La “guerra judicial” y la huelga general

El reciente fallo de la Corte Suprema contra Amado Boudou por sus enjuagues en Ciccone Calcográfica ha sido un nuevo golpe al plexo de la coalición de gobierno. Al fin y al cabo, el Frente de Todos inscribió en sus fundamentos el compromiso de despejar la situación judicial de CFK; derrotar lo que llama ‘lawfare’. No es lo que ha ocurrido. Por el contrario, los procesos judiciales contra CFK siguen su curso.

El Frente de Todos manifestó “preocupación” por el fallo y reclamó la libertad de Amado Boudou. "La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas. Con lawfare no hay democracia". La estatización de las AFJP no se encuentra judicializada. Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tuiteó que “la Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”. Pero los cortesanos han hecho lo contrario, sean cuales fueren las ‘irregularidades’ que supone Cafiero. Viniendo del vocero por excelencia de Alberto Fernández, queda claro que el gobierno en su conjunto, con Massa y los gobernadores pejotistas incluidos, ha decidido pelear por el control de la Corte Suprema. Las cartas se han puesto sobre la mesa. La cuestión del control de la Corte invade, sin embargo, numerosas áreas, incluso el acuerdo con el FMI. Después de todo, el crédito mundial reposa en garantías jurídicas, en primer lugar, y en el poder militar, en última instancia.

El aval de la Corte a la condena dictada contra Boudou en las distintas instancias procesales, vuelve a meter el dedo en la llaga oficialista. Es que días antes, la Cámara de Casación ratificó la validez de los procesos judiciales que recurrieron a la ´ley del arrepentido´. Las delaciones de los ´arrepentidos´ son el eje de la prueba en la ´causa de los cuadernos´. En esta causa CFK está acusada de encabezar una asociación ilícita – a paritr de las declaraciones de los principales dirigentes de los grupos capitalistas más importantes de Argentina. No obstante esto, el gobierno de los Fernández negocia con ellos la política económica e incluso los subsidia de diversas maneras con el pretexto de la pandemia. Estos hechos relevantes han sido acompañados por otros de menor jerarquía, en los que quedó de manifiesto que la Corte Suprema ha pasado a ocupar un lugar excepcional para una institución judicial, en el arbitraje de las crisis política que atraviesa Argentina. Es lo que se manifiesta en los ´banderazos´ que tienen por eje a la llamada ´corrupción´, y a las movilizaciones que se han convocado para que Boudou cumpla su condena en casa, sin reconocer la legitimidad de ella.

El episodio refleja el impasse del conjunto del régimen político. Por delitos más graves que los del ex vicepresidente, por ejemplo el tráfico de armas con Croacia y Ecuador y la explosión de Fabricaciones Militares en Río Tercero, Carlos Menem, sigue en libertad y morirá en su lecho. Es que el riojano conformó a ambos lados de la ´grieta´ y los alineó con sus negociados – por ejemplo el dinero por la privatización de YPF y de otras empresas del estado. Cavallo y Sturzenegger evitaron la cárcel por prescripción de delito; la estafa IBM-Banco Nación, en 1994, no tuvo sanción. En ausencia de una salida a la crisis descomunal que atraviesa Argentina que conforme a los principales bandos en disputa, la guerra judicial seguirá su curso. Pero el acuerdo de la corrupción supone mayores ataques a los trabajadores, o sea que taparía un agujero para que erupte un volcán que ya se encuentra en erupción. Suponiendo que la intención de medir fuerzas en las legislativas de octubre tenga lugar, cualquier resultado acentuará el choque en desarrollo. Algunos mentideros aseguran que operadores K ´sugirieron´ al Presidente recurrir al indulto presidencial para Amado Boudou, en lo que parece más una guerra de noticias falsas.

Estos desenvolvimientos han afectado la posibilidad de que el candidato de AF a la Procuración, Daniel Rafecas , llegue siquiera al Senado. Cristina Kirchner quiere ahora un incondicional en el cargo, en especial si va por la ampliación del número de jueces de la Corte. La ambición de AF de que el lugar lo ocupe un alejado de los extremos luce inviable. La guerra judicial podría afectar la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, porque algunos pro-derecho de aborto votarían en contra para dañar políticamente al gobierno. Esta situación da pábulo a las versiones de que el gobierno admitiría introducir la llamada ´objeción de conciencia´ para las instituciones de salud, en referencia a las privadas y confesionales. Explicaría también la negativa del gobierno fernandecino a condenar las elecciones en Venezuela, luego de haberlo hecho en materia de violación de derechos humanos.

Ambas trincheras de la guerra judicial coinciden, sin embargo, en un punto estratégico: conseguir el rescate del FMI. El gobierno ´nacional y popular´ ha vuelto a asumir una tarea que conoce bien: pagar la deuda de quienes lucraron con las privatizaciones y la especulación financiero. Disfrazó el trabajo de rescate con la consigna del des-endeudamiento. Los Fernández al rescate de los Macri y los Caputo. La bronca de los FF obedece a que sus adversarios no reconocen el servicio que están prestando. Pero el capitalismo es así: una lucha entre buitres.

En constraste con esta descomposición generalizada, los mineros del cemento, los aceiteros y recibidores de granos, los trabajadores de la salud – han abierto ´la temporada´ de huelgas. Es el camino para combatir la miseria que acrecientan los capitalistas, sacar a los trabajadores del impasse social y vital, abrir un rumbo propio de quienes viven de su trabajo.

Desde estas páginas señalamos la irrupción de una tendencia a la huelga general y llamamos a impulsarla mediante plenarios, coordinadoras, planes de lucha y congresos de trabajadores.