Jujuy: Morales reprime y desaloja a originarios en favor de sus funcionarios

Este martes, y con la celeridad que no existe para la búsqueda de jóvenes desaparecidas, la policía jujeña montó un feroz operativo represivo para desalojar a la comunidad originaria Tusca Pacha de sus territorios ubicados en Palpalá. La represión dejó a varios habitantes golpeados y heridos de bala de goma. Además, se detuvo violentamente a cuatro de sus referentes, liberados en la tarde de ayer. Tres de ellos fueron imputados por “resistencia a la autoridad”.

Las 100 familias originarias, ubicadas hace más de 50 años en dos hectáreas al margen del río Los Alisos, sufren desde abril del 2019 el hostigamiento policial y judicial en nombre de la inmobiliaria Sucre, que se arroga ser propietaria de esa porción de tierra, aun cuando desde el 2015 el Concejo Deliberante de Palpalá los declaró “área de producción periurbana de agricultura familiar”, en reconocimiento a la actividad histórica de la comunidad que los habitaba hasta ayer.

Ante varias interposiciones judiciales por parte de la comunidad de Tusca Pacha, el juez provincial Jorge Zurueta se vio obligado a suspender varias veces el desalojo. Sin embargo, el lobby inmobiliario y su entrelazamiento con el poder político terminó imponiéndose. La inmobiliaria Sucre cuenta entre sus dueños al secretario de relaciones y asuntos municipales de la Provincia, Javier Gronda. Al desalojar, el juez Zurueta desconoció un pedido de suspensión emitido por el Instituto Nacional de Asuntos indígenas hasta tanto se determine la propiedad comunal del territorio en cuestión. La justicia de Morales viola flagrante mente la ley nacional 26.160, que prohíbe los desalojos sobre terrenos en disputa habitados por comunidades originarias.

Este miércoles, rodeada de un fuerte operativo policial, comenzó a actuar una topadora contratada por la inmobiliaria Sucre para derribar las casas de la comunidad, cuando aún está abierto un proceso judicial sobre la propiedad de estas tierras. Los dirigentes de la comunidad denuncian que ni la policía ni la inmobiliaria ha presentado autorización judicial alguna para proceder a arrasar con sus viviendas.

Este desalojo se suma a otros que se han realizado sobre diversos asentamientos que se han producido en la provincia durante la pandemia. Todos ellos fueron consumados con brutales represiones. El lobby inmobiliario ha mostrado sus dientes y su entrelazamiento con el poder del Estado para enfrenar represivamente la urgente demanda de tierras y vivienda en una Jujuy en donde el déficit habitacional afecta 32 mil familias. El caso de la comunidad de Tusca Pacha es más grave aún porque directamente se destruye 100 viviendas, una huerta comunitaria y un maizal.

Devolución inmediata de sus territorios históricos a la comunidad de Tusca Pacha. Resarcimiento inmediato por la destrucción de sus viviendas y sus fuentes de subsistencia. Eliminación de las causas armadas a sus dirigentes. Por el respeto de los territorios de las comunidades originarias y por el acceso universal a la vivienda. Organicémonos por la satisfacción de todas estas reivindicaciones, que son incompatibles con el régimen político de Morales, los grandes terratenientes y los especuladores inmobiliarios.