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El pasado miércoles, el gobierno bonaerense anunció el lanzamiento del nuevo “programa de Acompañamiento de Trayectorias y Revinculación” (ATR), donde se establece que miles de docentes y estudiantes de los profesorados serán enviados a las casas de 279 mil alumnos. De acuerdo a los informes oficiales, esa es la cifra de los que han perdido toda continuidad educativa o contacto con la escuela.
El programa está diseñado sobre la base de los 11 mil docentes encuadrados en el programa precarizador “Piedas”, por un lado, y 35 mil estudiantes de 3º y 4º año de los profesorados, por el otro. En el caso de los docentes del Piedas lo harán por los 17 mil pesos que perciben por el plan (¡por debajo de la línea de indigencia!) mientras que los estudiantes serán encuadrados como “becarios” por el pago de 8 mil pesos.
De este modo el gobierno de Kicillof pretende iniciar una etapa de “retorno a la presencialidad”, como bien queda expresado en los fundamentos del programa. Se trata de una política que sigue las directrices del Consejo Federal de Educación y la cartera nacional que encabeza Trotta, algo que ya hemos denunciado desde estas páginas. El plan de Larreta en CABA, de retornar a clases al aire libre, y este plan de Kicillof de establecer visitas domiciliarias son dos caras de una misma moneda, pues en ambos casos está ausente la consideración del riesgo epidemiológico y está igualmente presente la precarización laboral y el ajuste educativo.
No sin una elevada cuota de cinismo, se anuncia con bombos y platillos que con este programa se logrará llegar al 10% del alumnado que “no tuvo” continuidad pedagógica. Falso rotundamente. La continuidad pedagógica ya se ha quebrado para el conjunto del sistema, como consta en un abanico de informes nacionales e internacionales. La labor educativa, que a duras penas se desarrolla, se basa fundamentalmente en el esfuerzo personal que los docentes (y las familias) realizamos de manera cotidiana, utilizando recursos tecnológicos que salen de nuestro propio bolsillo. Enviando visitadores a las casas de los “desertores” el gobierno se auto exime de su obligación de proveer de computadoras, celulares y conectividad tanto a docentes como a estudiantes. El 10% “desertante” es resultado directo del ajuste educativo. Y va mucho más allá de ese 10%.
No se nos escapa que se está despreciando el contexto social en el que el alumno desenvuelve su existencia, donde están presentes carencias de todo tipo, agravadas por las condiciones del aislamiento social y la pandemia. El abandono educativo no es más que el emergente de una crisis social mucho más profunda, que el gobierno pretende desconocer.
Según el esquema del plan, cada docente y cada becario tendrá a su cargo 6 alumnos a los que deberá visitar 2 veces por semana. Pero ocurre que la pandemia se encuentra en pleno desarrollo, alcanzando los 15 mil nuevos casos diarios por estos días ¿quién le garantiza al docente que el domicilio del alumno reúne todas las condiciones sanitarias para desarrollar la intervención pedagógica? Y viceversa ¿quién le garantiza al alumno y a su grupo familiar que el docente no está infectado por el virus covid-19? Sin la vacuna y sin testeos masivos se trata de una política potencialmente criminal.
Debemos rechazar la implementación del plan de visitas ATR, y reclamar la urgente provisión de recursos tecnológicos y conectividad gratuita para alumnos y docentes. Un marco laboral sin riesgo sanitario para docentes y becarios basado en el respeto al Estatuto del Docente y con un ingreso que asegure el sustento de una familia trabajadora. Nombramiento inmediato de los docentes necesarios para cubrir todos los cargos vacantes.
En lugar de denunciar y luchar contra él, Suteba y el FUDB acompañan este lanzamiento, nuevamente sin ninguna clase de mandato. En declaraciones públicas María Laura Torres, adjunta de Suteba, valoró que "el programa ATR es muy interesante para revincular a las y los docentes con los alumnos, algo que vivimos con mucha preocupación" (diputadosbsas.com.ar)
Los Sutebas multicolores anunciaron una campaña para enfrentar este avasallamiento. Las expresiones de rechazo se extienden por toda la provincia. Impulsemos a fondo la deliberación en las escuelas y distritos para organizar un plan de lucha.
