Bandera de remate y coimas a cara descubierta

Escribe Olga Cristóbal

Votan privatizar toda la Costanera Norte.

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Este jueves, la mayoría automática de Cambiemos en la Legislatura porteña les robó la Costanera Norte a los habitantes de la Ciudad. Exactamente 32 hectáreas, las que van desde la Ciudad Universitaria hasta Costa Salguero. Si cada tanto le gustaba ir a mirar el río, despídase: en poco tiempo verá un obrador y después una cinta de torres altísimas y vacías pero custodiadas como si las amenazara Bin Laden.

El cambio de zonificación que votó el oficialismo permitirá que la franja costera -una vez vendida o concesionada-, sean apta para construir un barrio náutico de lujo, con megatorres, discotecas, locales gastronómicos, oficinas, etcétera. Serán 75 mil m2 de viviendas suntuosa, a un valor de 10.000 dólares el m2, donde no vivirá jamás nadie que realmente necesite una casa. Son para la especulación y el resguardo de valor, como ocurre con Puerto Madero, donde la mitad de los departamentos están deshabitados.

Por supuesto, la rezonificación es totalmente ilegal. La Constitución porteña dice taxativamente que el entorno ribereño tiene que ser público y abierto. No se puede privatizar ni concesionar. Por el contrario, una vez vencidas las concesiones preexistentes -Punta Carrasco, Costa Salguero- se debería liberar el terreno.

La enajenación de la ribera del Río de la Plata empalma con el “Distrito Joven”, “una zona de recreación diurna y nocturna” sobre tierras fiscales que votó a dos manos oficialismo y oposición hace un par de años. La muerte de cinco chicos por exceso de drogas y falta de agua en una fiesta en Costa Salguero –“propiedad” de Carmen Polledo, diputada y dirigente macrista- es buena muestra de que clase de divertimento reserva la burguesía a la juventud.

La farsa de la ciudad verde

Con la privatización de Costa Salguero, el gobierno de Rodríguez Larreta quita a la Ciudad un posible y enorme parque costero, capaz de duplicar el índice de espacio verde por habitante en una de las dos ciudades con menos m2 de verde por habitante de América latina (la otra es Lima). Mienten que preservarán un sector público de parque: el Colectivo de Arquitectas -432 profesionales que denunciaron el proyecto y pidieron su archivo- demostró que están reservados al uso interno de los propietarios.

Patente de corso en las tierras públicas

Pero la bandera de remate fue más lejos: el oficialismo también logró la aceptación de tres convenios urbanísticos que violan el Código de Planeamiento Urbano y permiten excepcionalmente construir torres en predios de Puerto Madero, Villa Crespo y el Campo de Polo de Palermo.

Estas “excepciones” se repiten por cientos en la Ciudad. Lo inédito es que esta vez las tres constructoras no pasaron la coima por debajo de la mesa, sino que cambiaron orondamente el permiso por un aporte de 6 millones de dólares al gobierno porteño. Dicen que los usarán para un monumento a las víctimas de la AMIA y para gastos ocasionados por la pandemia. Es apenas un vueltito: los terrenos en cuestión fueron del gobierno nacional, que los cedió a la Ciudad. Y Larreta los vendió a un tercio de su valor, según investiga la Justicia.

En la última década, 200 hectáreas de tierras fiscales porteñas fueron malvendidas a los privados. En el mismo período, en la Ciudad se construyeron más de 9 millones de m2. Sin embargo, aunque la población se mantiene estable desde 1970, el proceso fue acompañado por una meteórica concentración de la propiedad urbana, y una “inquilinización” que llevó a que el 36% de los porteños alquile. Mientras hay por lo menos 340.000 viviendas vacías, cientos de miles viven en las villas, los hoteles o directamente en la calle.

La propiedad es intocable, incluso ante la peor de las emergencias: ni una vivienda desocupada fue puesta a disposición de la población villera, aunque los contagios del coronavirus producto del hacinamiento y la falta de agua les costara la vida. El voto de hoy va a contramano de todo lo que necesita la población, viviendas populares y áreas verdes que ayuden a defender la salud en un contexto mortífero.

Sus ejecutores son los mismos que se enardecen pidiendo el desalojo de los trabajadores que ocupan tierras como en Guernica o Bariloche.

Como siempre, es ellos o nosotros.

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