Escribe Olga Céspedes
Tiempo de lectura: 2 minutos
Los familiares, amigos y vecinos de Melina Flores se movilizaron el pasado miércoles 18 en La Merced, un pueblo ubicado a 30 kilómetros de la capital salteña, para exigir justicia por la joven asesinada por su pareja.
Óscar Rodríguez llevó a Melina, con engaños, a un descampado donde la acuchilló. Creyendo que había logrado su cometido, abandonó a la joven y se dirigió a su casa donde intentó suicidarse, sin éxito. Un vecino encontró a Melina y dio aviso para que fuera trasladada al hospital San Bernardo donde finalmente murió hace cuatro días. Rodríguez también se encuentra hospitalizado y detenido en el mismo nosocomio.
En Salta se produjeron tres femicidios en tres días consecutivos. El 14 de noviembre, Valeria Liendro fue ultimada con un arma de fuego por su ex pareja, Paola Maita, quien luego se quitó la vida. El 15, se encontró el cuerpo de una mujer de aproximadamente 17 años en un descampado en un barrio de la capital salteña, aún no se conoce su identidad. El 16, falleció Melina por el ataque por parte de Rodriguez.
Las diferentes movilizaciones que vienen desarrollándose en la provincia por justicia para las víctimas de femicidio e impunidad son la muestra de la responsabilidad del estado, en todo orden. El estado y sus gobiernos de turno han garantizado estos femicidios -12 en lo que va del año-, a través de sus propias acciones y omisiones. No toman las denuncias de las víctimas o las archivan; la propia policía es la femicida, ya que hay más de 500 efectivos de la policía denunciados por violencia doméstica. Los jueces y fiscales cajonean las causas y hasta benefician a los agresores otorgando la custodia de los hijos de la víctima a los abuelos paternos, como el caso de Liliana Flores, quien fue asesinada por un agente de la policía durante una consigna policial.
Hace nueve años que Salta mantiene “la emergencia por violencia de género” y el resultado es un completo fracaso. El gobierno de Urtubey y luego el de Sáenz se han dedicado a crear cargos para sus compromisos electorales en materia de género – Observatorio de la Mujer, Polo Integral de la Mujer, una policía al frente de la jefatura, etc. No resolvieron nada ni lo harán. El problema está en que el estado femicida, de carácter oscurantista, y su sociedad con la iglesia salteña para disciplinar a las mujeres. Aquellas que osamos rebelarnos de esa opresión, somos asesinadas. Las ocho mujeres y sus 23 niños desalojados por la policía de Sáenz son la expresión de esa rebelión que las llevó a salir del hogar de sus agresores y organizarse para pelear por la tierra para vivir.
Las conclusiones de las familias de las víctimas se acercan a que la organización y movilización son la única vía para hacer justicia y enfrentar al régimen femicida que sólo nos ofrece muerte. Por eso discuten organizarse en las barriadas, como las reuniones que tuvieron esta semana en los barrios de zona sudeste, en los merenderos de zona este y ahora en zona oeste donde las mujeres encabezan la lucha por la obra pública, la tierra y la violencia.
Este 25 de noviembre albergará todos los reclamos más sentidos de las mujeres explotadas que luchan a diario por subsistir frente a una pandemia y el fracaso de su gestión por parte del capital. La tierra para vivir, el acceso a la obra pública, el fin de la violencia es la agenda para este 25N. La movilización por justicia por Melina se inscribe en esta perspectiva de organización y lucha. Profundicemos con comisiones de mujeres en cada barrio, pueblo y lugar de trabajo para todos los reclamos y por nuestras vidas. Por un congreso de trabajadoras y trabajadores. Justicia por Melina Flores y para cada una de las que el estado responsable nos arrebató.