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El bloque oficialista de senadores introdujo cambios en el proyecto de reforma del cálculo de la movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso. Eliminó el artículo que estipulaba que el aumento del 5% adjudicado por decreto en diciembre fuera considerado a cuenta del reajuste correspondiente al primer trimestre del año que viene. Luego, el propio AF también agregó otras modificaciones: resolvió que los aumentos serían trimestrales y no semestrales, como estaba previsto. Algunas versiones aseguran que podría haber nuevos retoques al proyecto en lo que respecta a la fórmula, volviendo al esquema vigente entre 2009 y 2017, cuando se consideraba, de los índices de evaluación salarial del RIPTE y el INDEC, el mayor de los dos. Los cambios afectan a un universo de 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, AUH y PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor).
La información no es clara respecto de la iniciativa de los cambios. La edición matutina de Clarín aseguraba que “Cristina dio vuelta en una mañana la medida más analizada de toda la gestión”. Los senadores del FdT, en cambio, aseguran que la modificación del proyecto “fue conversada con el Ejecutivo con el objetivo de mejorar los ingresos de nuestros jubilados y jubiladas” (Clarín, 2/12).
La sorpresiva inclusión del “5% a cuenta” había provocado críticas al interior del oficialismo y una crisis con sus aliados, incluidos Claudio Lozano -actual director del Banco Nación- y la diputada Mirta Tundis (FR). El recule exhibe a un gobierno que acelera un arreglo con el arreglo con el FMI y, al mismo tiempo, asiste a una crisis social agravada por su política, que pone en peligro su supervivencia política y electoral. Lo mismo vale para los Lavagna y compañía, ajustadores seriales que temen que su alianza con los Fernández acabe por hundirlos.
Inevitablemente, los cambios en la ley de serán recibidos con malestar por el gran capital, pero de ningún modo cancelan el ataque a los jubilados. Los haberes marcharán detrás de la inflación, sin piso asegurado. Actualmente, la jubilación mínima que cobra el 75% de los jubilados es de $19.000.
"Vamos a establecer una fórmula acorde con un modelo de Argentina en crecimiento" que "ate los ingresos de los queridos pasivos al ingreso de los activos", auguró Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, ajeno al desmoronamiento de todos los indicadores económicos y sociales. Según un informe reciente de la UCA, la desocupación trepó, en sólo un año, del 10,6% al 14,2%, pero sería mucho mayor si se contabilizara la cantidad de gente que abandonó la búsqueda de trabajo. “De no haberse generado ese efecto desaliento la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 27,3%”, señala el informe (Clarín, 3/12).
La medida improvisada en el Senado delata el impasse del gobierno, que intenta disimular el ajuste que reclaman el FMI y el gran capital. He aquí el nudo de la crisis política actual y de su inevitable desbarranque.
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