Cárceles bonaerenses: reprimen reclamos por el retorno de las visitas y las condiciones de encierro

En distintas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, se vienen sucediendo una serie de protestas por parte de los detenidos que van desde la denuncia de las condiciones inhumanas de las cárceles hasta el reclamo por el retorno de las visitas. La respuesta del gobierno de Kicillof y el Servicio Penitenciario fue la represión.

Las visitas se suspendieron el 12 de marzo, una vez iniciado el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por la pandemia de covid-19. Para los reclusos, la instancia de visita de sus familiares no sólo es muy importante en sentido de sostener sus vínculos afectivos en contexto de encierro sino que también significa el acceso a alimentos y elementos de higiene dado que la comida de los penales es incomible y escasa. A la suspensión absoluta de toda visita se suma al hacinamiento, la superpoblación -casi 50 mil reclusos cuando hay plazas para 24 mil-, la falta de insumos de higiene y limpieza, las enfermedades comunes y la dificultad para implementar cualquier tipo de protocolo de sanidad para contener el contagio del Covid 19. A esta realidad de le agrega la desidia de los jueces de ejecución en el otorgamiento de los institutos liberatorios en tiempo y forma a los reclusos que correspondiera.

Transcurridos casi ocho meses de la medida, la suspensión de las visitas se tornó insostenible, mental y físicamente, para los detenidos que buscaron visibilizar la situación a través de distintos levantamientos. Las restricciones de la cuarentena se han suspendido, de hecho, en el ámbito laboral y la circulación, pero no se adoptó ninguna medida para morigerar el aislamiento absoluto de los presos.

Tras las protestas, Xavier Areses, director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), decidió retomar las visitas a fines de octubre, pero inmediatamente dio marcha atrás. Esto generó nuevos levantamientos en los penales de Florencio Varela, San Martín y Barker. El SPB respondió con una represión bestial que significó más de 1.000 heridos presos heridos y la destrucción de los centros universitarios y bibliotecas de la Unidad Penal 48, que depende la Universidad de San Martín, y del centro Universitario de la Unidad 31 de Florencio Varela. Estuvieron circulando videos donde se puede ver al SPB disparando balas de goma dentro de las celdas y contra los familiares que reclamaban fuera de los penales.

Desde la Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos. José Luis Caligari, sostuvo que lo sucedido “fue uno de los hechos de violencia más graves del sistema carcelario en democracia”. También se pronunciaron en repudio diferentes organismos de Derechos Humanos, el Centro Universitario Universidad San Martín (CUSAM), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Sindicato de Docentes y Educadores en Contextos de Encierro (Sidece) y hasta los capellanes que trabajan en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Xavier Areses, director del SPB, es responsable junto a su jefe político, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, y el gobernador Axel Kicillof, de no haber dado una respuesta positiva a los reclamos más que justos de los reclusos. La única respuesta del gobierno bonaerense es la represión, las balas, los gases que no hace más que recriminalizar a la población carcelaria sometiendola a condiciones inhumanas de encierro.