Tiempo de lectura: 2 minutos
En los últimos días, vecinos y trabajadores de Bariloche han salido a las calles con sus reclamos.
Los vecinos de los barrios del Alto están en las rutas desde hace varios días reclamando la provisión de agua, interrumpida desde hace semanas. Se organizaron y todos los días cortan la ruta y marchan al Centro Cívico. Tan cerca del Nahuel Huapi, uno de los lagos más grandes del mundo, y, sin embargo, por la falta de obra pública, el agua no llega a los barrios obreros de la ciudad. Sin agua, en pandemia, con un calor inusual, la bronca se hace sentir.
Por otro lado, los vecinos también protestan por el pésimo servicio de transporte. Se viaja hacinados y la empresa presiona para llevar el boleto de $41 a $94.
El inicio de clases presenciales se postergó por un paro docente de 48 horas. La docencia no acepta la mísera propuesta del gobierno que corre detrás de la inflación y no recompone el atraso salarial por lo perdido en 2020. Pero además los docentes y familiares denuncian que las escuelas no están en condiciones para el dictado de clases. Dos ejemplos, muy irritantes, son el CET 28, que fue inaugurado recientemente y no está terminada su construcción; y el otro, la Escuela de Hotelería, un importante colegio por la cantidad de alumnos que allí estudian y que todavía tiene alojados a los pacientes de Salud Mental que fueron trasladados del Hospital Zonal por la pandemia. Refleja el gran problema de la provincia de Rio Negro, donde rige la pionera ley de Salud Mental que prohíbe las internaciones de más de un mes y, por ende, no hay hospitales monovalentes. Por eso las internaciones se hacen en el hospital general que se encuentra colapsado. ¿Adónde irán a parar esos pacientes? Un desastre disfrazado de modernidad desmanicomializadora.
También salen a las calles los trabajadores de la salud del Hospital Zonal, ninguneados por el gobierno que, desde hace siete meses, no responde a sus reclamos de recomposición salarial. Exhaustos, con licencias recortadas, con toda la campaña de vacunación a cuestas, cargando con una falta desesperante de insumos y la atención del Covid que no afloja (los contagiados pasaron de 900 en diciembre a 1.500 en enero y 48 muertos en febrero, debido a la apertura del turismo), exigen que se salde la deuda con la salud pública. Recibieron un aumento de $6.000 no remunerativos y 10% de aumento, lo que implica una pérdida de 15 a 20% del poder adquisitivo en 2020.
Por último, las asambleas ambientalistas harán una movilización y festival contra la megaminería. Impulsaran una iniciativa popular para presentar una ley contra la megaminería contaminante, que no solo incluirá la prohibición del uso de cianuro (como lo hacía la ley derogada en 2011), sino también el uso inapropiado del agua para la extracción de oro y plata y la destrucción del suelo por aplicación del fracking, en toda la provincia.
Asistimos a un verdadero estado de protesta popular: sin agua, sin transporte, sin educación, sin salud, con una ofensiva megaminera. Es momento de coordinar todas estas luchas.
Por la construcción de asambleas populares que resolvamos una salida general social a la catástrofe que vivimos.
