CABA: certificado de pobreza para conseguir vacante en la escuela pública

Escribe Flor Palombo

Fallo judicial en línea con las políticas privatistas del gobierno porteño

Tiempo de lectura: 3 minutos

A fines de diciembre, al cierre del año, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad falló en contra de la demanda de una familia que reclamó una vacante en el nivel inicial de la escuela pública. De acuerdo al tribunal, las vacantes de las escuelas de gestión estatal sólo serían otorgadas a niños y niñas cuyas familias puedan probar, mediante un certificado de pobreza, que no pueden afrontar los gastos del pago de la cuota de una escuela privada. Esto se da en el marco de más de 20.000 vacantes faltantes y de un recorte del presupuesto educativo en relación al del año pasado.

El caso

En 2018, al momento de hacer la inscripción on line, una familia solicitó la vacante para su hijo de 2 años en una escuela infantil estatal. En caso de que esto no fuera posible, se solicitó, también, que el Estado se hiciera cargo del costo de la escuela privada. El GCBA, en cambio, no garantizó ninguna de las dos cosas, y el niño quedó en "lista de espera".

Frente a este hecho, la familia denunció que el derecho a la educación de su hijo no ha sido garantizado por el Estado, tal como plantea el artículo 24 de la Constitución porteña. Esta establece que "la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior". Finalmente, a fines del 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (máximo órgano judicial porteño), desestimó el reclamo de la familia con un argumento que sienta un precedente alarmante y desmiente a la constitución autónoma: los jueces consideran que el Estado debe limitar las vacantes de las escuelas de gestión estatal sólo a los hijos de aquellas familias que puedan probar, mediante un certificado de pobreza, que no pueden afrontar los gastos del pago de la cuota de una escuela privada. Pero, además, niega la posibilidad a las familias de presentar reclamos individuales por falta de vacantes, estipulando que deben ser demandas colectivas presentadas a través de una ONG que depende de la Comisión de Prácticas de la Facultad de Derecho de la UBA (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

CABA: escuelas y familias trabajadoras

Según datos del propio GCBA, la cantidad de niños matriculados en el nivel inicial es abrumadoramente superior en el sector privado en las salas de lactantes, deambulador, 1, 2 y 3 años, en detrimento del sector estatal. En salas de 4 y 5 (salas del tramo obligatorio), se da una escasa ventaja del sector estatal, aunque se evidencia que, al igual que en el nivel primario, el sector estatal y el privado se "reparten" la matrícula en un 50% cada uno.

Este fallo del TSJ porteño se da en una línea de continuidad con la política del gobierno porteño: el estado de desliga absolutamente de la obligación de garantizar la educación de gestión estatal y se limita a "gestionar" las vacantes disponibles, mientras bloquea la creación de nuevas escuelas. De esta manera, la responsabilidad del Estado pasa a ser supletoria o suplementaria de la educación en manos del sector privado. El GCBA, además, es el artífice de la creación de los Centros de Primera Infancia, un sistema paraestatal, financiado por fondos públicos, gestionado por ONG -muchas de ellas, de cuño confesional-, que conchaba a personal no docente en condiciones ultraprecarizadas. “Escuelitas para pobres”, en el marco de un apremio creciente por vacantes en el sistema estatal.

La privatización de la educación va de la mano del ajuste en el presupuesto educativo 2021, que implica recortes en obra pública, afectando directamente la creación de escuelas. A su vez, la falta de vacantes en la Ciudad es un problema de larga data para las familias trabajadoras, que se organizan año tras año para poder conquistar un lugar en el aula para sus hijos e hijas. Mientras tanto, docentes trabajan con aulas repletas, con alumnos/as "derivados del distrito" que se suman a lo largo de todo el año, en espacios aúlicos que no alcanzan para alojar a todos/as y que imposibilita, a su vez, un óptimo trabajo pedagógico.

El 2021 será un año de lucha no solo por el salario. Nos encontrará, nuevamente junto a las familias, en defensa de nuestra salud y por la creación de escuelas y vacantes para todos y todas los/as estudiantes.

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