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Un reconocido luchador de la docencia de la UBA, Julio Bulacio, ha presentado un pedido a la asamblea de la AGD UBA para que Axel Kicillof, afiliado y ex integrante de la gremial de AGD Económicas, sea expulsado del sindicato por su responsabilidad directa en la represión de Guernica.
La denuncia de Bullacio es incontrovertible. El tema Kicillof excede incluso su rol político en Guernica. Kicillof fue ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, es decir que pasó a la vereda de enfrente del sindicalismo, al estado-patrón. En su posición ministerial fue el gerente de toda la clase capitalista, responsable por las devaluaciones, y –como el propio Bulacio recuerda-, encargado de ajustar los presupuestos y salarios universitarios – aunque no solamente de ellos.
Es patente la incompatibilidad entre la pertenencia a un sindicato de trabajadores universitarios, de un lado, y la gestión política del Estado capitalista, con independencia incluso de la política anti-salarial y anti-educacional Es una cuestión de principios, que la burocracia sindical de los Pedraza, Cavallieri, Moyano, Barrionuevo y tantísimos otros han cruzado hace mucho – convertidos en empresarios de la propia rama sindical y personeros de las secretarías de estado vinculadas a sus intereses.
La admisión de ministros o mandatarios en el padrón de afiliados plantea una objetiva intervención del Estado en el sindicato de trabajadores. Por otra parte, la circulación entre el sindicato y la gestión política del Estado, abre la puerta al carrerismo, donde la pertenencia al sindicato y la ocupación de cargos gremiales en la AGD, constituirían un peldaño para una futura carrera en el aparato del estado. En este caso, el “gobierno tripartito” sería un método de cooptación, y no una reivindicación transitoria hacia el gobierno autónomo de estudiantes y docentes. Hasta la propia burguesía debe admitir una distancia en estos entuertos, cuando un funcionario se aparta de sus actividades particulares invocando los “conflictos de intereses”.
Todo esto precede a la grave cuestión de Guernica y, en cierto modo, va más allá del caso particular de Kicillof. Pero no caben dudas que la represión a los ocupantes de tierras, coloca todavía más agudamente la cuestión señalada por el compañero Bulacio. Kicillof debe ser expulsado de la AGD y debe tener un lugar un debate y una definición sobre esta cuestión de fondo, que hace a la independencia del sindicato respecto del Estado.
