Tiempo de lectura: 2 minutos
Con el aval del ministro Trotta, se aprobó el llamado “Plan Jurisdiccional” presentado por el gobierno de Axel Kicillof, que constituye un verdadero salto en la política de apertura de la cuarentena.
Se trata de un esquema de “retorno escalonado” que sigue las directrices de la resolución 370/2020 del Consejo Federal de Educación, encabezado por Trotta e integrado por los ministros de Educación de las 24 provincias.
De este modo, se aprestan a abrir las escuelas en 24 distritos bonaerenses, considerados de “bajo riesgo epidemiológico” – Chivilcoy, Daireaux, Saavedra, Bragado, Tres Lomas, Lobos, Lezama, Salliqueló, Alberti, General Lavalle, Adolfo Alsina, Monte Hermoso, 9 de Julio, Puan, 25 de Mayo, Tordillo, Guaminí, Monte, General Lamadrid, Rauch, Florentino Ameghino, Carlos Tejedor, González Chaves y Chascomús. Un segundo grupo de distritos considerados de “riesgo medio”, cuyos nombres no se han divulgado, también comenzarán a implementar acciones presenciales. Finalmente, el gobierno pone en marcha un mecanismo de presión para avanzar en el conjunto de la provincia.
En momentos donde la pandemia se encuentra en desarrollo exponencial, con 15 mil nuevos casos diarios y 500 muertes, la reapertura de los centros educativos constituye una política criminal. En especial si consideramos que el sistema sanitario se encuentra colapsado.
Este “plan jurisdiccional” es parte de una política troncal, que sigue la línea del “semáforo” de Trotta, pero arranca con el protocolo de las “aulas burbuja”; y aún más, con la negativa a suspender las clases presenciales, que solo fue impuesta en marzo a partir de una cuasi rebelión de la base docente. Es claro que las varias tentativas de Larreta por volver a la presencialidad, del otro lado de la General Paz, y la política bonaerense conforman una orientación única.
Los grandes convidados de piedra somos nuevamente los docentes, los auxiliares, los alumnos y sus familias. No se ha producido el tan anunciado “reacondicionamiento de los establecimientos educativos”. La inversión en soportes tecnológicos e informáticos para alumnos y docentes es igual a cero. Sólo el completo sometimiento de Suteba y del FUDB permite que se avance en este atropello.
Bajo la presión de la crisis de conjunto (pago de la deuda, eliminación del IFE, recorte de subsidios, etc.) se pretende que los chicos vayan a la escuela para que sus padres se reincorporen plenamente al sistema productivo. La “vuelta a la normalidad” no tiene motivación pedagógica ni sanitarista, sino que forma parte de una política en favor del gran capital.
La experiencia de reapertura de escuelas en otros países del mundo, especialmente en Europa, hablan retrocesos, pues dicha reapertura obra como un factor importante de propagación de la pandemia en aquellas regiones donde el virus no se ha podido controlar (algo que en cambio sí ocurrió en países como Corea del Sur o China)
Los Sutebas Multicolores han resuelto rechazar cualquier intento de regreso a las aulas, exigiendo además “que cualquier protocolo y el Plan de Obras e Infraestructura para las escuelas sea discutido con las organizaciones gremiales y comunidad educativa, bajo el control de las Comisiones de Seguridad e Higiene por distrito y por escuelas, conformadas por docentes, auxiliares, estudiantes y familias”
