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Este viernes 8 de enero vamos a realizar una mesa panel para debatir cómo continuamos la lucha tras la conquista del aborto legal. Será por Zoom, a partir de las 18hs, y contará con la participación de Marcela López, del Polo Obrero Tendencia Tucumán; Linda Morales, enfermera del Hospital Central de Santiago del Estero e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir; y Gaby Jorge, por el Plenario de Trabajadoras-PO Tendencia.
La aprobación de la ley de aborto legal, lejos de enfriar la lucha, ha avivado la deliberación sobre cómo avanzar, en primer lugar, para que efectivamente ese derecho sea respetado y efectivo, en segundo lugar, por la agenda pendiente de la mujer, cuya lista de reivindicaciones es muy densa. Se ha mencionado que Fernández podría vetar algunos artículos, por un lado, y vaciar de contenido otros, por medio de la reglamentación. La judicialización del derecho podría inducir a nuevas limitaciones; ni hablar del sabotaje a la ley por parte de administraciones provinciales, como Tucumán, Salta, Formosa, La Rioja. Las propias maniobras que se realizaron para llegar a la votación en el Congreso dan cuenta de sus componendas sectores clericales, que arrancaron todo tipo de condicionamientos.
La introducción de la objeción de conciencia institucional en el sector privado e individual en el público será una poderosa herramienta para las patronales y direcciones de los hospitales para perseguir y amedrentar a quienes quieran garantizar los derechos de las mujeres y personas gestantes. En Tucumán, los directivos del Hospital que atendió el caso “Lucía” dieron la orden de aislar a la niña y ejercer todo tipo de presiones a la familia para forzarla a maternar. En Salta, el 95% del personal Hospital Materno Infantil de Salta se declaró objetor de conciencia, bajo presión institucional.
Varios senadores votaron afirmativamente a cambio de la promesa de vetos parciales, a los artículos que se refieren a autorizar abortos, luego de las 14 semanas, cuando está comprometida la salud integral de la mujer, o en casos de violación de adolescentes mayores de 13. En Argentina, desde el Fallo FAL de la Corte Suprema, en 2013, el 97% de los abortos no punibles (ILE) se hacen invocando el riesgo para la “salud integral” de la gestante. La exigencia de la denuncia policial previa para las mayores de 13 años, establece la condición de revelar la identidad de sus abusadores, en la mayoría de los casos de su entorno familiar.
Otro ataque viene por el lado de las demandas de inconstitucionalidad. En Salta, un juez federal habilitó la cuestión como en la feria, de enero, demostrando la injerencia que tiene el clero y sectores oscurantistas en la justicia.
En la mesa panel vamos a discutir todos estos aspectos y cómo ponemos en pie un plan de lucha para que el aborto legal se garantice en los hospitales y para defender a las y los trabajadores de la salud, para que cesen las causas a las mujeres criminalizadas por abortos clandestinos y enfrentar la injerencia clerical en todos los ámbitos. Y por sobre todo, también, cómo avanzamos con la frondosa agenda de la emancipación real de la mujer.
Viernes 8, a las 18hs, por Zoom.
