Vacunas: una disputa capitalista en una crisis humanitaria

Escribe Marcelo Ramal

Tiempo de lectura: 4 minutos

Si la pandemia, el derrumbe social y el hipotecamiento financiero parecían suficientes para dejar al gobierno de Fernández prematuramente envejecido, la crisis que se está desarrollando en torno de las vacunas amenaza con superar a todas las anteriores. Aunque la cuestión de las vacunas tiene un alcance mundial, como un capitulo excepcional de la opresión sobre las naciones atrasadas, el gobierno FF le ha dado su propia impronta: Argentina, que ha sido en estos meses un terreno de experimentación de los laboratorios internacionales, ahora se convierte en un campo de batalla entre esas mismas corporaciones. El resultado de esta puja adelanta una nueva catástrofe sanitaria.

Rusia, Pfizer, Zeneca

El episodio más abyecto -y todavía con final abierto- ha tenido lugar con la corporación Pfizer, a quien el gobierno cedió los recursos del Hospital Militar y todo un equipo de investigadores para llevar adelante los ensayos clínicos que involucraron a 5.000 voluntarios. Además, y según relata el periodista Roman Lejman, el presidente “envió y forzó la rápida aprobación de una ley de vacunas a la medida de las exigencias jurídicas de Pfizer” (Infobae, 16/12). Aunque el congreso votó esa ley ´con nombre y apellido´, sus normas condicionan ahora al aprovisionamiento de vacunas de cualquier otro origen. La ley votada exime a los laboratorios de cualquier resarcimiento por daños, al tiempo que traslada los eventuales litigios a tribunales del exterior. Pero el país también queda obligado a respetar acuerdos especiales de confidencialidad respecto de las formulaciones de las vacunas, pasando por arriba de leyes locales y -como veremos enseguida- hasta de la legislación internacional en materia de emergencias sanitarias.

Después de este verdadero “estatuto de rendición”, Pfizer, sin embargo, fue por más. Reclama la ´indemnidad´ para cualquier inconveniente que se produjera en el traslado de las vacunas, teniendo en cuenta las bajísimas temperaturas exigidas para su conservación. Una ruptura masiva de la cadena de frío dejaría al Estado argentino expuesto a un tendal de juicios. Esto ha abierto un choque, con final abierto, entre Pfizer y el gobierno.

La situación de la vacuna de Astra Zeneca (AZ) es todavía más compleja, pues en los ensayos de la ´fase 3´ se han registrado situaciones clínicas irregulares. En este caso, la corporación farmacéutica esta asociada a un empresario afín al gobierno, Hugo Sigman, para su fraccionamiento en la Argentina. Aunque AZ asegura que producirá “sin lucro durante la pandemia”, se ha encargado de autodeterminar el fin de la pandemia para julio de 2021, anticipando así que luego de esa fecha impulsará un aumento sustancial de su precio. Finalmente, y respecto de la única vacuna hasta ahora asegurada para Argentina, la Sputnik V, se afirma ahora que no estaría garantizado su empleo para mayores de 60 años. Esta impugnación a la vacuna rusa podría usarse como excusa para que el gobierno termine echándose “en los brazos de Pfizer”, tal como lo sugieren ahora todos los medios derechistas.

Confiscación mundial

El caso argentino forma parte de un escenario de confiscación internacional, que tiene como eje precisamente a la vacuna. De las actuales producciones de vacunas en curso, menos del 20% tendrá como destino a las (mal) llamadas naciones “emergentes”. Los contratos de las grandes potencias industriales con los laboratorios superan en muchos casos a la propia población. La cuestión de la vacuna se ha metido en la médula de las guerras comerciales y políticas en el planeta, porque los contratos de provisión se presentan como una garantía segura de que sus países beneficiarios controlarán al virus y, por lo tanto, alcanzarán más rápido una reactivación económica. En contrapartida, ese acaparamiento de vacunas condena al 80% de la población mundial al virus y a la muerte.

En este cuadro, y hace un mes atrás, la India y Sudáfrica solicitaron en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se disponga la suspensión del derecho de patentes sobre las vacunas en desarrollo, para permitir su libre reproducción por parte de los países que la necesiten. Aunque la OMC reforzó decididamente los derechos de propiedad sobre medicamentos, admite como única excepción a los casos de “emergencia sanitaria”. Fue lo que ocurrió al final de los 90, cuando Brasil y la India lograron producir libremente los ´antirretrovirales´ para el tratamiento del HIV. En esta oportunidad, el reclamo de la liberación de las vacunas para el Covid fue firmemente enfrentado por Estados Unidos, el Reino Unido y toda la Unión Europea, en defensa de Pfizer, Astra, Moderna y otras.

El argumento de los países imperialistas –“hay que amortizar las inversiones en innovación- encubre cuál es el origen real de los desarrollos tecnológicos en vacunas : los institutos y fondos del Estado y las universidades públicas. Moderna recibió 2,5 billones de dólares de subsidios y exenciones en Estados Unidos; Astra Zeneca, 2 billones; Pfizer, medio billón por parte de Alemania. El derecho de patentes, en definitiva, legaliza la apropiación de estos fondos públicos por parte de un puñado de laboratorios controlados accionariamente por fondos internacionales. (BlackRock controla casi el 10% de Pfizer). La “escasez” premeditada de vacunas, y su alto precio, empujan a la muerte a millones de personas y aseguran la lucratividad de los mismos vampiros que usufructúan la deuda externa argentina.

Un sometimiento “patente”

En América Latina, los fondos de “estímulo” previstos para la compra de vacunas sólo podrán abastecer las necesidades del 20% de la población. Pero los gobiernos del continente permanecen imperturbables ante la crisis planteada. En la OMC, los países que pidieron la suspensión de las patentes se limitaron al deber diplomático de “levantar la mano”, mientras cada uno, por su lado, arreglaba sus asuntos con los laboratorios internacionales. Es el caso del gobierno de los Fernández, que asoció a su “burguesía nacional” con Astra Zeneca y está suplicando ahora los términos de un acuerdo extorsivo con Pfizer. No se escucha a un solo “nacional y popular” impugnar al régimen colonial -y criminal- de patentes sobre las vacunas. Es muy claro que el sólo reclamo del derecho a la producción sin regalías ni represalias levantaría la ira de los fondos internacionales amigos de Caputo-Macri y, ahora, de Martín Guzmán. La crisis de vacunas es una consecuencia de este sometimiento. Es necesaria una enérgica campaña de alcance internacional por la abolición de las patentes sobre las vacunas; por la publicación de todos sus protocolos y formulaciones, y su producción bajo control de trabajadores y técnicos, en el marco de una centralización de todos los recursos -publicos y privados- del sistema de salud.

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