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Luego de protestas y de dos caravanas históricas de los trabajadores de la educación y la comunidad educativa, el gobierno provincial ha decidido postergar para la segunda mitad del 2021 el debate sobre la nueva ley provincial de educación.
Para disimular su recule, el gobernador Suarez pretende culpabilizar a los sindicatos. En declaraciones en el diario Los Andes (4-10) manifestó que “No se va a poder debatir la ley en serio mientras el SUTE tenga la interna que tiene. Hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario porque es un tema clave y no podemos prescindir de la voz del gremio en la definición” (4-10). El SUTE, que fue el principal organizador de las protestas, es el gremio docente más importante de la provincia y es dirigido actualmente por la izquierda. Suarez apuesta sus fichas a que el año que viene el peronismo retome la conducción para negociar la ley con la burocracia sindical y hacerla pasar. Pero el proyecto ha quedado herido de muerte. Los docentes y la comunidad son conscientes de que está en juego la Educación Pública.
El borrador de proyecto que presentó el gobierno, recogió en dos semanas el repudio de todas las asambleas “on line” organizadas por escuela. A pocas horas las redes estaban inundadas de fotos, carteles y videos que los docentes realizaban con sus compañeros. El último plenario provincial del SUTE contó con representantes y delegados de mil escuelas de Mendoza que votaron de manera unánime el rechazo de la ley. La consigna #NoAEstaLeyDeEducación se convirtió en bandera no sólo de la docencia sino de otros sectores de trabajadores que se volcaron masivamente del lado de los maestros. Así fue como en las caravanas de los días 29 y 30, participaron más de 20 mil compañeros y compañeras.
El gobierno por esos días ya había mostrado señales de recule, postergando la realización de un congreso pedagógico para “debatir la ley” y también intentó conformar a los docentes con algunas modificaciones del proyecto original. Pero no hubo caso.
La rebelión docente contra la ley de Suarez, fue la “gota que colmó el vaso” de una docencia agobiada por la súper explotación laboral que conlleva la virtualidad, la falta de recursos y herramientas para su implementación y los bajos sueldos. La CTERA, por su parte, se vio en la obligación de sacar un comunicado (recién el 30-10) rechazando la ley, pero le reclamaba al gobierno “debatir democráticamente”, cuando la docencia ya había fijado posición en el rechazo de plano a la ley y ganaba la calle masivamente.
El gobierno apostó a hacer pasar una ley privatista y anti educativa, aprovechándose de la pandemia, y recibió un rechazo contundente de los docentes. El movimiento en desarrollo, amenazaba con convertirse en un nuevo “Mendozazo”, como el que frenó en diciembre de 2019, la derogación de la Ley 7722, en defensa del agua.
La postergación del tratamiento del proyecto para el año que viene ha sido tomada como un triunfo de parte de los trabajadores de la educación, pero a la vez ha reforzado los ánimos de la lucha por el conjunto de los reclamos pendientes, empezando por la convocatoria a la paritaria y un aumento de emergencia de los salarios.
La educación, como el agua de Mendoza, no se negocia.
