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La Corte Suprema confirmó -al rechazar todos los recursos que habían interpuesto- las condenas contra el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el maquinista Marcos Córdoba, el empresario Claudio Cirigliano y otros 15 acusados por la masacre de Once, entre ellos varios gerentes de TBA, la ex concesionaria del ramal. En el caso de Ricardo Jaime -sentenciado a 8 años de prisión- la Corte envió su expediente a la Cámara de Casación para que esta se expida antes de tratarlo. En el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido, jefe del todo el entramado, condenado por fraude en un segundo juicio, la Corte no se pronunció, ya que aún le quedan instancias inferiores por recorrer. Actualmente se encuentra en libertad. La Cámara de Casación tiene “en estudio” su caso desde hace un año y medio. Los familiares de las víctimas calificaron el fallo como un “triunfo de la verdad”.
La masacre de Once ocurrió en febrero de 2012. Las condenas, que no superan los 8 años de prisión, fueron dictadas en 2018. Siete de los acusados cumplen prisión efectiva, nueve fueron beneficiados con la prisión domiciliaria y otros cuatro, con la libertad condicional. El juicio confirmó la connivencia entre los empresarios a cargo de la gestión del ex ferrocarril Sarmiento con los entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte, en una defraudación de fondos públicos multimillonaria. Los Cirigliano desviaban las partidas hacia otras "inversiones", en connivencia con quienes debían controlarlos. El vaciamiento ferroviario y la falta de mantenimiento desencadenó el desastre en la estación Once, donde un tren sin frenos se estrelló contra la plataforma y provocó la muerte de 52 personas.
La trama ferroviaria es una radiografía del “sistema” que el kirchnerismo había anudado con los empresarios y la burocracia sindical del transporte. Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, como resultado del hundimiento de las privatizaciones del menemismo, se “re-estatizaron” los ferrocarriles bajo un sistema de gerenciamiento privado en el que participaban, además de los Cirigliano (TBA), los grupos empresarios Roggio y Emepa. Este sistema precario se perpetuó. Fue la década del florecimiento de las tercerizaciones en el ferrocarril, un enjambre de empresas contratistas que, en verdad, eran testaferros de los mismos concesionarios. Estos embolsaban una comisión sobre el total del presupuesto público destinado al ferrocarril, los ingresos por boletería y otras explotaciones comerciales (publicidad, alquiler de locales), más lo recaudado por las contratistas. Jamás hubo una licitación pública. Como se reveló durante el juicio por el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, estas se realizaban “a puertas cerradas” – es decir, se repartían en una mesa. La burocracia sindical ocupaba puestos clave en el gabinete de Transporte y participaba del festín de manera directa. El entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, regenteaba una cooperativa trucha, llamada “Unión del Mercosur”, que explotaba a los mismos obreros que el sindicato debía representar. La Fraternidad tenía a Antonio Luna en el puesto de subsecretario de Transporte Ferroviario.
Antes de que la masacre de Once detonara todo este entramado mafioso, había sido la lucha obrera de los tercerizados del ferrocarril Roca la que lo había puesto en jaque. Los trabajadores reclamaban su igualación con los trabajadores efectivos, ya que cobraban un tercio de su salario, no gozaban de convenio ni de derechos sindicales. Alarmados por esta rebelión, empresarios, burócratas y funcionarios orquestaron su escarmiento. El resultado fue el atentado criminal que costó la vida de Mariano y graves heridas a otros compañeros. La defensa intransigente del gobierno K sobre este régimen corrupto -incluida una tentativa de criminalización del Partido Obrero- fue quebrada por una movilización popular sin precedentes, al punto de lograr la condena de Pedraza y una parte de los responsables. Pero la advertencia que nuestro partido realizó cuando aún no habíamos despedido a Mariano fue desoída. El resultado fue la masacre de Once, poco antes del juicio por Mariano.
Con excepción de los Cirigliano -exponentes de esa ´lúmpenburguesía´ que progresó de la mano de los K-, los empresarios gozaron -y gozan- de la mayor impunidad posible. Finalmente, la llamada “causa de los cuadernos”, que debía conducir a toda la ´patria contratista ´ al banquillo de los acusados, incluidos los Macri, se encuentra en un impasse. Cuando Mariano fue asesinado, nuestra denuncia resultó una radiografía del metabolismo entre la clase capitalista y su Estado, y la mediación del staff político “democráticamente electo”, su burocracia permanente y la sindical. A casi diez años del crimen de Mariano, el carácter parasitario y criminal del régimen capitalista ha quedado descripto en esta parábola.
Algunos medios destacaron el fallo unánime de la Corte – el juez Maqueda se excusó por haber compartido gabinete con Jaime cuando ambos eran funcionarios en la provincia de Córdoba. La Nación (25/9) lo denominó “un hito para una Justicia que tiene muchas dificultades para cerrar las causas y dictar condenas definitivas; sobre todo, cuando se investiga al poder”. A reglón seguido, recuerda el columnista, “los condenados abandonaron hace años la centralidad política y en la Corte no llovieron pedidos por ellos”, pero “es la primera decisión de trascendencia que la Corte puede exhibir en mucho tiempo”. La presión, naturalmente, está dirigida a promover nuevas sentencias en causas contra la “corrupción kirchnerista”, en obvia alusión a la situación judicial de CFK. Pero “la lucha contra la corrupción” de los personeros de la burguesía es una calesita perpetua. Los corruptos de ayer serán los verdugos de los corruptos de mañana y viceversa.
La burguesía es un hediondo cadáver insepulto. Los trabajadores y la juventud deben dar cuenta de ello.
