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Las evidencias criminales contra el gobierno de Bolsonaro no paran de multiplicarse. La Fiscalía General de la Nación (AGU) informó que desde el 8 de enero conoció la terrible situación que enfrentaría Manaos, con la falta de oxígeno, y lo comunicó al gobierno. El gobierno no solo no hizo absolutamente nada, sino que el ministro de Salud estuvo en Manaos y trató de imponer a las autoridades locales un botiquín con "tratamiento preventivo" contra el COVID-19, donde se destacaba la cloroquina. La situación, por supuesto, empeoró, con las muertes por falta de oxígeno en la capital de Amazonas.
Otro crimen a cargo del gobierno de Bolsonaro y su Ministro de Salud, quienes siempre han desatendido la pandemia y ridiculizaron a aquellos que propusieron el aislamiento social y la vacunación masiva, como las formas más efectivas de enfrentar el COVID-19 y reducir la circulación del virus. Según el demógrafo Diniz Alves, a este ritmo terminaremos el primer semestre de 2021 con 300 mil muertos. Las estimaciones anteriores de la misma fuente quedaron por detrás de la realidad.
La información de la insospechada AGU (vinculada al gobierno) es un elemento más que de apoyo al derrocamiento del presidente, su ministro general y todos los miembros de su gobierno. Y hay más. Según una investigación del Centro de Investigaciones y Estudios en Derecho Sanitario de la Facultad de Salud Pública de la USP y Conectas Derechos Humanos: “Nuestra investigación reveló la existencia de una estrategia institucional para la propagación del virus, impulsada por el Gobierno brasileño bajo el liderazgo de la Presidencia de la República”. Las ordenanzas, medidas provisionales, resoluciones, instrucciones normativas, leyes, decisiones y decretos de gobierno, así como el relevamiento de las declaraciones públicas del presidente, trazaron el mapa que convirtió a Brasil en uno de los países más afectados por Covid-19, aún sin una campaña de vacunación con un cronograma confiable.
Hubo acción sistemática en el gobierno y en las manifestaciones de Bolsonaro, según el estudio: “Los resultados desmienten la persistente interpretación de que habría incompetencia y negligencia por parte del gobierno (pero) compromiso y eficiencia a favor de la amplia propagación del virus en el territorio nacional, declaradamente con el objetivo de retomar la actividad económica lo antes posible y a cualquier costo”.
¿Conclusión? Pese al inicio de la vacunación, la continuidad del gobierno de Bolsonaro significa continuidad de la mortandad en masa.
No solo eso es lo que señala O Estado de S. Paulo, en un editorial del 21 de enero, para alinear al diario de los Mesquita en el campo de la defenestración presidencial: “El presidente más inepto de la historia de la nación solo está asegurado en el cargo, del cual nunca ha estaba a la altura, porque aún no se han cumplido las condiciones políticas para su remoción constitucional. Estas condiciones políticas dependen mayoritariamente de un entendimiento no en relación a los múltiples crímenes de responsabilidad que Bolsonaro ya ha cometido, hoy más que suficiente para un robusto proceso de juicio político, sino en relación al proyecto de país que se pretende articular para reemplazar el populismo rabioso del bolsonarismo”.
En pocas palabras: las normas constitucionales (y la propia Constitución) poco importan. Lo que importe es que haya una sólida articulación política “anti-populista” para reemplazarlo, es decir, una coalición gobernante que complete su mandato siguiendo las políticas de privatización y ataques a los derechos y conquistas sociales, con o sin Paulo Guedes. Las formas en que esto podría suceder varían, comenzando con la toma de posesión de su general vice con un gabinete de coalición, mientras se abre un proceso de impeachment.
El problema, obviamente, sería la composición de la coalición y el futuro lugar de los militares en el gobierno que, junto con la eventual movilización, al estilo Trump / Capitolio, de las bases lúmpenes y pequeñoburguesas bolsonaristas, incluidos los mandos militares de bajo rango, puede dejar al país en una situación de crisis, no ya solo política, sino también institucional, y a camino de una guerra civil entre dos bandos armados. En ese caso, la crisis de EE. UU. va a ser una pavada en comparación con la nuestra.
La clase obrera necesita de una política propia frente a la crisis. Alinearse simplemente con el bando burgués / imperialista (Biden) antibolsonarista significaría un suicidio político, la continuación de la miseria social, sin ayuda para combatir la pandemia (ya que las vacunas, las patentes, sus componentes y tecnologías de producción, continúan en manos del gran capital). El primer paso es hacer con que las organizaciones de los explotados entren en estado de deliberación política, exigiendo la ruptura con la política burguesa y un plan de luchas unificado por las demandas apremiantes de los trabajadores, empleados o desempleados.
