A propósito de la ley de alquileres: la crisis habitacional y la clase obrera

Escribe Emiliano Monge

Tiempo de lectura: 3 minutos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el registro de los contratos de alquiler, el RELI (Registro de Locación de Inmuebles), en función de una ley de alquileres, aprobada en julio pasado, sea para vivienda, comerciales, o productivos (La Nación, 18/2). Una consecuencia del registro de contratos es que un sector de propietarios pasarían a pagar ganancias, y un sector de inquilinos podría deducir ganancias de su declaración de ingresos. El objetivo, según la AFIP, es obtener información del “cumplimiento de las obligaciones fiscales” (LN, 18/2). Para algunos especialistas, el gravamen a los propietarios será transferido a los inquilinos por medio de alquileres más altos.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, dice que “Con el registro de contratos de alquiler en la AFIP se abre una nueva etapa en las políticas de vivienda en la Argentina, ya que se podrá saber quiénes conforman el negocio del acceso a la vivienda y quiénes alquilan y bajo qué condiciones”. “Con esta medida, agrega, se termina la posibilidad del incumplimiento de la Ley de Alquileres, de la que estamos muy orgullosos y la seguiremos defendiendo hasta que se implemente y se controle en su totalidad” (Clarín, 18/2). Celebra que los contratos que no estén registrados no van a ser plausibles de desalojos “legales”.

Reacción del capital inmobiliario

Las inmobiliarias, que forman parte del negocio de la construcción, objetan esta medida por considerarla un obstáculo más para dinamizar el mercado de los alquileres. Claudio Vodanovich, secretario de la Cámara Inmobiliaria, asegura que “todo lo que impacte en costos va a terminar pasando a precios”. La intervención de la AFIP o de regulaciones del mercado inmobiliario afectaría, insiste, la oferta de vivienda de alquiler.

El 80% de los contratos no está registrado y habilitan un altísimo nivel de evasión. Un representante de la Cámara Inmobiliaria declaró ayer que "proliferarán los contratos en negro”. “Es simple, hacemos un contrato en blanco por un monto bajo, que inscribimos, y por el resto del monto hacemos otro contrato en negro”. AFIP no tiene pensado ningún tipo de control para que esto no suceda (ni personal suficiente para hacerlo).

Para Armando Pepe (Cicicba), “Si bien es una de las imposiciones que se estipularon en la nueva ley de alquileres, esto lo que hace es aumentar el costo y el riesgo para el propietario”. “Los resultados ya están a la vista: menos oferta de viviendas en alquiler, escalada de precios y desincentivo a la inversión inmobiliaria y a la construcción de viviendas con fines de renta”, advirtió José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, que representa a una parte del capital inmobiliario.

Como ocurre en otros casos, como las retenciones a la exportación, el gobierno pretende manejar los precios de los productos y servicios de la canasta familiar para rechazar los aumentos de salarios que recompongan el poder adquisitivo de la fuerza de trabajo y superen el crecimiento de los precios, con el interés de abaratar la mano de obra de la industria, el comercio, el agro y las finanzas. Martín Guzmán ha reiterado que el salario debe ser un ancla del control de la inflación. La cuestión de la renta inmobiliaria, que deriva del monopolio del suelo y de su valorización según el lugar de ubicación, no puede ser superada por reglamentaciones en el marco de la organización capitalista. Desde el punto de vista capitalista, la renta de la propiedad de una vivienda, o sea el alquiler, debe igualar, por lo menos, la tasa de interés de un capital corriente, que es elevadísima en Argentina, a juzgar por lo que cobran los bancos y la ganancia que ofrece el Estado cuando coloca deuda pública. Es una carga insostenible para un trabajador. La crisis hipotecaria internacional de hace más de una década, demuestra que esto es cierto a escala global.

Primero: luchar por un aumento general de salarios que no puede ser inferior al 50%. Segundo, la supresión de la especulación inmobiliaria sólo es posible bajo una sociedad en transición al socialismo, y comienza por el desconocimiento de la deuda pública y la nacionalización de los bancos.

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