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Otra vez los colectivos dejaron de transitar por la ciudad. Los choferes de MI Bus resolvieron en Asamblea de la UTA, que si a las 18 horas del miércoles 10 no se concretaba el depósito del sueldo adeudado de enero, que era lo acordado, los vehículos no saldrían del galpón, yendo al paro por tiempo indeterminado.
Así se largó la lucha de los compañeros, hasta el viernes al mediodía en que percibieron lo reclamado. Luego, y ante la falta del pago a cinco de ellos, el transporte no se puso en funcionamiento hasta asegurarse que todos cobren.
El régimen laboral de los choferes viola los derechos laborales, y abunda en persecuciones y sanciones para ensuciar los legajos de los compañeros. Se vulneran las normas y leyes del propio Estado, como los aportes, y ya se produjo la “desaparición” de 10 unidades, o sea, un principio de vaciamiento.
Hace algunos años, había dos empresas de transporte y 450 trabajadores entre ambas. Hoy hay una sola empresa con 230, en una ciudad que crece exponencialmente. Esto repercute en la calidad del servicio, por un lado, y en el deterioro de las condiciones de trabajo, por el otro, ya que la insuficiencia del sistema recae sobre el trabajador.
El deterioro del servicio de transporte revivió el problema sobre la necesidad de terminar con este sistema de monopolio privado. Los vecinos expresaron en los medios, en whatsapp barriales, y hasta en la prensa escrita, las quejas y comentarios a favor de la municipalización. Si el estado subsidia a la empresa para pagar los salarios, y en lugar de cumplir con los trabajadores, las empresas, lo utilizan para pagar sus deudas y/o unidades - que después se llevan de la ciudad-, entonces, que se vayan, y que la municipalidad, la provincia, y el gobierno aseguren la prestación.
El 4 de febrero pasado, los usuarios de la Multisectorial del Transporte Público reclamaron al Ministerio Público Fiscal, el año cumplido de la presentación de una denuncia penal contra el Ejecutivo Municipal y la empresa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Hace cuatro años que no presenta balances en regla. Todo el arsenal estatal - municipio y justicia- están al servicio de este capitalista del transporte. Está planteada la apertura de los libros, y organizarnos entre usuarios y trabajadores para profundizar la lucha y el reclamo.
Crisis local y nacional
En declaraciones a un medio local, la vice jefa de gabinete del municipio, Marcela Abdala, planteó que el boleto debería estar en $ 120, cuando hoy es de $ 42 y –según ella- “no cubre el gasto más allá de la baja recaudación en pandemia”. Así, le lava la cara a la empresa Amancay SRL (Mi Bus), justifica los subsidios que recibe y defiende un tarifazo. Pero ya los trabajadores han denunciado que hay muchas unidades paradas sin motivo. El usuario viaja hacinado, con barbijo, en un verdadero caldo de cultivo del virus, con amplias demoras en la frecuencia y el consecuente cúmulo de personas.
En la misma sintonía del gobierno local, el Ministro de Transporte nacional Mario Meoni sentenció que “subirán las tarifas” (La Nación). Es que, en cuarentena, ese ministerio restringió la posibilidad de fijar el costo a las provincias y municipios, y se establecieron nuevos subsidios a cambio del boleto congelado. Ahora, ante los reclamos de la cámara patronal, ese ministerio emitió una resolución que garantiza los subsidios y levanta la prohibición al aumento de tarifas.
Ante tamaña crisis en el transporte, de la cual son responsables las patronales y los sucesivos gobiernos, con la colaboración de la burocracia sindical de la UTA (que se limita a protestas aisladas y resignadas), los trabajadores debemos tener nuestro plan de intervención. No podemos ser pato de la boda. Esto amerita un programa:
- Municipalización del Transporte Público de Pasajeros; que los subsidios, en lugar de ir al rescate del capital, aseguren el funcionamiento pleno del servicio, el pago de salarios bajo el convenio establecido en el transporte, la prohibición de despidos, y las medidas de control de la empresa para evitar el vaciamiento y el traslado de las unidades. Como clase social tenemos una escuela que protagonizaron los Trabajadores de Transporte del Oeste: La gestión obrera.
- Las deudas deben ser asumidas por los dueños, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal.
- Un fondo compensador sostenido por el estado y el ingreso de lo recaudado bajo gestión de los trabajadores.
- Ningún tarifazo. Que lo recaudado se destine a lo que corresponde: gastos de servicios, sueldos, mantenimiento edilicio, de unidades, gasoil, etc. Debemos reorganizarnos, por medio de asambleas de trabajadores, en unidad con usuarios, para exigir ante el estado, tanto municipal como judicial, la prioridad del servicio público. La diferencia es que el servicio debe estar organizado por sus trabajadores y usuarios, y no por la patronal parasita.
