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Justo cuando el gobernador Sáenz proclamaba su dominio completo sobre el régimen político salteño, la explosión de casos de coronavirus expuso nuevamente la precariedad de su gobierno y el régimen. El copamiento de la corte de justicia salteña, del PJ local y de ambas cámaras legislativas, no evitaron el colapso hospitalario en el norte, la pueblada en Orán que precipitó la caída de su ministra de Salud y un recule obligado de su política aperturista a la fase 1 durante las últimas dos semanas.
El colapso de la autogestión hospitalaria
Salta se apresta a superar los 14 mil casos de covid, casi 6 veces más contagios que hace un mes, cuando el sistema de salud en Orán y San Martín colapsaba. Estos departamentos fueron los más golpeados porque el gobierno provincial jamás garantizó recursos ni coordinación internacional alguna para frenar el flujo de contagios proveniente de los pasos fronterizos con Bolivia, cuando buena parte de la población vive del bagayeo y el comercio de frontera. La privatización petrolera de los años 90’ y el avance de los monocultivos de soja y caña durante la mal llamada “década ganada” ya los había convertido en tierra arrasada.
El colapso hospitalario y la movilización popular desenmascararon la inviabilidad del sistema de autogestión y gerenciamiento de la salud “pública” que rige desde finales de los 90’ bajo el gobierno del ahora senador Juan Carlos Romero. Orán fue noticia a nivel nacional, no ya por la falta de UTI sino de tubos de oxígeno, personal e insumos básicos. Razón por la que ostenta una de las tasas de mortandad más altas del país. Sáenz tuvo que aflojar 100 millones de pesos para el hospital de Orán, prometer contratar 1600 trabajadores de la salud para toda la provincia y prohibió la venta de plasma por las clínicas privadas bajo la presión popular, pero defiende a muerte el esquema privatista de la autogestión hospitalaria.
El nuevo ministro de salud, Esteban, un romerista y gerente hospitalario probado, debutó afirmando que Sáenz “hizo todo lo posible” y que “no se puede vivir encerrado” porque hay que cuidar la economía. Su “franqueza” sobre las cifras de contagios y muertes por covid sólo busca afianzar la idea de que se está generando un cuadro de inmunidad comunitaria. El gobernador y su flamante ministro acaban de flexibilizar la fase 1 actual, en nombre de una dudosa descompresión del sistema de salud.
Régimen en crisis
La supuesta solidez del gobierno esconde el derrumbe de las principales fracciones políticas de la burguesía. El Frente de Todos está disuelto de hecho mucho antes del affair Ameri, por los acuerdos del “derechista” Sáenz con Alberto Fernández. La Cámpora salteña integra ahora la nueva dirección “saencista” del PJ local. El romerismo, cabizbajo, se atrincheró en el municipio capitalino. El bolsonarista Alfredo Olmedo, literalmente desapareció y su tropa se desbandó. Consciente de sus límites Sáenz postergó sin fecha su intento de reforma constitucional y tantea la posibilidad de eliminar las PASO provinciales, lo que puede terminar profundizando la disgregación política patronal.
El amontonamiento circunstancial detrás de Sáenz depende de los recursos estatales y la defensa del pago de la deuda provincial y del festival de subsidios al capital garantizados por el gobernador. A pesar de la renegociación en curso, éste gatilló al menos 2500 millones de pesos a los usureros de una provincia sumida en la pobreza y el colapso sanitario. Para que la burguesía local admita la última cuarentena decretada, armó un fondo de 500 millones de pesos para financiar una ATP provincial y otros subsidios, en favor del comercio, la gastronomía y el turismo, y que nunca llega a los comerciantes más pequeños.
Los trabajadores
Los trabajadores salteños se defienden aguerridamente ante los estragos de la gestión capitalista de la pandemia. La docencia salteña enterró el intento de apertura de escuelas y reclama que el IPSS, la obra social de los trabajadores estatales salteños, cubra los test por covid y preste una atención adecuada. Los docentes autoconvocados de San Martín y Orán estuvieron a la cabeza de colectas solidarias y armaron una red de asistencia a los docentes contagiados con covid.
Los obreros de la Seaboard E.R., ex Tabacal, que ya llevan más de 300 contagios y 5 muertos, pararon exigiendo protocolos adecuados, emulando a los municipales de Orán y Colonia. Los mineros despedidos de Mansfield, después de más de 100 días de acampe, prosiguen con su heroica lucha. Otro tanto sucede con cientos de familias asentadas en un terreno ocioso de la capital salteña hace más de 3 meses, dónde fracasó desde la cooptación hasta la represión estatal. El cuadro se completa con la continua lucha de los trabajadores de la salud y las movilizaciones populares en Orán y San Martín.
Por una salida obrera
El fantasma del default provincial no se ha disipado, los contagios por covid crecen y la burguesía local exige más subsidios a un estado quebrado, en crisis y crecientemente asediado por movilizaciones obreras y populares. En Oran renunció la mitad del gabinete municipal del saencista González y en Aguaray comienza a constituirse una asamblea popular contra el desmanejo de los fondos comunales. En ambos casos un sector de vecinos movilizados reclama “que se vayan todos”.
Sólo un gobierno de trabajadores que ponga a su servicio los enormes recursos económicos hoy en mano de industriales, terratenientes y banqueros, rompa con los usureros de la provincia y acabe con los negocios capitalistas de la salud y el sistema de autogestión, podrá dar una salida a la fenomenal declinación de la provincia.
