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El flamante gobierno despliega una habilidad comunicacional que supera largamente su capacidad para hacer frente a una crisis capitalista que tiene las características de una bancarrota generalizada. Los trabajadores no nos debemos dejar engañar por semejante estafa.
El anuncio de un aumento de salarios de $3 mil pesos en enero y otros mil en febrero (que se cobrarán al mes siguiente) es esgrimido como una concesión social significativa, sin reparar que las primeras informaciones oficiales anunciaban subas de $9 mil pesos, que quedaron en la nada por presiones patronales como, más específicamente, de grupos financieros. Esos cuatro mil pesos serán descontados más adelante, de las escalas salariales que se convengan en las paritarias. Hasta entonces, este aumento de suma fija no compromete a los aportes patronales de distinto orden.
El oficialismo presenta el aumento como un aporte excepcional para mitigar el deterioro de los salarios por la inflación. El argumento encubre un fenómeno fundamental para el movimiento obrero, que es la convivencia de paritarias anuales con una inflación del 60 por ciento en el mismo período. Salvo que existan cláusulas gatillo, como máximo en el trimestre, el convenio anual implica una confiscación colosal de la fuerza de trabajo. Los cuatro mil pesos, en cuotas, que se acaban de establecer por decreto, no mitiga en nada esa expropiación de los ingresos de los asalariados. La consigna de la escala móvil de salarios, o sea la cláusula de ajuste automático por inflación, debiera estar inscripta en todos los convenios.
Pero es precisamente esto lo que quiere evitar el gobierno de los Fernández, que denuncia a la movilidad jubilatoria como “inflacionaria”. Es lo que aprendió el ministro Guzmán en la Universidad de Columbia, y lo que recibió como legado de su tutor, el premio Nobel Joseph Stiglitz, un ‘progresista’ que se acomoda a las circunstancias. Argentina tiene una docena de interpretaciones acerca de la inflación, desde la emisión de moneda al aumento salarial, pasando por el monopolio de los supermercados, pero ninguna hace referencia al déficit fiscal que provoca el pago de intereses y la amortización de la deuda pública, que sin embargo crece en espiral a medida que es cancelada.
El aumento de los Fernández responde al propósito, precisamente, de evitar una lucha por el adelanto generalizado de las paritarias como consecuencia de la pérdida salarial que provoca la carestía. Este es, sin embargo, un aspecto, importante pero sólo uno. Es que al mismo tiempo ha vuelto el IVA a los bienes de consumo de extrema necesidad y una tanda de impuestazos al ingreso de los trabajadores – ingresos brutos, a la vivienda, el ABL y otros gravámenes municipales. Las oficinas técnicas del gobierno no han ofrecido el monto que esto representa, y el impacto en el salario, menos aún. Como consecuencia de la inflación, el impuesto al salario (cuarta categoría) abarca a un universo mayor de trabajadores. Esto no debiera sorprender, porque fuera CFK la que inventó este procedimiento para ‘desendeudar’ a Argentina.
La política confiscatoria por medio de decretos se encuentra admitida, es verdad, por la ‘la ley solidaria’ (dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces). Pero, en realidad, pone de manifiesto el funcionamiento de un ‘pacto social’ de hecho, que va desde la Asociación de Empresarios y el macrismo, hasta el peronismo y la burocracia sindical. Es cierto que se trata de un blindaje que no ha sido sometido aún a la prueba de las balas, pero es esencial al régimen político actual. Lo prueba el recule de Kicillof ante los grandes propietarios y el macrismo en lo relativo a la progresividad del impuesto a la propiedad. Gustavo Posse, el intendente vitalicio de San Isidro, no vaciló en reclamar que se le dé a Kicillof los instrumentos de gobierno. Ocurre que la provincia de Buenos Aires está al borde de un default, que comprometería la negociación de la deuda externa con el FMI y los bancos y fondos internacionales.
En definitiva, si no queremos hundirnos más en la pobreza es necesaria una campaña para el adelantamiento inmediato de las paritarias, e imponer en ellas la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que las patronales se hagan cargo del impuesto que los grava, hasta su eliminación legal.
