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Con 145 fallecidos por día, y a un año del inicio de la pandemia, se registran en todo el país 2.093.645 de casos de covid confirmados y 51.795 fallecidos. El 85% de la población es aún susceptible al virus, y sólo la vacunación masiva puede evitar un invierno catastrófico.
De los datos oficiales publicados, surge que la cantidad de dosis totales arribadas al país fueron 1.800.000 -de ellas, 1.220.000 corresponden a la Sputnik V y 580.000 a la vacuna Covishield fabricada en India (Infobae, 24/02). Con estas dosis, se anunció como primer objetivo inmunizar al personal de salud. Sin embargo, de las 1.8 millones de dosis de vacunas que llegaron al país, hasta ahora fueron aplicadas sólo la mitad. La otra mitad, almacenada, todavía “no han sido distribuidas” por problemas de cadena de frío y logística (ídem). Esta semana llegaría el lote que completará el millón de dosis de las vacunas de Sinopharm.
En la última semana fue de público conocimiento que una cantidad de dirigentes, funcionarios, políticos y allegados al gobierno fueron favorecidos a través de una vacunación “VIP” en el Ministerio de Salud, con el aval directo del Ministro de Salud, Ginés Gonzáles García. Este y su equipo debieron presentar la renuncia. Las vacunas fueron retiradas del hospital Posadas, donde trabajadores del lugar eran los encargados de administrar las dosis, enviados por el propio director del hospital que parece seguir el camino del ministro, al borde de la renuncia.
Como se ve, mientras los trabajadores de la salud dejan su vida y aún un gran porcentaje espera ser vacunado, al igual que el personal docente que es enviado a dar clases presenciales, los amigos del poder ya han sido inmunizados. No es novedad para los trabajadores de la salud que la distribución ha sido desde el comienzo discrecional por parte de todas las gobernaciones, en conjunto con el Ministerio de salud de Nación. En CABA, Larreta avanza con la privatización de los lotes de vacuna entrantes mediante un convenio con prepagas y obras sociales, es decir otro negociado a costa de la salud de la población.
Lo que ha clarificado este suceso es el carácter “esencial” que le otorga el gobierno a los agentes encargados de defender los negociados, y los intereses de las grandes corporaciones financieras, industriales y comerciales por sobre la clase trabajadora. Las declaraciones del presidente desde México así lo confirman: “Terminemos con la payasada, no hay delito en adelantarse en la fila”.
En los hospitales, la falta de presupuesto es notable sobre todo y en este momento en la falta de personal. La prioridad de vacunación del personal es más vital que nunca. Pero los criterios en torno a la administración de las dosis que han sido enviadas varían quedando a decisión discrecional de cada director. No hubo un plan de vacunación concreto a seguir y el desorden en las vacunas terminó en un escándalo nacional. El estado capitalista no es capaz de garantizar una vacunación masiva, pero sí la apertura económica, de subsidios y reparo a las grandes empresas.
La burocracia sindical, una vez más, ha hundido el salario por debajo de los índices de inflación y los salarios de los trabajadores de la salud oscilan entre la indigencia y la pobreza.
El gobierno ha desoído el reclamo de los trabajadores durante todo el segundo semestre del año pasado, que han exigido el 100% de recomposición salarial. Tras varios años de caída en picada, en todo el año sólo recibimos un 15% de aumento, en míseras cuotas, contra una inflación oficial del 36,1%. Es urgente la reapertura de las paritarias y el fin de las dilaciones en el caso de las paritarias profesionales de la ciudad de Buenos Aires. Hace pocos días, residentes de Nación realizaron un paro exigiendo el cobro de los bonos adeudados y que estos sean considerados como parte de su sueldo.
El episodio atribuido a Ginés fue solo la punta del iceberg. La corruptela y administración discrecional de la vacuna no tiene grietas y las denuncias se multiplican por las diversas provincias, así gobierne el peronismo o la oposición radical y pro.
Debemos sacar conclusiones. Ante este panorama, la salida a este problema debe ser planteada por los propios trabajadores. Es necesario liberar las patentes de las vacunas, declararlas como un bien público para poderlas producir en masa. La verdadera transparencia en el plan de vacunación solo puede ser garantizada mediante el control del mismo por los propios trabajadores en los hospitales, mediante la conformación de comités, que puedan discutir su conteo y distribución, sin convenios con obras sociales y prepagas, respetando la prioridad que en este momento tiene el personal de salud, los docentes y la población de riesgo.
