El impuesto al salario, entre la carestía y las paritarias

Escribe Marcelo Ramal

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El proyecto oficial que eliminaría el impuesto a las “ganancias” para salarios brutos y jubilaciones de hasta 150.000 pesos, debe ser considerado en el conjunto de la agenda de los trabajadores. El recorte anunciado en estas horas exime del pago del impuesto a 1.2 millón de trabajadores activos y pasivos, y reduce su impacto en otros 100.000 que ganan entre 150 y 174.000 pesos brutos. Según el informe oficial, el “impuesto al salario” continuaría impactando sólo sobre el 10% de los asalariados de mayor ingreso. De acuerdo al nivel de ingresos que se considere, la quita del impuesto representaría un aumento implícito de entre el 5 y el 11% sobre los salarios netos.

La medida oficial, que no es retroactiva y estará sujeta al trámite parlamentario, tiene lugar cuando la carga del impuesto al salario alcanza niveles de confiscación probablemente nunca superados. El impuesto comprende al 25% de la fuerza laboral, o sea, 2.3 millones de trabajadores. Actualmente, lo paga el trabajador soltero con un sueldo neto de 75.000 pesos, y el casado con dos hijos que perciba 99.000 pesos. Pero hoy la canasta familiar alcanza los 100.000 pesos, y recientemente fue calculada en 120.000 pesos para la clase media asalariada de la CABA, según la dirección de estadísticas de este distrito. Esto significa que trabajadores que no cubren las necesidades de esa canasta son gravados con el impuesto; u otros que, precisamente como consecuencia del impuesto al salario, quedan por debajo de la canasta familiar. El IG es coparticipable entre las provincias, por lo que los gobernadores son cobeneficiarios del saqueo del salario.

El régimen impositivo –que es un traje a la medida de los acreedores internacionales- es un factor de primerísimo orden en la confiscación de la clase obrera. Ni qué decir del IVA y otros impuestos al consumo, que se llevan otro 23-25% del salario de todos, absolutamente todos los trabajadores, ocupados o desocupados.

A la luz de este escenario precedente y de lo que está por venir, las limitaciones de esta quita del impuesto son muy claras. Si se consideran a las paritarias en curso, y tomamos como referencia al 30% de aumento anual que el gobierno discute con la burocracia sindical, es muy claro que una franja muy importante de los trabajadores supuestamente eximidos volverían a ser gravados, al superar el nuevo mínimo no imponible de 150.000 pesos. Por caso, todos los que hoy ganan al menos 115.000 pesos volverían a estar gravados después de las paritarias. Se trata de alrededor de la mitad de los futuros exentos –o sea más de medio millón de trabajadores.

A la baja

Considerando a la política salarial en su conjunto, es indudable que la “quita a ganancias” será colocada por el gobierno en la mesa de negociaciones de las futuras paritarias. El 5, 10 u 11% de mejora salarial implícita será tomado como excusa para bajar el “techo” antes mencionado del 30%. Si el gobierno y las patronales le “facturan” a los sindicatos la quita del impuesto en los acuerdos paritarios, los 400 millones de dólares de "costo fiscal" que tendría esta quita deben ser considerados otro subsidio del fisco a las grandes patronales. En cualquier caso, con 30% de pauta y quita de “ganancias”, la estimación inflacionaria para el 2021 orilla en el 50%. No resuelve la pérdida salarial en puerta.

La echada de lastre sobre el impuesto al salario debe ser vista en ese cuadro: busca ganar tiempo y aliviar la tensión de las paritarias en puerta, en medio de una carestía explosiva.

Es necesario discutir esta situación en los sindicatos y lugares de trabajo, y enfrentarla con un programa claro: paritarias libres y con representantes electos; indexación mensual de los salarios y del mínimos no imponibles; eliminación del impuesto al salario y de los impuestos al consumo del trabajador; Salario mínimo de 100.000 pesos, equivalente a la canasta familiar.

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