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La Brigada de Investigaciones protagonizó el miércoles pasado un atentado contra referentes de Ampliación Parque La Vega cuando regresaban al asentamiento luego de una reunión en Casa de Gobierno. A mitad del camino, civiles encapuchados y armados detuvieron el auto donde se encontraban Yuthiel Alderete junto a sus compañeros. A punta de pistola los hicieron bajar, los violentaron sin ninguna explicación ni identificación, llevándose secuestrado a Yuthiel y sustrayéndoles los celulares.
La rápida acción y la denuncia pública les permitió conocer a todos que Yuthiel se encuentra detenido “por orden de los Juzgados de Garantías 2 y 4, por distintas causas en trámite que investigan la comisión de delitos tales como amenazas, coacción, robo y otros” (El Tribuno, 14/10). Durante la tarde, mientras la noticia repercutía en todos los medios la policía se concentraba, cual matones, en las inmediaciones del predio con los carros de infantería. En la mañana del día siguiente volvieron a exigir la liberación inmediata con cortes y movilizaciones, y denuncian las causas armadas por el Estado.
Se trata de un nuevo operativo de amedrentamiento por parte del gobierno de Sáenz, quien hace 5 meses no da soluciones al reclamo de las 1.100 familias.
Reclaman vivienda y Sáenz solo tiene represión
La provincia tiene actualmente un déficit habitacional estimado en 75 mil familias sin techo. La pandemia agudizó el problema de la vivienda en todo el país. En lo que va de la cuarentena se han producido tomas de terrenos en la ciudad y el interior que fueron brutalmente reprimidas, incluso de forma ilegal, por la noche, sin orden judicial. Con la represión Sáenz busca sostener un régimen caduco del uso del suelo para el interés privado. Mientras miles de familias son arrojadas a la toma de terrenos, el Estado garantiza tierras para la especulación inmobiliaria y la expansión de la frontera agropecuaria, incluso a costa del desmonte ilegal y los incendios forestales.
La caída de los salarios, los despidos y suspensiones durante la cuarentena, golpearon aún más la posibilidad de sostener los alquileres para vivienda, que se llevan más del 40% de los ingresos de una familia trabajadora, sin contar expensas y servicios. El decreto de “congelamiento” no sirvió para revertir esta situación, solo prorroga el pago de los aumentos. Mientras que las cámaras empresariales del turismo, la construcción y las inmobiliarias reciben beneficios millonarios y exenciones impositivas de hasta el 100%, los trabajadores precarizados y desocupados son condenados al hacinamiento o a la toma de pequeñas parcelas montadas con plásticos para sobrellevar la cuarentena con sus hijos.
El asentamiento de Ampliación Parque La Vega viene resistiendo todos los embates del gobierno, desde la represión hasta el intento de cooptación con “mesas de dialogo” que sólo significaron largas esperas sin soluciones. Sáenz intentó usar los centros vecinales dirigidos por sus punteros políticos, como es el caso de Barrio San Remo aledaño a la toma, para colocar a los vecinos de Salta contra el asentamiento. Pero fracasa en este cometido en la medida en que Ampliación Parque La Vega concentra y expone todas las problemáticas de las barriadas, desde la falta de acceso a la vivienda, a la obra pública, hasta el hambre. En el asentamiento funciona un merendero que sostienen los propios vecinos para garantizar colectivamente el alimento para los niños y abuelos. Fue luego de fracasar con la caravana anti-toma que el gobierno procedió a detener a Yuthiel con los métodos de la dictadura.
Los vecinos enfrentan un Estado más quebrado que antes y un gobierno asediado por luchas ante la crisis de la gestión capitalista de la pandemia, la muestra de ello es Orán. En esta pulseada contra Sáenz llamamos a profundizar la solidaridad con la lucha del asentamiento. ¡Libertad a Yuthiel Alderete! y que caigan todas las causas truchas. Por un plan de vivienda universal e integral, bajo control obrero.
