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El próximo 10 de noviembre se cumplirán dos años de impunidad por el asesinato de Agustina Fernanda Nieto. Sin avances en la investigación ni noticias sobre el paradero del único imputado, su familia continúa denunciando a la justicia y el rol del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en el encubrimiento de los responsables a través de maniobras en el peritaje. Los datos aportados por la familia dan cuenta de un crimen mafioso a manos de un policía vinculado al narcotráfico.
Una investigación irregular
El cuerpo de Agustina fue hallado sin vida en un aguantadero de Bº San Benito, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. La causa tiene imputado a Joaquín Viñabal por “femicidio”, a pesar de que su ADN no coincidiera con el hallado en la escena. Por este motivo, ya desde 2019 se barajaba la posibilidad de que sea liberado por no existir pruebas que lo incriminaran más allá de sus declaraciones.
La causa pasó de las manos del fiscal Pablo Paz a las de la fiscala Lujan Sodero Calvet, quien tuvo a su cargo varias de las causas de gatillo fácil producidos bajo el gobierno de Urtubey que hasta hoy siguen impunes. En función de ese rol fue nombrada Directora del CIF por Gustavo Sáenz luego de su asunción. Ni como fiscala ni como Directora, Sodero produjo avances en la investigación, que encierra irregularidades que van desde el establecimiento de una fecha de deceso falsa (que fue desmentida por filmaciones y por testimonios de allegados a la familia); manchas negras de piel carbonizada que intentan presentarse como “quemaduras de sol”; hasta la incapacidad de determinar si hubo violación ya que, según el CIF, el cuerpo se descompuso a una velocidad anormal, a pesar de que no permaneció siquiera 24 horas en la escena. Hoy la causa volvió a pasar de fiscal, quedando en manos del fiscal Osorio.
La imputación sobre Viñabal se realizó sobre la hipótesis de que trató de asaltar y violar a Agustina, pero su familia halló testigos que involucran a un policía y colocan a Viñabal como su informante. Tal policía habría actuado en represalia por el robo de un paquete de droga por parte de la víctima. Sin embargo, la fiscalía sostiene el caso como un femicidio – es decir, un crimen contra Agustina por su condición de género, para intentar velar la impunidad con la que opera el crimen organizado a partir de sus vínculos con el poder político. Ni siquiera el supuesto asalto tiene bases sólidas porque Agustina tenía todas sus pertenencias, incluidas sus zapatillas, que era lo único de valor que poseía al momento del crimen.
El Estado es responsable
En vez de la apertura de otra línea de investigación, la familia sólo ha recibido la visita y las llamadas del Subcomisario Bautista en un intento de quebrar la denuncia pública que, audazmente, colocan sus hermanas en cada jornada contra los femicidios y el gatillo fácil. El esclarecimiento del crimen y el juicio y castigo a todos los responsables implica un choque directo con un régimen descompuesto que gobierna y ha gobernado la provincia. En este marco el apoyo incondicional a la lucha de los familiares de Agustina debe extenderse también con la coordinación de los familiares de víctimas de femicidios y gatillo fácil en la provincia. Por peritos de parte electos por la familia y costeados por el Estado para llevar a fondo una investigación independiente, por jueces y fiscales electos y revocables por el voto popular, y el desmantelamiento de las cúpulas policiales. Por un Encuentro Provincial contra la Impunidad. Justicia por Agustina Nieto y todas las víctimas.
