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Los reclamos por tierra y vivienda se esparcen por la provincia de Buenos Aires como reguero de pólvora. A la gran toma de Guernica se le van sumando diferentes conflictos en toda la provincia. La crisis del covid ha empujado todas las contradicciones hacia adelante, acelerando y combinando diferentes aristas de la crisis.
El martes 20 se llevó a cabo una sentada dentro del palacio municipal de Olavarría por parte de manifestantes pertenecientes a la Mesa de Emergencia, que mantienen un acampe desde hace más de 20 días en reclamo de techo digno. La medida, que se había votado en la tercera asamblea por la vivienda, tenía como objetivo ser recibidos por el intendente, quien se negó a tener una reunión con los manifestantes, poniendo como condición que se levante el acampe. En 2016, Galli (Juntos por el Cambio) reconocía un déficit habitacional de 3000 viviendas en la ciudad. Estos números se han agudizado al calor de la crisis. Galli utilizó la coartada de que los manifestantes querían ´usurpar´ el edificio municipal. La misma situación se da en Pergamino, donde por presiones del intendente Martinez, el Fiscal Mastorchio, judicializa el acampe por vivienda que se desarrolla frente al palacio municipal, imputando a los acampantes de usurpación de predios públicos. Este modus operandi busca ocultar el verdadero carácter de los conflictos. Intendentes y dirigentes de Juntos por el Cambio, como el ex ministro de seguridad de Vidal, Cristian Ritondo salieron a denunciar la “usurpación” del edificio.
La medida de lucha fue levantada cuando se comunicó que el ejecutivo tuvo que acceder a la realización de una reunión con los manifestantes.
Asambleas por la tierra y la vivienda
Ante la situación actual, se impone impulsar asambleas con mandatos por barrio, que discutan un plan integral con relación a la vivienda y que tengan como instancia superior una asamblea en la que confluyan todos los reclamos ante el déficit habitacional. La toma de tierras tiene límites insalvables, que a partir de la deliberación deben sortearse.
En primer lugar, se debe llevar adelante un empadronamiento de todos aquellos que necesiten una vivienda y a partir del mismo crear un banco de tierras y viviendas ociosas. El gobierno municipal tiene la potestad de llevar adelante expropiaciones y declarar de utilidad pública la tierra ociosa y que sean destinadas a la construcción de viviendas populares, por medio del acceso al crédito, que no puede superar el 10% del salario sostén de una familia.
El método es el de la asamblea y la deliberación de los vecinos y trabajadores, para que tomen en sus manos los problemas más acuciantes de los trabajadores, como lo son el déficit habitacional, la alimentación y la falta de trabajo.
