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La semana pasada se conoció que un tribunal eclesiástico encontró culpable al ex capellán de la Universidad Católica de Salta, José Aguilera, acusado de cometer abusos sexuales contra al menos seis personas, tres de ellas menores de edad. Su caso se suma al de Emilio Lamas, acusado también por violaciones a menores de edad en los años 90. Ambas causas esperan la resolución de la Corte de Justicia salteña para que resuelva el pedido de la defensa de los acusados quienes solicitan la prescripción de los delitos que cometieron contra quienes eran niños y niñas en ese entonces.
Los juicios eclesiásticos son el modo de encubrir la descomposición de la institución clerical. Su carácter secreto, que se ampara en el derecho canónico reconocido por los estados de los países, es la garantía de impunidad de la pedofilia. Este mecanismo ha servido para disuadir, en la mayoría de los casos, a las víctimas para que no acudan a la justicia ordinaria y penal, ya que las mismas testifican bajo juramento de secreto pontificio con la extorción de ser expulsados de la Iglesia si se animan a hablar.
Causa Lamas, un punto de inflexión
En Salta, la lucha de los sobrevivientes de abusos eclesiásticos ha hecho estallar este mecanismo de impunidad con el que se maneja la iglesia y la han colocado contra las cuerdas. La denuncia de Juan Carlos García contra Lamas en la justicia ordinaria ha desnudado que las máximas autoridades de la curia salteña sabían de los abusos que cometieron contra él a los 14 años, desde el mismo día de los hechos, en el año 90. Lejos de actuar en ese momento, decidieron encubrir a Lamas y echar a Juan Carlos de la Iglesia.
Cuando Juan Carlos decide recurrir a la justicia penal y denunciar públicamente lo que le había hecho padecer la iglesia salteña, comenzaron a surgir las denuncias contra otros curas, que las víctimas no se animaban a denunciar hasta ese entonces. Así fue que se conocieron las denuncias contra el cura Balbi en Anta, el cura Aramayo en un barrio de la capital salteña, el cura Rosa Torino, el cura Aguilera y la denuncia de los mismos seminaristas de Orán contra el obispo Zanchetta. Todos protegidos durante décadas, ascendidos en sus cargos y cuyas investigaciones de la propia Iglesia, se encuentran en archivos secretos que guardan celosamente y que no ponen a disposición de la justicia. En el caso de Lamas, un fiscal tuvo que ordenar el allanamiento al Arzobispado de Salta para recuperar la información de tribunal eclesial que lo juzgó y encontró culpable. Actualmente, no han entregado los archivos de Aguilera, aunque lo encontraron culpable al igual que Lamas.
Por su parte, la justicia salteña también es cómplice de estos abusos por parte del clero. Todos los curas antes mencionados se encuentran gozando de libertad y hasta ejerciendo el sacramento, exponiendo a menores a las violaciones. La Corte de Justicia sigue demorando, hace más de un año, el pedido de juicio civil y penal a Lamas.
El abogado de Aguilera, Juan Casabella Dávalos, anuncio a diario El Tribuno, que apelaran la sentencia del tribunal en Roma. El letrado dice que su defendido sería víctima de una persecución de la curia salteña ya que Aguilera habría denunciado al propio arzobispo salteño, Mario Antonio Cargnello, en el Vaticano. Tales declaraciones develan el estado de crisis de la iglesia local y el grado de descomposición que atraviesa esta institución.
La misma Iglesia
Aunque la Iglesia en Salta intente mostrar que está "purgándose por dentro", en Catamarca la misma Iglesia Católica apeló el fallo de un Juez de Garantías que establece que en esa provincia los crímenes contra los niños y las niñas no prescriben, aplicando los tratados y convenios internacionales vigentes que los protegen. Esto responde a un intento desesperado para salvar al cura Moisés Pachado quien sigue siendo sacerdote a pesar de estar acusado del abuso sexual contra Ingrid Figueroa, quien tenía 9 años en el momento de los abusos.
Esta situación pinta de cuerpo entero el carácter encubridor de la Iglesia y la necesidad de impulsar una lucha en común de todos los sobrevivientes contra la prescripción de las causas. Desde Salta acompañamos a Ingrid este martes donde se conocerá la resolución si se hace lugar o no a la prescripción de la causa contra el cura Pachado. Desde ya acompañamos toda coordinación de lucha de los sobrevivientes para exigir justicia. Separación de la iglesia y del estado. No a las prescripciones. Apertura de los archivos de la iglesia. Elección de jueces y fiscales por el voto popular y de las víctimas.
Desmantelamiento del aparato judicial. Investigación, juicio y castigo a los responsables. Justicia para los sobrevivientes.
