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El pasado viernes por la madrugada una familia que ocupaba una vivienda construida en Retiro, como parte del proyecto de “urbanización” de la villa 31, fue desalojada por un operativo policial. La mujer desalojada junto a sus hijos es María Belén Guevara, quien todavía sigue detenida y separada de sus cuatro hijos. Es militante del MTR 12 de Abril y colabora en un merendero. Más de 100 organizaciones sociales y de Derechos Humanos piden su liberación inmediata, y reclaman por la renuncia de Diego Fernández, secretario de integración urbana y social del Gobierno de la Ciudad.
“La joven estaba en situación de calle tras ser expulsada por no tener el dinero suficiente para pagar el alquiler de una pequeña habitación en el mismo barrio. Se había refugiado en el lugar para proteger a su familia durante una noche de fuerte temporal en la ciudad. Belén colabora en un comedor comunitario del barrio y es militante del MTR 12 de Abril. Sus hijos pequeños -el mayor tiene 9 años- están al cuidado de uno de sus tíos, también en la Villa 31” (eldestape, 20/1).
La compañera fue golpeada y trasladada por distintas comisarías porteñas. Durante largas horas nadie supo dónde se encontraba. Belén es acusada por el delito de usurpación. En un absurdo de pesadilla, la fiscalía actuante dice que Belén elude en forma sistemática el actuar de la justicia... porque no brinda un domicilio donde ser notificada, ¡a sabiendas de que vive en la calle!
A pesar de innumerables gestiones no había podido conseguir que se le asignara una vivienda para su familia. Los subsidios de vivienda que otorga la Ciudad -van de $5.000 a $8.500, según la cantidad de integrantes de la familia- no alcanzan para cubrir el alquiler de una pieza en la villa.
La crisis habitacional y el hacinamiento en la villa 31 -como en el resto de las villas de la Ciudad- detonó, a inicios de la pandemia, un estallido de casos. Hoy las condiciones de vida y hábitat no han cambiado en nada desde entonces.
Por otra parte, la asignación de las vivendas sociales demora y las construcciones se deterioran. Los vecinos de la 31 denuncian que “las viviendas nuevas son desastrosas, se van cayendo en pedazos. Las paredes son de durlock, los tornillos se aflojan con la lluvia y se caen las escaleras. Son viviendas descartables”. La construcción de las viviendas se financia con parte de la venta de terrenos públicos de la Ciudad, un “asistencialismo habitacional” que hemos denunciado en otras oportunidades como el barniz “social” de una politica de entrega del suelo urbano a los especuladores inmobiliarios.
Los vecinos de la 31 siguen reclamando atención sanitaria, agua potable las 24 horas, relocalización de las familias hacinadas, asistencia alimentaria, económica, kits de higiene y testeos masivos para todos los vecinos.
