una red que releve a las mujeres de la batalla por conseguir un turno médico. Garantizar lavaderos y comedores comunitarios que les den un carácter social a las tareas domésticas.
Todo lo demás es un discurso que embellece un régimen de alienación y explotación, para justificar la integración del movimiento de la mujer al estado; una estatización cuyo único fin es amoldar el movimiento popular al estado y evitar que la crisis capitalista se convierta en rebelión popular.
