El robo a jubilados, en la cámara de Diputados

Escribe Emiliano Fabris

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Luego de dar media sanción en el Senado, el gobierno apunta a aprobar, en la sesión de Diputados del martes 29, el proyecto de reforma previsional que establece una movilidad atada en partes iguales a lo que recaude el ANSES y las variaciones salariales que registra el RIPTE. La reforma significa un verdadero despojo a los trabajadores, en la medida que desvincula a las jubilaciones de la evolución de la inflación en el preciso momento en que la propia política oficial propicia una escalada de precios y tarifas. La nueva movilidad consolida los despojos de las movilidades anteriores –el que perpetró este mismo gobierno en diciembre pasado y la reforma macrista de 2017. Su punto de partida es conocido: el 75% de los jubilados cobra la mínima, que se ubica en niveles de indigencia ($19.000).

Es claro que el proyecto de marras forma parte de las negociaciones en curso con el FMI, toda vez que la apunta a garantizar el repago de la deuda pública. Sin embargo, todo indica que el gobierno de Alberto Fernández deberá sudar la gota gorda para lograr su aprobación. Ese tratamiento parlamentario, sin embargo, no estará exento de maniobras, que se relacionan con la crisis política y las divisiones al interior del bloque oficial.

El gobierno, en el Senado, reculó de la tentativa de descontar el incremento del 5% a los haberes en diciembre de la suba que tendrá lugar en marzo próximo, y que debería ser del orden del 12%. El proyecto oficial echa mano de un recurso ya empleado por el macrismo –omitir el cómputo de trimestres –en este caso el tercero de 2020- para atenuar el impacto de los aumentos. Sin perjuicio de ello, el macrismo no se priva de hacer demagogia y denunciar el “despojo” a los jubilados. El gobierno, en esas condiciones, está inmerso en distintas negociaciones para obtener el quórum. Se espera un toma y daca con otros bloques aliados al oficialismo. Según La Nación (21/12), para obtener el quórum necesario el gobierno estaría negociando con los gobernadores de Misiones y Córdoba a cambio de medidas impositivas y auxilio financiero para pagar las respectivas deudas de las provincias. En otras palabras: los gestores de las deudas externas ya se están disputando el botín del saqueo a los jubilados.

Levantando algo de polvareda, la massista Marta Tundis -integrante del Frente de Todos y especialista en cuestiones previsionales- ha salido a plantear la modificación del índice tomado para el cálculo de la movilidad en el mes de diciembre, ya que el actual puede terminar desfavoreciendo a los jubilados aún en los casos que haya una mejora en la recaudación tributaria del ANSES. Luego, Tundis propone que se introduzca un “monto complementario a la movilidad” si la inflación supera los aumentos previsionales y que el índice RIPTE que se utiliza para medir las actualizaciones de los salarios se aplique en forma mensual y no trimestral (Clarín, 22/12). Las modificaciones parciales buscan salvar al propio proyecto –y al gobierno- del descrédito popular.

La complicidad de la burocracia sindical de la CGT y la CTA con este saqueo debe ser denunciada. La derrota de esta contra-reforma previsional es un motivo de sobra para declarar una huelga general. Luchemos por un aumento general de salarios y jubilaciones, por el 82% móvil, por el Anses dirigido por trabajadores y jubilados electos.

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