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El Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó un "Régimen Especial de Sanciones" que consiste en una lista de ítems de multas que van desde quienes no usen tapabocas al ingreso de comercios o lugares cerrados ($2.000/$10.000), pasando por quienes incumplan la modalidad de circulación según terminación de DNI o tengan reuniones sociales ($10.000/$50.000) hasta a los comerciantes que desentiendan todas estas disposiciones ($20.000/$200.000). Con este decreto el gobierno además de criminalizar a la población se arroga la bandera de "hacer frente a la propagación del covid-19".
La primera línea
Los trabajadores de la salud en la provincia tienen otra opinión respecto a los responsables de propagar el virus. La sobrecarga horaria de camilleros que tienen que hacer de guardia por falta de personal o enfermeros/as residentes precarizados y sin equipamiento adecuado de protección personal, expuestos al contagio, delata una total renuncia del Estado a prevenir y resguardar a la población del contagio y las muertes que ya supera los cien.
La desidia del gobierno que se fue materializando en el transcurso de los meses con falta de controles, seguimiento, salarios, personal y equipamiento para salud, ahora pretende cargar de prepo con el mazazo de la ley de multas sobre el pueblo.
A todo esto, trascendió la renuncia de la jefa de Unidad de Terapia Intensiva, agotada por la falta de reconocimiento económico. Días atrás, una camillera denunciaba públicamente al gobierno por haberle depositado $1.980, habiendo laburado 240 horas con cargas horarias que no le correspondían. La difusión masiva del reclamo consiguió que les pagarán a los camilleros lo que les debían.
"Convivencia con el virus"
El decreto de multas, bien mirado, responde a un discurso más de conjunto de un régimen político impotente que gobierna el país. El trío Fernández-Kiciloff-Larreta ya había advertido en una de sus conferencias de prensa que había que aprender a convivir con el virus. De lo que se estaba hablando en aquella conferencia en realidad anticipaba que la desidia en el AMBA iba a trasladarse, junto a la ola de contagios, al interior del país, y no porque alguien haya entrado o no a un comercio con tapabocas, sino porque la orientación social del gobierno está en función del rescate de las empresas, la deuda, del capital, y no de la fuerza laboral de salud que carga con todo el desastre de la gestión capitalista de la pandemia.
Un hecho concreto que mostró lo primordial de rescatar al capital a costa de prevenir la propagación del virus en Santa Cruz fue la denuncia de hace dos semanas de la Agrupación Minera “27 de Julio Aoma”, que luego de casos positivos en el yacimiento minero, la empresa forzó el retorno al trabajo. Newmont Goldcorp incumplió el aislamiento obligatorio de sus trabajadores, ¡Que el gobierno multe a esos parásitos!
El decreto de multas debe ser repudiado porque es una provocación contra los trabajadores, que van sacando conclusiones de quiénes son los responsables de propagar el virus y atentar contra la salud y condiciones de vida de la población.
