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El decreto de necesidad y urgencia (DNU 320/2020) que frena los aumentos de alquileres y establece la suspensión de desalojos, fue pasado como alambre caído durante la pandemia. Miles de desalojos y procesos de desalojos anticipados se produjeron en todo el país a pesar del DNU.
A su vez, el precio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires acumula una suba del 52,3% en lo que va del año, según Zonaprop, esto es, el doble de la inflación oficial. Anualizado, los alquileres aumentaron alrededor del 76% en los últimos seis meses. En otra variante de indexación, también se pudo observar un crecimiento de alquileres fijados en dólares (iprofesional, 4/12).
Durante la pandemia, los desalojos, presiones, violencia contra inquilinos y aumentos de alquileres fueron moneda corriente. En un reciente artículo publicado en La Nación se explica que “ante el DNU que congela alquileres, prorroga contratos y prohíbe los desalojos, los propietarios de inmuebles se anticipan a los tiempos de la Justicia argentina: ya planean, junto a sus abogados, las demandas anticipadas de desalojo. El objetivo: asegurarse la desocupación de sus inmuebles a principio de febrero” (9/11). ¿Y el DNU presidencial? Bien, gracias.
Un millón de desalojos inminentes
De los 9 millones de inquilinos que hay en el país, el 39,9% acumula deudas en el pago del alquiler, lo que equivale a 1.400.000 familias. Los despidos, las paritarias a la baja y el recorte de la asistencia durante la cuarentena -el IFE abarcaba a 8 millones de personas- profundizaron la crisis de vivienda y el hacinamiento. Los planes de vivienda del Gobierno a través de los créditos Procrear son un vaso de agua en el mar: 100 mil soluciones de vivienda en 4 años, cuando el déficit habitacional no baja de los 4 millones. Los UVA, que se ajustan por inflación, están en crisis. El presupuesto nacional de Vivienda está en manos de un “barón” del conurbano, Jorge Ferraresi, ligado al negocio inmobiliario municipal.
La Federación de Inquilinos Nacional dice que “se profundiza la crisis habitacional”. Según una encuesta, el 11,4% de inquilinos está en riesgo de “desalojo inminente”. El 19,7% tendrá que mudarse sin saber dónde. Pero el sector inmobiliario dice que son muchos más (Iprofesional, 4/12). Estamos hablando de, al menos, un millón de desalojos, una situación explosiva. La mayoría son mujeres, y las más afectadas con los abusos, desalojos y violencia son las madres solteras, como puso de manifiesto el desalojo de Guernica.
El porcentaje de ingresos totales del hogar que se destinan al pago del alquiler en diciembre es de 56,1%, cinco puntos más respecto de noviembre. Actualmente, el alquiler de un departamento de dos ambientes de 50 m2 en CABA se ubica en 28.913 pesos por mes, 40% por encima del salario mínimo. Esto significa que al menos uno de los miembros de la familia sólo trabaja para pagar el alquiler. Los jóvenes no pueden independizarse, las personas solteras, madres con hijos, no tienen posibilidad de alquilar. El 94,5% cree que no hay control de parte del Estado sobre los derechos habitacionales. El 58% manifestó que sufrió aumentos en el período de la pandemia. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, dijo que “El 1 de febrero corren riesgo de quedarse en la calle por la imposibilidad de pagar el alquiler o de reunir sumas de dinero altísimas para ingresar a una nueva vivienda” (ídem). Sin embargo, no llama a movilizar a los millones de inquilinos y resistir los desalojos mediante la organización, sino a esperar hasta que se produzcan.
La ola de desalojos es más grave en los sectores más precarizados. Muchos inquilinos alquilan en la informalidad y allí no hay DNU que valga. Para solicitar un subsidio en CABA, se imponen requerimientos que los inquilinos no poseen y, además, que se encuentren en situación de calle. Se trata de un monto de 8.000 pesos cuando los alquileres de una habitación en una villa de capital están encima de los 11.000 pesos, y las habitaciones de hotel, 20.000 pesos.
La situación de los inquilinos es desesperante. Muchos están sufriendo persecuciones legales, violencia física y desalojos. La crisis nacional plantea la conformación de una Coordinadora Nacional de Inquilinos, que arranque la habilitación de todos los terrenos fiscales, baldíos y descopados para una vivienda, cuyo alquiler no supere el 10% del ingreso de los ocupantes.
