Crimen de Paulina Lebbos: no a la prescripción de la causa contra Alperovich y sus funcionarios

En vísperas de cumplirse 15 años del crimen de Paulina Lebbos, se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia en la que se condenó por encubrimiento a altos funcionarios del Ministerio de Seguridad y la cúpula policial durante el gobierno de Alperovich. Hace dos años arrancamos este fallo como resultado de la lucha incansable de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad. Eduardo Di Lella, ex ministro de seguridad, y Hugo Sánchez, ex jefe de la policía, recibieron penas de 6 años de prisión y Barrera, ex subjefe de la policía y Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte, penas de 5 años. Pero el fallo también ordenaba la investigación del entonces gobernador Alperovich, el actual subsecretario de Seguridad José Ardiles y un listado de personas que, durante el juicio, habían incurrido en falso testimonio o que podían estar implicados en el propio asesinato o en el encubrimiento, muchas de los cuales siguen bajo el mandato de Manzur, con los autores y encubridores del crimen.

Sin embargo, desde ese momento el expediente no se movió. Ninguno de los que figuran en esa lista de funcionarios sospechosos fue investigado e imputado. Todo el andamiaje de justicia impuso un ´cordón sanitario´ para que la causa muera en el punto al que había llegado. Eso explica que la Corte Suprema haya dictado su fallo a tres días de que la causa prescribiera. Si hasta el viernes no se imputa a Alperovich y compañía, se consagrará su impunidad. Inclusive cualquier decisión en tal sentido podría ser apelada en forma sucesiva hasta llegar a la Corte, lo que superaría los plazos para evitar la prescripción. En otros casos, posible imputaciones podrían ser cuestionadas pues, de acuerdo a la calificación del posible delito, los plazos podrían estar ya vencidos. En este accionar dirigido a imponer impunidad aparece la figura del ministerio fiscal, a cargo de Edmundo Jiménez, una suerte de ´monje negro´, nombrado por el propio Alperovich, quien desde décadas maneja los hilos de la justicia en la provincia.

Queda clara la función de la justicia orientada a preservar el régimen político y dejar ´zona liberada´ para que los gobiernos sigan encubriendo y cometiendo todo tipo de atropellos y crímenes contra el pueblo. Tienen que defender a los funcionarios alperovichastas hoy devenidos en manzuristas. Jueces y fiscales defienden los intereses de la casta política que los acomodó para defender sus intereses.

En el medio, está en juego la vida de las mujeres, las jóvenes y la clase trabajadora.

En el caso del femicidio de Paola Tacacho, el juez Pisa cajonea las denuncias previas que advirtieron el desenlace que tendría. O, al revés, el intento del camarista del fuero penal, Pedicone, quien denunció con grabaciones en la mano el intento de un vocal de la Corte provincial de condicionar las causas abierta contra el legislador Ricardo Bussi, sobre actos de corrupción y abuso sexual, en función del comportamiento de Bussi con el gobierno, terminó sometido a juicio político exprés y destituido, mientras que las denuncias y pedidos de juicio político contra el mencionado cortesano fueron cajoneadas en una sesión legislativa que duró tan sólo una hora. Así se podría enumerar una lista interminable de fallos y decisiones judiciales que demuestran que la justicia provincial es una suerte de asociación ilícita que debería ser llevada al banquillo de los acusados.

Alberto Lebbos, el papá de Paulina, anticipó que recurrirá a todas las instancias posibles para denunciar este entramado de impunidad y a las instituciones y funcionarios responsables, y que continuará la lucha porque es el único camino que permitió avanzar en la causa.

Este 26 de febrero tenemos que llenar la plaza para exigir justicia por Paulina y todos los casos impunes y mostrar que hay que avanzar en la lucha política contra el Estado garante de la impunidad. Es fundamental también que converjan otros sectores en lucha, como la docencia que está protagonizando un plan de lucha para enfrentar la política del gobierno de imponer la presencialidad en medio de la pandemia y sin vacunas.