Avanza la crisis del transporte en Bariloche

Escribe Elena Florín

Tiempo de lectura: 3 minutos

El desenlace de la crisis del transporte producida por el accionar fraudulento de la empresa Mi Bus y la complicidad del gobierno municipal junto con la conducción de la UTA de Bariloche sería inminente. Hay fuertes sospechas de un vaciamiento de la empresa, que habría empezado a retirar unidades para trasladarlas a la vecina localidad de Villa La Angostura.

Un historial de incumplimientos patronales -entre los que se destaca la falta de pago en tiempo y forma de los salarios a los trabajadores, a quienes además les adeuda aumentos pactados por paritarias del año anterior y cuotas del aguinaldo- produjo una serie de paros en los últimos meses, en algunos casos de 11 días, que eran levantados recién al cobrar. La empresa declara que su situación es inviable producto de la reducción de la cantidad de pasajeros a un 10% por las restricciones que impone el protocolo sanitario. Pero la pandemia agudizó la situación que venía de crisis en crisis con anterioridad. Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales entregaron subsidios mensuales por 9 millones de pesos sin jamás dar cuenta de su destino.

La empresa Amancay SA se hizo cargo del servicio público de transporte en el 2016 por contratación directa y nunca cumplió con el compromiso de poner los cien colectivos prometidos ni las unidades para personas con discapacidad ni construir las garitas para las paradas. En cambio, los frecuentes aumentos del boleto fueron escandalosos, llegando a ser los más caros del país. Eso suscitó la organización de usuarios en la Multisectorial por el Transporte Público que, durante las audiencias públicas convocadas para la aprobación de los aumentos, produjeron verdaderas rebeliones logrando reducir los pretendidos aumentos. Fue desde esa organización que se logró por vía judicial que la empresa presentara los balances de 2016, 2017 y 2018, que nunca había exigido el gobierno municipal. De ese modo se constató que Mi Bus solo es dueña plena de 19 colectivos. Las 60 unidades restantes se las adeuda a la carrocera Colcar, que embargó la cuenta bancaria y se llevó el último subsidio del estado nacional, lo que privó a los choferes de sus salarios. El municipio puso la plata y se levantó el ultimo paro, ocurrido la semana pasada.

Los recientes sucesos generados por las declaraciones del intendente Genusso, de Juntos Somos Rio Negro, en el sentido de que podría rescindir el contrato con la empresa y las declaraciones de bancarrota del abogado de la patronal, pusieron en alerta tanto a choferes como a la Multisectorial. Durante el agitado fin de semana último se concretó una reunión conjunta de usuarios y choferes que resolvió una movilización al Centro Cívico el próximo miércoles 7 para reclamar que no se lleven ningún colectivo, el pago del 100% de lo adeudado a los trabajadores y que el gobierno municipal garantice el servicio público de transporte.

Las fuerzas obreras están divididas entre quienes respaldan a la UTA que responde a Fernández, los autoconvocados que ahora adhieren a la Agrupación “Juan Palacios”, dirigida por Bustinduy, y otros están conformando la UCRA, dentro de la CTA. Estos dos últimos agrupamientos convocan a la movilización conjunta con los usuarios.

Serán parte de esta acción las juntas vecinales, fuertemente afectadas en forma directa por la empresa que reduce recorridos y horarios e indirectamente porque los días de paro no pueden trasladarse a sus actividades.

Bariloche viene sufriendo el problema del transporte desde hace muchos años. Por un lado, el ejido municipal es muy extenso, mayor incluso que el de la Ciudad de Buenos Aires. El asfalto se reduce a unas calles del centro y a las dos rutas principales. El resto es de ripio o tierra, lo que produce mayor desgaste de las unidades. Por otro lado, el entramado político hace lo suyo: rescinde contratos caprichosamente para poner empresas con intereses sospechosos como pasó con la “3 de Mayo”, a la cual la intendenta del Frente para la Victoria Maru Martini le rescindió el contrato para instalar a la empresa Autobuses Santa Fe, propiedad del hermano de Agustin Rossi. Esta empresa se fugó tres años después, cuando cambió el signo político del gobierno, dejando a los trabajadores sin su fuente de trabajo. El intendente Genusso hizo el contrato directo en 2016, sin licitación, amparado en la urgencia de estar sin servicio. Ahora se prepara otra “salida”.

En una reunión a última hora de ayer el intendente lanzó una provocación insólita. Les propuso a los delegados de la UTA que la solución es subir el costo del pasaje o reducir servicios y admitir colectivos obsoletos. Esto de ninguna manera puede ser ni siquiera considerado una “propuesta”.

Hay que debatir la oportunidad de reclamar el control obrero de la empresa ya.

Expropiación sin pago bajo control obrero.

Municipalización del servicio bajo gestión de trabajadores. Apertura de los libros. Investigación de los vaciadores.

Suscribite a Política Obrera