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La promulgación de la ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y su entrada en vigor ocurrirán, a más tardar, a fines de esta semana. Es el logro de una lucha de décadas. También será el momento de saber hasta dónde llegaron las negociaciones en bambalinas. “Las fichas del tablero de la rosca que garantiza derechos empezaron a moverse temprano. No es la negociación de nuestros derechos. Es la real politik”, celebra en la revista Anfibia la feminista Florencia Alcaraz, que describe cómo el Ejecutivo, “para obtener aval al proyecto de votación”, se comprometió a vetar varios artículos.
Las restricciones fueron pedidas por el senador por Río Negro Alberto Weretilneck, aliado del FdT; el entrerriano Edgardo Kueider (FdT), y senadoras verdes de Juntos por el Cambio. Son todos verdes: el más puro fuego amigo. (ver http://revistaanfibia.com/cronica/nuestro-derecho-es-ley/).
Alberto Fernández habría aceptado vetar “el cuarto artículo inciso b; el quinto inciso d, el sexto inciso b y el 10, referido a los médicos”. Se refieren a aspectos fundamentales para garantizar el derecho a la IVO: la “salud integral”, la judicialización y la objeción de conciencia.
Hasta ahora la “salud integral” es la causal más frecuente para interrumpir un embarazo. La salud integral, según la OMS, es ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’ (OMS, 2006)”. El proyecto votado la extiende como razón para un aborto legal después de la semana 14.
Weretilneck quiere borrar la palabra “integral” porque habilita, dice, cualquier aborto. En la Argentina, desde el Fallo FAL de la Corte Suprema, en 2013, el 97% de los abortos no punibles (ILE) se hacen invocando el riesgo para la “salud integral” de la gestante.
El senador sabe el daño que promueve, en su alocución en el Senado admitió que "las causas de las ILE en Río Negro: en el 2018, el 90,9% fueron por razones de salud; el 1,10% por violaciones. En 2020, el 99,3% por salud y el 0,7% por violaciones”. En la provincia de Buenos Aires, el 97% de las ILE se hizo por “causal salud integral” y el 3% por violación, informa el gobierno de Axel Kicillof. Otro tanto pasa en CABA. Es lo que quieren impedir.
A Weretilneck tampoco lo satisface el término “salud” a secas, y pretende que “se plantee que el peligro para la salud deberá ser evaluado y establecido por el personal de salud interviniente”. Dilaciones suficientes como para superar los exiguos plazos legales.
También exige denuncia judicial en los casos de violación de adolescentes mayores de 13 años. “Si no, puede ser que el mismo violador lleve a la adolescente a abortar”, dice el infame. Por supuesto que es posible que el violador la lleve a abortar -es la manera eficaz de evitar que la chica lo denuncie ante el profesional, que tiene la obligación de preguntarle si fue víctima de un abuso o violencia.
Con lo difícil que es para una adolescente acceder a una consulta y reclamar la interrupción del embarazo, ¿además pretenden que denuncie al padre, al padrastro, al hermano o al abuelo? ¿Quién se haría cargo de las consecuencias?
Si la ley incluye estas restricciones, retrocederá drásticamente del Fallo FAL, que desaconseja la judicialización, y del Código Penal de 1921, que taxativamente establecía que el aborto era cuestión exclusiva del médico y la gestante.
Respecto de la objeción de conciencia, piden que en la reglamentación se proteja a los objetores de los riesgos que pueden generarles negarse a intervenir y las responsabilidades médicas. Finalmente, reclaman que se limite el artículo 5, que privilegia el derecho a decidir de la gestante y prohíbe el juicio de valor por parte de los profesionales. “Claramente la persona gestante participa activamente de la decisión del tratamiento, pero éste no puede ser un derecho absoluto, del cual el profesional médico no participa (…) El artículo debe permanecer en un cuidadoso equilibrio entre la autonomía de la voluntad de la mujer y el criterio médico.” (LMCipolletti, 29-12) Una joyita el sororo.
Los frentes contra el acceso al aborto legal son múltiples. Sergio Rubin, el vocero del Episcopado en las páginas de Clarín, rápidamente advirtió que “aunque la Iglesia seguramente no se presentará ante la Justicia, alentará que ONG provida y particulares lo hagan en todo el país. Estos apelarán a la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y el Código Civil.”
Además de las zancadillas de la reglamentación y la guerrilla judicial, las mujeres que necesite una IVE deberán encontrar dónde hacerlo. “No basta con la promulgación de la ley para que entre en vigor de forma automática la normativa y su aplicación en todo el país. Los principales desafíos pasan por fortalecer los protocolos existentes, las guías que faciliten el trabajo en cada una de las provincias, y coordinar la provisión de insumos y medicamentos”, explica La Nación (4/1).
Todo esto coincide con un reforzamiento de la pandemia Covid y con la amenaza de “racionalizar” -recortar- el sistema de salud nacional.
NO hay que dejarse engañar con el mal menor porque el mal menor va a puede esterilizar el acceso a la IVE. Ni un gramo de confianza en “la rosca que garantiza derechos”. Fortalecer la autonomía del movimiento de mujeres, de los trabajadores de la salud, de los jóvenes. Frente único con los trabajadores, que deben defender como propios los derechos de sus hermanas de clase. Independencia política de los frentes patronales. Denuncia de las matufias clericales y sus aliados.
Las trabajadoras tendremos que defender a dentelladas el derecho a interrumpir un embarazo.
