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El 27 de diciembre un grupo de trabajadores despedidos del Grupo TSU Cosméticos se autoconvocaron en las puertas de la empresa reclamando que cumplan con el pago de las indemnizaciones acordadas en el SECLO. Sin respuestas por parte de la empresa se volvieron a autoconvocar el día 30, bloqueando los portones de acceso a la misma e impidiendo la salida de los camiones con carga. Después de varias horas, desde RR.HH., convocaron un par de representantes para iniciar el diálogo. Esta solo se dedicó a dar un rosario de lamentos, decir que no tenían plata y amenazar a los compañeros en lucha con enviar a la policía para que los repriman. Esto no fue más que una provocación para amedrentar y ganar tiempo. Así lo entendieron los trabajadores, por eso desde el 6 de enero están acampando por tiempo indefinido hasta conseguir sus reclamos. Desde el Sindicato de Perfumistas lejos estuvieron de ponerse a la cabeza de esta lucha, por el contrario, el burócrata Rubén Sandoval, Secretario Gral. del gremio, se presentó rodeado de un séquito de matones para apretar a los compañeros. Es esta misma burocracia que viene, año tras año, firmando convenios a la baja a pedido de las patronales y los gobiernos de turno; la que en complicidad con la patronal de Avón permitió el despido de decenas de activistas opositores. Es la que permite que los trabajadores aún en actividad dentro del Grupo TSU se les deba un porcentaje de su sueldo y los aguinaldos de junio y diciembre del 2019. No sorprendió, por lo tanto, que no movieran un dedo ante los 150 despidos de Dybelcorp (elaboración y envasado), 70 de Dybelplast (envases plásticos) y 100 de Arca Distribuciones; todas estas pertenecientes al grupo Tsu. Ni siquiera los despedidos pudieron acordar el cobro del total de la indemnización por despido sin causa, tan solo pudieron hacerlo por el 70% y en muy cómodas cuotas. Es este acuerdo, justamente, que la patronal de TSU no está cumpliendo hace tiempo. El Grupo TSU pertenece a Armando Pérez y su hijo Sergio, de fluido contacto con el kirchnerismo en su momento, fue gerenciador de Belgrano de Córdoba e interventor de la AFA. Dueño del Teatro Regina, de aviones de línea ejecutiva, entre otras propiedades, vendió el predio de la calle España al 3400 (la ex aceitera Gallo) que funcionaba como depósito. Mientras vendían este predio, entre gallos y medianoche, realizaron una maniobra donde Armando Pérez renunciaba a su cargo en la empresa, dejando como testaferro a Julio Elía (según Boletín Oficial 09/09/19). Esto lo hizo para declararse insolvente en caso de demandas y evadir el pago de las indemnizaciones. Esto es moneda corriente en la San Martín de Katopodis, la otrora “Capital de la Industria”, donde permiten a las patronales todo tipo de atropellos y abusos. Es frecuente, por ejemplo, hacer la vista gorda al vertido de desechos industriales a los pluviales. La mayoría de las industrias del municipio son textiles o gráficas que desechan anilinas o restos de plomo que luego contaminan las napas y/o ríos de la zona. El viernes 10 la patronal trajo una nueva propuesta, que consistía en el pago de 15000 pesos semanales hasta saldar la deuda del acuerdo en el SECLO. En ningún momento mencionaron el pago total de las indemnizaciones. Al mismo tiempo aparecieron “misteriosamente” más trabajadores despedidos afectados al cese de pagos de la patronal de TSU, pero que no participaban del conflicto, por el contrario, presionaron para que se aceptara la propuesta y se levante el acampe. Finalmente, todos aceptaron la propuesta, pero las posibilidades que la patronal nuevamente deje de pagar lo acordado son enormes y es allí donde los despedidos de TSU deberán hacer un balance y aprender las lecciones que les dejaron este conflicto para, de presentarse la posibilidad, organizarse de inmediato y no repetir los errores. La lucha de los despedidos de TSU no fue un caso aislado, por el contrario, es un síntoma más de una crisis que va golpear cada vez con más virulencia a los trabajadores y que estos darán lucha con la misma virulencia que lo golpean.
