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Las críticas de la Unión Industrial a la prórroga del “triple cepo” a los despidos y suspensiones son un monumento a la falacia y la mentira. Vale la pena analizar, con datos y evidencias, cuáles son las verdaderas razones de los supuestos “creadores de empleo” de la burguesía industrial.
La UIA ha bautizado como “triple cepo” al combo que integran, por un lado, la prohibición de despidos y suspensiones, y, por el otro, las dos indemnizaciones a pagar en el caso de que la patronal prosiguiera con un despido sin causa.
En primer lugar, omite que el decreto oficial -desde su primera versión- habilita a “consensuar” las suspensiones -en alcance y montos- con las direcciones sindicales. Por esta vía, y durante el período más álgido de la cuarentena, tuvieron lugar suspensiones masivas con descuentos importantes sobre el salario. La UIA tampoco informa sobre otro aspecto de estos acuerdos – los retiros “voluntarios” para desprenderse principalmente de los trabajadores de riesgo. Por esta razón, y en plena vigencia del decreto “antidespidos”, el empleo registrado cayó en alrededor de 250.000 trabajadores.
En otro orden, la queja patronal se cuida muy bien de ocultar que la “doble indemnización” ha quedado desvirtuada al imponérsele un tope de 500.000 pesos, el cual, además, regirá hasta fines de año. Por caso, para una indemnización de un millón de pesos, el supuesto “doble resarcimiento” queda reducido a sólo un 50% más. Si suponemos aumentos paritarios del 25% para este año –y una indemnización de 1.250.000 pesos para ese mismo trabajador- la “doble” sólo representaría un 40% adicional.
La clase capitalista, que embolsará estas diferencias, reclama sin embargo la eliminación completa de cualquier régimen excepcional de indemnizaciones. El argumento es viejo y conocido: “obtura la recuperación del empleo industrial y del mercado formal del trabajo”. Los socios de la UIA prometen un horizonte de contrataciones laborales nuevas… si se elimina el “triple cepo”. Pero el decreto oficial excluye de sus prohibiciones a los trabajadores contratados después de su sanción – o sea que los señores de la Unión Industrial podrían muy bien recuperar el “mercado formal de trabajo” sin arriesgar al pago futuro de “dobles” indemnizaciones. A menos, claro, que pretendieran reemplazar a una parte del plantel existente con los nuevos trabajadores. Es aquí donde se adivina que en el horizonte de la clase capitalista no está la expansión del empleo, sino solamente abaratar el costo del despido de los actuales planteles.
El ataque al régimen indemnizatorio -sea o no de emergencia- es el corazón de la reforma laboral que reclama la burguesía, para sustituir la estabilidad laboral y el contrato indeterminado por la formación de un “fondo de desempleo” bancado por el trabajador, tal como rige hoy en la industria de la construcción. La eliminación de las indemnizaciones formaría parte de la “reducción del costo laboral” que la burguesía reclama, nuevamente, como condición para contratar trabajadores. Pero si de costo laboral se trata, es bueno recordar que el salario real ha sido llevado "a su menor nivel de los últimos 18 años", según la Fundación Mediterránea. Todos los indicadores vinculados al poder de compra del salario, como la relación entre el salario y la vivienda o ciertos alimentos, se encuentran hoy por el piso. Más allá del salario de bolsillo, en los últimos años se han adoptado numerosos regímenes de excepción o promocionales que han abaratado los aportes patronales. Por lo tanto, y en materia de “costo laboral”, la burguesía ha 'logrado' mucho más que una baja en las indemnizaciones, dobles o simples. Sin embargo, el nivel de trabajadores registrados antes de la pandemia -diciembre 2019- era inferior en 80.000 puestos de trabajo a los del año… 2012. En setiembre de 2020, había 330.000 empleados en blanco menos que hace 8 años atrás.
La caída del costo laboral no ha impedido, por lo tanto, la retracción de trabajadores y una mayor precarización laboral. La razón de este retroceso hay que buscarla en el capital mismo: la economía nacional acumula tres años con una tasa de inversión negativa, y con promedios trimestrales de 20% de retroceso respecto del año anterior. La burguesía ni siquiera repone el desgaste de los capitales invertidos. En el segundo trimestre de 2020 la tasa de inversión fue de un 38% inferior a la del 2019, incluso cuando los capitalistas recibieron estímulos equivalentes al 5% del producto bruto anual. El rescate estatal al capital, por lo tanto, aceleró el proceso de fuga de capitales del país. A través de maniobras en el comercio exterior y de la cancelación de deudas anticipadas, los abanderados de “la rebaja de costo laboral” obtuvieron un costo excepcionalmente bajo para la compra de dólares, con la anuencia del gobierno.
En definitiva: la superexplotación laboral -expresada en la precarización y la caída del salario- no compensa al exceso de capital, que sobrevive a su destrucción a través de su colocación especulativa. La economía argentina -y la mundial- exigen una urgente eliminación de ese “costo empresarial”, que en estos días -y a través de la pandemia- se traduce en el sacrificio de millones de vidas humanas.
Significado
El rechazo patronal al acotado decreto de despidos es otro elemento de la agitación política en pos de ponerle fin a un conjunto de medidas excepcionales que se implementaron bajo la pandemia – entre ellas, el congelamiento tarifario y de precios, el IFE o las restricciones a la circulación. Estas medidas apuntaron a contener la reacción popular. La presión de la UIA augura nuevas capitulaciones oficiales y mayores choques con la clase obrera. Una preparación política del activismo debe tener en cuenta este horizonte.
