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Esta nota podría reescribirse cada día. Porque cada día asesinan a una mujer. 342 desde que asumió este gobierno. Si contamos los intentos de femicidios frustrados, el número se duplica. Ayer en Villa la Angostura mataron a Guadalupe Curual, que tenía tres denuncias contra su ex y un texto en su página de FB “Nací para ser libre, no para que me maten”. Las mujeres, jóvenes y viejas, vivimos bajo un régimen de terror.
La Justicia había ordenado dos perimetrales, que el tipo violó sin problemas. En los últimos días le repitió que iba a matarla. La Justicia y la policía estaban al tanto. La mató. Guadalupe vivía con otra chica en iguales condiciones -madres de niños pequeños, amenazadas de muerte-. La ministra de la Mujer y Géneros, Ely Gómez Alcorta, presentó un escrito a la fiscalía de La Angostura para que la investigación se realice “con perspectiva de género”. Gran aporte.
El lunes 13 de febrero, a través Decreto 123/2021, Alberto Fernández creó el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, cuyo propósito es “mejorar los mecanismos estatales para prevenir la violencia de género”. Lo integran las ministras Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic. (En abril del 2020, Fernández había creado la “Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivo de Género”, de la que no se acuerda ni él.)
Entre las funciones del actual Consejo está “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios”. También “estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”. La coordinación puede tomarse su tiempo: debe citar a las provincias que se vayan sumando como mínimo cada 6 meses (Infobae, 22-2).
Todas las “políticas públicas” son un fracaso. Las mujeres esperan horas que la atiendan en la línea 144. En la comisaría habitualmente no les toman las denuncias. Si la mujer insiste, consigue alguna medida de protección como la perimetral y el botón antipánico -en el caso de que haya-. Ella tiene que llevar los oficios a las comisarías para que lo comuniquen al agresor.
En dos meses de 2021, unas 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o familiares. A eso se deben sumar 48 intentos de femicidios frustrados. La espantosa estadística crece diariamente. Muchos de los femicidas habían sido denunciados por sus víctimas. Muchos asesinatos fueron perpetrados por policías o militares.
No hace ni un mes, el 8 de febrero, el policía Matías Ezequiel Martínez apuñaló a Úrsula Bahillo, en la ciudad bonaerense de Rojas. El asesino había sido denunciado también por otra ex pareja y enfrentaba un juicio por violación de una joven discapacitada. Ni la policía ni el juez consideraron oportuno detenerlo. Pero el juez Luciano Callegari ordenó una pericia psiquiátrica ¡a Úrsula!
El domingo 14, Carina Blangetti recibió 27 puñaladas de su pareja, Facundo Crocco, en la localidad santafesina de Rufino. En Formosa, el 15, Carlos Medina, un policía retirado, asesinó a su ex, la maestra rural Mirna Palma. Ese mismo día 15, en Santiago del Estero, las hermanas Silvia y Silvina Rojas fueron asesinadas por el ex marido de la primera.
El 18 murió en Córdoba Miriam Beatriz Farías; su esposo, el policía Jorge Juárez, le prendió fuego días antes. El 19, el policía Denis Figueroa degolló a su hermana Florencia, de 23 años, en José C. Paz, Buenos Aires. El 20 detuvieron al piloto militar Galván, que asesinó a su mujer Ivana Módica. El 21 apareció en Santiago del Estero el cadáver de Verónica Escobar, de 22 años (sexto femicidio en un mes en esa provincia). Y el mismo domingo, el de una mujer no identificada en la Villa 31 de capital federal. Horas antes, el asesino había apuñalado a otra muchacha.
Lo dicho más arriba, las mujeres vivimos bajo un régimen de terror.
La ministra Gómez Alcorta y un sinnúmero de funcionarias se han paseado por los medios responsabilizando por las muertes a “un Poder Judicial sin perspectiva de género”. Chocolate por la noticia: la complicidad de los jueces y de la Policía con los violentos genera un odio enorme entre las mujeres y el pueblo, que ante cada asesinato se dirige a las comisarías y a las fiscalías.
Por el contrario, un sector del movimiento de mujeres pretende que depositemos las esperanzas en una reforma judicial “antipatriarcal o de género”. Son los mismos que creen en los poderes mágicos de la Ley Micaela.
Depositar la confianza en la protección del Estado es un callejón sin salida.
No es por incomprensión que todas las esferas del Estado hostigan a las víctimas. La violencia contra las mujeres es absolutamente funcional a los intereses del régimen social. El objetivo es que ese miedo nos inmovilice en todos los órdenes de la vida. Más aún en un período signado por el derrumbe capitalista, la pandemia y sus consecuencias dramáticas sobre las condiciones de vida de las masas.
Las explotadas hemos sabido poner en cuestión todas las opresiones del régimen capitalista. Pero hay que entender y combatir esas opresiones desde una perspectiva de clase, sin ninguna confianza ni en el Estado ni en los gobiernos.
Es necesario organizar nuestra fuerza contra la violencia hacia las mujeres. En las barriadas, en las escuelas, en el trabajo, cada organización, asamblea, comisión interna, centro de estudiantes, debe tomar la defensa de la vida de las mujeres como un aspecto central.
Ninguna compañera debe estar sola. Intervengamos colectivamente ante cada caso de violencia. Obliguemos a que le tomen la denuncia y a que la Justicia intervenga.
Organicemos comisiones de mujeres que garanticen el cese de las agresiones de inmediato. Custodiemos las viviendas de las compañeras para impedir represalias. Exijamos subsidios, viviendas, trabajo para la mujer golpeada.
Tomemos la experiencia de las mujeres de muchas barriadas, que han sabido fundir en un solo programa la lucha contra el hambre, por el trabajo genuino, por la vivienda y la lucha por el aborto legal y contra la violencia y los femicidios. No hay programa de clase y programa de género. Hay un programa único de la clase obrera.
¡Nada de separatismo en las organizaciones populares! Los trabajadores deben participar de este debate y de estas acciones.
La violencia contra las mujeres es un factor de división entre los explotados. Es tarea de hombres y mujeres combatirla.
El 8 de marzo la lucha contra los femicidios debe ocupar un lugar tan central como la exigencia de que se cumplan los abortos voluntarios.
