“Querella penal” para todos y todas

Escribe Marcelo Ramal

De uno y otro lado de la grieta.

Tiempo de lectura: 5 minutos

El anuncio de una “querella penal” contra los funcionarios macristas que “contrajeron la deuda con el FMI” ha levantado alguna polvareda, a pesar de que, en el mismo discurso, Fernández ratificó el “acuerdo que firmaremos con el FMI”, la contraparte necesaria del endeudamiento. Todos los arreglos de deuda, en los mercados financieros, están sometidos a tribunales internacionales, no locales. Esto vale también, especialmente, para el FMI. El “juicio” a la deuda con el FMI es una gran cortina de humo sobre el acuerdo ya decidido por los Fernández con ese mismo FMI. Lo que el oficialismo presenta como “el pago de lo que dejó el muerto”, es en realidad el reclamo de garantía internacional para los negocios que impulsan los que vinieron después. Pasó en 2005, vuelve a pasar.

Por cierto, el paso de la deuda externa por los tribunales argentinos no comienza con el anuncio de Fernández. El famoso fallo del juez Ballesteros (2000), declarando “ilegal” a la deuda de la dictadura, duerme todavía el sueño de los justos, cuando sería suficiente para meter presos a Cavallo y a las patronales que se beneficiaron con la estatización de la deuda privada. Ballesteros giró su fallo al Congreso, en nombre de que ya se había pronunciado al declarar que la herencia jurídica que dejaba la dictadura militar reconocía su continuidad bajo la democracia. El Congreso sólo atinó a crear una “bicameral” perfectamente burocrática e impotente, que sirve de depósito al expediente de Ballesteros y a varias otras denuncias.

En los tiempos del “endeudamiento macrista”, la bicameral le pedía a Caputo y a otros funcionarios que vinieran a “informar”. El primer gran endeudamiento del macrismo, para pagar a los fondos buitres, se hizo en función de un fallo de la justicia de distrito de Nueva York. La libertad cambiaria para girar intereses, dividendos y utilidades, decidida por Macri, fue el cumplimiento de la principal promesa electoral de él mismo y de Massa en 2013. Es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de los Fernández, al autorizar el pago del 40% de los vencimientos de deuda de las compañías privadas, al tipo de cambio oficial. Lo mismo que hizo Martín Guzmán al dar visto bueno a la dolarización de los bonos en pesos en poder del fondo Pimco – un indudable amigote del macrismo.

La “formación de activos externos” (fuga de capitales), que ahora denuncia el Banco Central de F F, fue antes el llamado “carry trade”, o sea la oferta de tasas de interés extravagantes para que esos capitales vengan, antes de poder fugarse. Lejos de quejarse, Massa acompañó a Macri a Davos, mientras las tropas del ‘Chino’ Navarro -kirchneristas convertidos al lavagnismo - votaban el Presupuesto de 2016 y el de 2017, incluido el blanqueo de capitales para que el dinero del exterior pudiera anotarse en el gran negociado de la época.

Cuando estalló la crisis financiera de 2018/2019, el acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso, con el consentimiento de ‘tutti quanti’, con excepción de una protesta de Del Caño, que, desde entonces, contrajo la costumbre de pedir que el Congreso se reúna ante cada episodio de crisis política. ¿Acaso AF insinúa que el acuerdo habría sido rechazado por las bancadas justicialistas, que eran mayoría? No podrá mostrar ni sombra de evidencia de ello. Los pejotistas respiraron aliviados cuando comprobaron que Macri asumía solo esa responsabilidad y los eximía a ellos de dejar las huellas digitales. Bien mirados, todos los arreglos de deuda “pasaron” por el Congreso, incluso y principalmente cuando el Congreso miró para otro lado.

Pero el anuncio de la “querella criminal” presenta otro dilema: en verdad, las razones invocadas para sentar en el banquillo a Caputo-Dujovne-Sandleris deberían extenderse a todos los gobiernos de al menos las últimas décadas. La formación de una hipoteca impagable contra el país, que luego actuó como instrumento de sujeción política y económica, es una acusación que no reconoce “grietas”. Especialmente a partir del gobierno Menem-Kirchner-Cavallo-gobernadores – y, por último, hasta disidentes, como el malogrado político Chacho Álvarez.

Luego, en los quince años que se extienden desde el default de 2001 hasta el 2015, la saga Duhalde-Lavagna-Kirchner-Kirchner llevó la deuda externa de los 144.000 a 240.000 millones de dólares… después de haber pagado 190.000 millones en el mismo período. Legalizaron, de ese modo, la deuda contraída por De la Rúa, el megacanje y el blindaje, que habían sido apoyados por los ‘progres’ peronistas de entonces, el Frepaso – hoy kirchneristas de algún tipo. En el medio, estuvo el canje que le otorgó a los acreedores cupones asociados al crecimiento (PBI), un conchabo colonial. La revalorización de los títulos de deuda posterior al canje duplicó los activos de los especuladores que los habían comprado antes a valores de ganga. Mientras entregaba dólares de las reservas internacionales y del fondo estatizado del Anses a los acreedores institucionales (“desendeudamiento”), el gobierno kirchnerista ingresaba en la bicicleta de los pagos parciales y las refinanciaciones permanentes con los acreedores privados. Los protagonistas de ese desfalco, digno de otra “querella”, integran la galería de próceres del gobierno actual.

Pero ahora, ¿qué tenemos para decir de la “formación de activos externos” (fuga de capitales) con Fernández-Guzmán? Una parte sustancial del 1,5 billón de pesos de subsidios al capital bajo la pandemia fueron empleados para la compra de dólares baratos, como lo reconoció el propio gobierno. Todavía hoy, el gobierno provee de dólares a 90 pesos a las empresas para la cancelación de hasta el 40% de sus deudas. O sea que el gobierno entrega divisas a las empresas muy por debajo de su precio de reposición (dólar futuro), que el propio Guzmán estima en 125 pesos para fin de año. No les exige que repatríen, para esos pagos, los dólares que tienen en el exterior. Para proveer de estas divisas a la burguesía, Guzmán-Fernández rematan títulos de deuda a un rendimiento implícito del 18% anual. El “desendeudamiento” de la gran burguesía se financia levantando otra hipoteca intolerable para el país.

La somera descripción de estos desfalcos sirve para concluir que la flamante “querella” contra los funcionarios macristas ya se encuentra en ‘pampa y la vía’. Hacer tronar el escarmiento sin la menor voluntad de ejecutarlo, constituye una contradicción política mortal. Ya lo han advertido varios periodistas de la “opo”.

Mientras tanto, a la izquierda kirchnerista que celebra la “querella” se le ha escapado el elogio más encendido que recogió en estas horas el discurso presidencial: el del Consejo Agroexportador, que celebró la política de retenciones oficiales -premiando las exportaciones de productos agrícolas procesados. Los Fernández han encargado a este Consejo un plan de largo plazo para la exportación agroindustrial, en el mayor intento de alianza desde que Menem entregó su gabinete al grupo Bunge y Born.

Querellados y querellantes comen de la misma mesa: la administración de los negocios del capitalismo y la sujeción a esos negocios de la fuerza de trabajo. Es una pelea que se replica en todo el mundo – EEUU, Brasil, Italia, Francia. Obedece a una crisis mundial de magnitud sin precedentes, que afecta la capacidad del régimen político tradicional de cumplir con aquellas funciones. Una señal de que “los de arriba no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo”.

Suscribite a Política Obrera