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El gobierno nacional acordó con los gremios docentes una actualización salarial del 10%. A partir del 1 de diciembre, el salario inicial pasará de $25.000 a $27.500 pesos, un “incremento” equivalente a $83 por día.
La reunión contó con la presencia de funcionarios de los ministerios de Educación y de Trabajo, y de los principales gremios docentes nacionales – CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA. En el encuentro también se definió la continuidad del cobro extraordinario “FONID-suma extr.2020/2021” hasta el mes de febrero, una suma en negro que no impacta sobre el básico, de $1.240 por mes. Ni el gobierno, ni los gremios plantearon el cobro de un bono de fin de año, como está planteado para otros sectores. En este año excepcional, a causa de la pandemia, los gastos para sostener la “Educación Virtual”, durante todo el ciclo escolar, salieron del bolsillo de los docentes. Con lo pactado, el gobierno que “valora a los docentes” dejó el piso salarial en exactamente la mitad del costo de la canasta de pobreza, que el último informe del INDEC la calculó en $50.000, y en una cuarta parte de la canasta familiar.
Con una inflación que se ubica en el orden del 4% mensual (y orilla el 6% en alimentos), acicateada por el tarifazo en los servicios públicos y una devaluación en puerta, el salario docente a la baja es otra “ofrenda” al FMI para arribar a un nuevo acuerdo colonial con el gobierno nacional.
Este “acuerdo nacional” a la baja es la “referencia” para las negociaciones provinciales, que son las que finalmente resuelven la paritaria.
A la deriva
La CTERA, a través de un comunicado, informó que sus delegados plantearon el “cumplimiento de los acuerdos paritarios” y la “urgente convocatoria” a paritarias provinciales, allí donde aún no se realizaron. Hablamos de las provincias de Neuquén, Jujuy, Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Tucumán y Chubut, en dónde los gobiernos han incumplido lo firmado o directamente no han otorgado ningún aumento salarial en todo el año a los maestros. La central también planteó la “modificación urgente” a la 4ta categoría del impuesto sobre los salarios. La respuesta del gobierno ante ambos reclamos fue cero.
El otro tema tratado fue el “regreso a las aulas” en 2021. Los dirigentes gremiales plantearon que se deben respetar los protocolos y que el regreso a clases en forma presencial debe contar con el “acuerdo” de los trabajadores de la educación en cada jurisdicción. No existió, sin embargo, ningún reclamo de plan obras de infraestructura escolar para acondicionar las escuelas con medidas de seguridad e higiene que eviten poner en riesgo la salud y la vida de los estudiantes y los docentes. La política de la CTERA no pasa de los meros “pronunciamientos”.
Como ya es habitual, los sindicatos nacionales pusieron el “gancho” a este acuerdo contra el salario docente, sin el aval de ningún maestro del país, ya que concurrieron a la reunión sin mandato de sus bases; tampoco plantearon ninguna instancia de consulta por su aceptación o rechazo. La dirigencia gremial no puede atribuirse ser la “voz” de sus representados, sin el aval para ello.
Está planteado para las seccionales combativas y en el amplio movimiento de auto convocatorias que recorren al gremio, rechazar el acuerdo firmado por CTERA y que, sobre la base de asambleas, pronunciamientos y reuniones de delegados con mandato, se ponga en pie una enérgica campaña por un salario unificado nacional, que coloque la necesidad de un aumento inmediato del 50% sobre el salario básico, en camino a conquistar un salario que cubra el costo de la canasta familiar.
