Rebelión en Aguaray: Sáenz le soltó la mano al intendente para que no lo eche una pueblada

Escribe Mariela Álvarez

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Después de haber sostenido al intendente Enrique Prado durante meses, el gobernador Sáenz y la legislatura salteña decidieron intervenir el municipio de Aguaray hasta el año 2021.

La intervención se precipita debido a que la población comenzaba a organizarse por sus reivindicaciones y contra el desmanejo del municipio, pero es una intervención contra el pueblo trabajador de Aguaray y sus demandas. Un intento por cerrar, en nombre de “la paz social”, la deliberación popular de los aguarayenses. Oficialistas y opositores tratan de ocultar sus responsabilidades por la miseria, la desocupación y la delincuencia de los que gobiernan y han gobernado vaciando las arcas del pueblo como el ladrón de Enrique Prado. El destituido intendente está acusado del robo de 37 kilómetros de caños del gasoducto NEA-NOA.

La intervención no resolverá en absoluto el pliego de reclamos de los vecinos de Aguaray. Todo lo contrario. Ninguno de los partidos patronales que votó la intervención quiere la apertura de los libros contables ni nada de lo que exige el pueblo. La defensa férrea de los legisladores por “restablecer el orden institucional” es un llamado a apagar un incendio político para no ser alcanzados por sus llamas. Recién ahora se desmarcan de Prado, quien solo pudo llegar y mantenerse durante todo este tiempo al frente del municipio con la venia del régimen del pago de la deuda fraudulenta, del hipotecamiento de la coparticipación, de los prepuestos de pobreza y del vaciamiento del sistema de salud pública.

El interventor Adrián Zigaran, hasta ahora secretario de Participación Ciudadana en el gabinete de Sáenz, anunció que “evaluará” si el municipio está “sobredimensionado” en su planta de trabajadores. Consultado por los recursos que necesitará y la relación con las empresas locales, dijo que “las riquezas de las empresas del norte son un mito, que están pasando un mal momento” (El Tribuno, 17/10). Es decir que el hombre de Sáenz va por despidos en la planta de trabajadores municipales y no estará dispuesto a gravar s las grandes actividades económicas de la zona como los sojeros que especulan con la devaluación.

La intervención llega ahora porque una eventual caída de Prado ante movilizaciones populares no sólo hubiera sido un golpe a todo el régimen, sino que también hubiera habilitado a que ese pueblo organizado vaya a las urnas con una conciencia superior sobre el rol de las fuerzas políticas patronales en la cristalización y agudización de la miseria social y cómo poner fin a esta situación.

Sáenz está asediado por la crisis humanitaria, pero no está dispuesto a arriesgar los beneficios de las patronales y la oligarquía salteña. Por lo tanto, todo recurso que pueda conseguir será destinado a salvar a estos últimos y no a los vecinos de Aguaray y los trabajadores de la provincia que mueren por covid-19 y de hambre.

Ante un interventor que no votó nadie, los vecinos debemos imponer nuestras demandas y un gobierno realmente responsable ante el pueblo, para lo cual debe ser electo y sujeto a revocatoria por el propio pueblo.

Que se satisfagan todos los reclamos como la apertura de los libros contables, presupuesto para equipar el hospital local, presupuesto para los merenderos que palean el hambre de ciento de familias, pase a planta de todos los trabajadores municipales eventuales y contratados para acabar con la precarización y desocupación. Organicemos asambleas por barrios y lugares de trabajo para imponer nuestras reivindicaciones más sentidas ante la maniobra de la intervención.

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