Tiempo de lectura: 3 minutos
A través de un descomunal operativo de policía e infantería, Kicillof y el intendente Sujarchuk desalojaron a 60 familias en Escobar. Más de 200 personas, entre ellas un centenar de niñas y niños, jubilados/as, personas con discapacidad y enfermedades terminales, han quedado en la calle.
Hace 3 años, sesenta familias compraron un terreno en este barrio, recibiendo un boleto de compra-venta. A partir de ese momento, se dieron a la tarea de levantar sus viviendas. De a poco, a base de mucho trabajo y de solidaridad entre vecinas y vecinos, fueron convirtiendo el sueño de la vivienda propia en una realidad.
Este año, en el marco de la profunda crisis sanitaria, económica y social, las condiciones de vida de estas familias obreras, como el resto de las y los trabajadores, empeoraron velozmente. Por eso, decidieron abrir un merendero en el barrio, el cual sostienen de manera independiente del Estado y asistiendo a más de 150 niñas y niños por día. En dicho contexto de necesidad, hace una semana, las familias recibieron un aviso del Juzgado N°3 de Escobar; a cargo del Juez Marino. Allí, se les notificaba del desalojo para el dia 3. Supuestamente, aquel predio de 5 hectáreas tiene dueño; se trataría de Carlos Costa, hermano del senador Roberto Costa (PRO) y tío del edil escobarense del mismo partido. Una familia conocida en Escobar, fuertes empresarios del lucro inmobiliario.
Fue entonces que las familias decidieron emprender batalla en defensa de sus viviendas. En primera instancia, se movilizaron al Municipio, pero el intendente no los recibió. Quien atendió a las familias fue el secretario de gobierno Beto Ramil , quien declaró al gobierno municipal impotente frente al conflicto.
Ante esta negativa, las y los vecinos del barrio Stone realizaron dos cortes en Panamericana, exigiendo sea atendido su reclamo frente a la estafa, y por supuesto, en rechazo al desalojo. Fue recién en el segundo corte, que duró más de cuatro horas, que el gobierno municipal decidió convocar a una reunión a las y los vecinos.
En la reunión, los vecinos explicaron que habían sido estafados y solicitaron a los funcionarios “una mesa de diálogo” y la postergación del desalojo. El abroquelamiento del Estado en defensa de los intereses del sector empresarial-inmobiliario, fue total: el desalojo se llevaría adelante por las buenas o por las malas. Después de 2hs y media de reunión, los delegados del barrio comunicaron, al resto de las y los vecinos y organizaciones presentes en el lugar, el ofrecimiento del gobierno municipal: alojamiento indefinido en un hotel hasta que encuentren donde vivir; presentando los boletos de compra-venta, el reembolso de las sumas que hubieran pagado por los terrenos; asimismo, presentando las facturas correspondientes, se les reintegraría el dinero de los materiales de la construcción que hubieran comprado para edificar las viviendas y vehículos para transportar sus efectos personales a “algún lugar” para ser “resguardados”. Entonces, si firmaban el compromiso en acuerdo según lo ofrecido, el desalojo se realizaría “de manera pacifica”. Así, pusieron a las y los vecinos contra la espada y la pared no dándoles ninguna otra opción que abandonar sus casas. Los funcionarios rechazaron el reclamo de los vecinos de “tierra” por “tierra”, o sea, de un lote donde vivir a cambio del que habían pagado.
Escobar tiene más de 250000 habitantes. En el distrito no existen planes de viviendas ni proyectos de urbanización para los asentamientos y barrios. La cuarentena ha expuesto el problema del hacinamiento en viviendas precarias y con falta de acceso a los servicios esenciales. Asi como en el caso del Sanatorio Plaza, el cual fue cerrado durante la pandemia, Ariel Sujarchuk (TODOS) cuida y defiende los intereses de los pulpos inmobiliarios del distrito, por encima de las necesidades más urgentes de las y los trabajadores; vulnerando los derechos del conjunto de la clase trabajadora escobarense, incluidos miles de niñas y niños del distrito.
El accionar del gobierno municipal de Escobar, se inscribe en una política más general; la cual, como claramente demuestra Guernica, intenta disciplinar y deja de manifiesto la incapacidad del Estado para dar una respuesta al problema de la tierra y la vivienda.
Desde el Partido Obrero (t) repudiamos el desalojo de las familias del barrio Stone avalado y defendido por la Provincia y el Municipio; y hacemos responsables a Sujarchuk, Ramil y a todo el gobierno municipal por la integridad física de las familias. TIERRA PARA VIVIR. EL ESTADO ES RESPONSABLE.
